Las y los diputados de la 76 Legislatura reforzaron la Ley de Turismo de Michoacán al fortalecer la capacidad institucional de supervisión y control del sector turístico, promover la formalización de los prestadores de servicios, incrementar la seguridad jurídica de los particulares y favorecer una competencia equitativa dentro del mercado de hospedaje temporal.

Lo anterior, luego que en sesión extraordinaria aprobaron con 27 votos a favor, reformar los artículos 115 Quater, 115 Quinquies, 115 Sexies, 115 Septies, 115 Octies y 129 de la ley en mención mediante el dictamen elaborado por la Comisión de Turismo de la Septuagésima Sexta Legislatura.

En la exposición de motivos, las y los legisladores argumentaron la necesidad de realizar ajustes normativos que permitan fortalecer la operatividad, funcionalidad y certeza jurídica de los instrumentos administrativos previstos en la Ley, para la regulación de los servicios de estancia turística eventual y de las plataformas tecnológicas que intervienen en dicha actividad.

Por ello, se precisó que el Registro Turístico del Estado, el Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas constituyen instrumentos administrativos cuya regulación, administración y operación corresponde a la Secretaría de Turismo, delimitando claramente las atribuciones institucionales relacionadas con la validación, actualización, resguardo y administración de la información contenida en los mismos.

Asimismo, para garantizar la autenticidad de la información registrada y proteger a las personas usuarias de los servicios de hospedaje temporal, los anfitriones deberán exhibir en un sitio visible del inmueble los números de emergencia, los números de contacto para solicitar la asistencia del anfitrión o un representante, así como la constancia y folio del inmueble otorgado por la Secretaría, mediante el sistema informático.

«Esta medida permitirá que los turistas cuenten con información verificable sobre la legalidad del inmueble en el que se hospedan y facilitará las labores de inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes», precisa el Decreto.

Finalmente, se establecieron sanciones con multas de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los prestadores de servicios turísticos que no brinden la información correspondiente a la Secretaría de Turismo; así como a quien no anuncie visiblemente en los lugares de acceso al establecimiento, los precios, tarifas y servicios que éstos incluyen; además a los que no establezcan medidas de seguridad tendientes a la protección de los turistas; entre otras infracciones.

El diputado Reyes Galindo Pedraza, puso sobre la mesa del pleno del Congreso de Michoacán, una iniciativa para que en todos los planteles educativos del estado, exista un Cartel Oficial Informativo para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, que contenga de manera clara y visible los medios institucionales de orientación, atención y denuncia ya existentes.

Con esta propuesta, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, dijo que se busca Proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes en los entornos escolares, como parte de una responsabilidad institucional y del compromiso moral que compartimos como sociedad.

Asimismo, agregó que con estas adiciones a la Ley de Educación del Estado de Michoacán, tambien se prevé la integración de un Registro Estadístico Estatal de Violencia Escolar, que permita conocer con mayor precisión la realidad que viven nuestras escuelas, identificar tendencias y generar información útil para la creación de políticas públicas más efectivas.

«La violencia escolar es una realidad que sigue afectando a miles de niñas, niños y adolescentes. Aunque en este Congreso se han impulsado importantes acciones para atender esta problemática, aún existe un obstáculo que debemos reconocer: muchas familias y los propios estudiantes desconocen dónde acudir, cómo pedir ayuda o cuáles son los mecanismos existentes para denunciar situaciones de acoso o violencia escolar», expuso.

«Porque de nada sirve contar con leyes, protocolos y procedimientos si quienes necesitan utilizarlos no conocen su existencia.
¿Cuántos padres de familia saben exactamente a quién acudir cuando su hijo es víctima de bullying?¿Cuántos estudiantes conocen sus derechos o saben que existen mecanismos institucionales para protegerlos?», agregó.

En ese contexto., el líder parlamentario del PT enfatizó que esta iniciativa parte de una idea sencilla pero necesaria: acercar la información a quienes más la necesitan, pues no se están creando nuevos procedimientos, ni nuevas obligaciones para las familias, sino fortaleciendo el acceso a la información para que ningún estudiante o padre de familia deje de solicitar ayuda por desconocimiento.

«Porque para prevenir también es necesario conocer, y porque las decisiones públicas deben construirse con información real y no únicamente con percepciones.Cuando un niño le dice a sus padres que no quiere ir a la escuela; cuando una adolescente guarda silencio por miedo a las burlas o cuando una familia no sabe a quién acudir para pedir ayuda, el Estado tiene la obligación de actuar», acotó Reyes Galindo.

Por último, el legislador dijo que esta iniciativa busca precisamente que la información llegue a todos, que los mecanismos existentes sean visibles y accesibles, y que se puesa avanzar hacia escuelas más seguras, más inclusivas y libres de violencia.

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a la justicia sin importar su situación económica, la diputada local Giulianna Bugarini presentó una iniciativa para fortalecer el papel de los ayuntamientos como espacios de orientación y acompañamiento jurídico para la ciudadanía.

La legisladora explicó que cuando una persona enfrenta problemas relacionados con una pensión alimenticia, violencia familiar, conflictos laborales, patrimoniales o agrarios, generalmente acude primero a su presidencia municipal en busca de ayuda. Sin embargo, muchas veces los municipios no cuentan con mecanismos claros para brindar información o canalizar adecuadamente a quienes necesitan apoyo legal.

Por ello, la propuesta plantea que los ayuntamientos puedan establecer servicios de asesoría y orientación jurídica gratuita, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. Además, busca fortalecer la coordinación con instituciones como el Instituto de la Defensoría Pública del Estado para que la ciudadanía tenga rutas más sencillas, accesibles y efectivas para defender sus derechos.

Giulianna Bugarini señaló que la iniciativa no implica crear más burocracia ni generar gastos extraordinarios para los municipios, ya que cada ayuntamiento podrá implementar estos mecanismos de acuerdo con sus capacidades.

«La justicia no comienza en un tribunal, comienza cuando una persona encuentra quién la escuche, la oriente y le ayude a ejercer sus derechos. Acercar la orientación jurídica a la ciudadanía es acercar la justicia al pueblo de Michoacán», afirmó.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura tomó protesta constitucional a Julieta García Zepeda como diputada, tomando la posición de Fabiola Alanís Sámano quien previamente solicitó licencia indefinida a su cargo.

En Sesión Extraordinaria, la Presidencia de la Mesa Directiva dio lectura al comunicado emitido por la ciudadana Aned Edith Ayala García, suplente de Fabiola Alanís Sámano en el que informó su decisión de no asumir la diputación local, por actividades profesionales adquiridas.

Así mismo, dijo no asumir el cargo en el grupo parlamentario de Morena, agradeciendo «la atención y el trámite correspondiente para que sea admitida esta determinación».

Las y los legisladores michoacanos tuvieron conocimiento del Acuerdo emitido por el Instituto Electoral de Michoacán en el cual se hace constar que conforme al listado correspondiente, la siguiente persona del mismo género para ocupar el cargo es la ciudadana Julieta García Zepeda.

Por tal motivo, se designó en Comisión de Cortesía a las y los diputados Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Diana Mariel Espinoza Mercado, Brisa Ireri Arroyo Martínez, Juan Antonio Magaña de la Mora, Alfonso Janitzio Chávez Andrade y Antonio Carreño Sosa para introducir al recinto a la ciudadana Julieta García para rendir su protesta de ley.

Tras reconocer que las niñas, niños y adolescentes de Michoacán, merecen instituciones fuertes, especializadas y capaces de responder cuando sus derechos son vulnerados, el diputado del Distrito 14 de Uruapan Norte, Conrado Paz Torres, propuso incorporar en la Constitución local, el reconocimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la entidad.

Paz Torres enfatizó en que las niñas, niños y adolescentes de Michoacán, merecen una atención que esté a la altura de las necesidades de este sector tan vulnerable, por lo que es prioritario garantizar desde la Constitución, que esta noble institución tenga la capacidad real de actuar en todos los casos en donde se vulneren los derechos y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes.

«La realidad que vive Michoacán, nos obliga como sociedad y como entes gubernamentales, reconocer que aún existen escenarios complejos para las infancias: desapariciones, violencia intrafamiliar, abandono, abuso y trabajo sexual infantil, reclutamiento por grupos delictivos y múltiples formas de vulneración a sus derechos humanos», lamentó.

El legislador local, enfatizó que, frente a estas circunstancias, el Estado no puede responder con estructuras débiles o insuficientes, por lo que con esta iniciativa, se reconoce a la Procuraduría como una institución que eleva su compromiso con las infancias y las juventudes, para que nunca más su protección y la salvaguarda de sus derechos, dependa únicamente de la voluntad administrativa del momento.

«Con esta propuesta, dignificamos a esta institución para que cuente con fortaleza jurídica, personalidad y patrimonios propios, a fin de que puedan desarrollar sus funciones con mejores herramientas y mayor capacidad de respuesta ante las violaciones a los derechos de los menores», expuso.

Finalmente, Conrado Paz consignó que esta propuesta, pertenece a las niñas, niños y adolescentes, que merecen y esperan instituciones capaces de escucharlos, defenderlos y actuar oportunamente cuando sus derechos se vean amenazados.

El diputado David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas que afectan a las personas con discapacidad y dar certeza jurídica a las comunidades indígenas.

La propuesta busca modificar el artículo 153 de dicha ley para permitir que las placas con distintivo de discapacidad se otorguen también a los vehículos de familiares directos o cuidadores. Actualmente, la norma exige de forma restrictiva que el auto esté a nombre de la persona con discapacidad, ignorando que muchos son menores de edad o personas sin capacidad económica para ser propietarios.

«Negarles el acceso a las placas por una simple formalidad administrativa significa negarles accesibilidad, inclusión y dignidad», afirmó Martínez Gowman desde la tribuna.

Asimismo, la iniciativa plantea incluir explícitamente a los autogobiernos indígenas para que tengan el derecho legal de registrar vehículos oficiales destinados a la seguridad pública, protección civil, emergencias y servicio comunitario.

Con esta reforma, el legislador busca armonizar las leyes estatales con la realidad social de Michoacán, resolviendo problemas administrativos cotidianos con un enfoque de justicia y sensibilidad humana.

El Congreso del Estado, aprobó el Protocolo del Proceso Legislativo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad, en materia de Educación Indígena y Educación Inclusiva.

Con este protocolo, el Congreso del Estado, establece las bases para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos establecidos en el Estado; primordialmente los relativos a la libre determinación y su autonomía para participar en la construcción de los modelos educativos, por ende el derecho a la consulta sobre las medidas legislativas que se pretenden adoptar.

En específico, en lo dispuesto en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Esta 76 Legislatura, también reconoce la importancia de garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, principalmente en el acceso a la educación para generar una vida independiente, en términos de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Protocolo del Proceso Legislativo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad, en materia educación indígena y educación inclusiva, constituye el instrumento rector para realizar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, en materia educativa, en términos de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado local Alfonso «Poncho» Chávez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, con el objetivo de fortalecer su participación en las decisiones públicas que impactan directamente su vida.

Durante su exposición, destacó que las infancias y adolescencias «no son únicamente destinatarias de las políticas públicas», sino personas titulares de derechos que deben tener la oportunidad de expresar su opinión en temas como educación, seguridad, movilidad, salud mental, medio ambiente, cultura y prevención de la violencia.

Chávez señaló que, aunque el derecho a participar ya está reconocido en la legislación, aún faltan mecanismos claros, homogéneos y obligatorios para hacerlo efectivo, pues muchas decisiones siguen diseñándose desde una visión adulta, sin escuchar a niñas, niños y adolescentes.

La propuesta establece que autoridades estatales y municipales implementen mecanismos de consulta adecuados a su edad, madurez y desarrollo, además de hacer públicos y accesibles los resultados para quienes participaron, porque «escuchar no debe ser un acto simbólico», sino una acción con seguimiento y responsabilidad.

Finalmente, el diputado subrayó que esta iniciativa cobra relevancia rumbo al proceso electoral de 2027, al recordar que niñas y niños no son herramientas de promoción política ni accesorios de imagen, sino personas con derechos; por ello, afirmó que avanzar en esta propuesta significa construir un Michoacán más democrático, incluyente y comprometido con su desarrollo integral.

El diputado Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para regular de manera integral las encuestas y sondeos de opinión electoral, con el objetivo de impedir que sean utilizadas como herramientas de manipulación o propaganda encubierta; propuesta que además fue acompañada por el Colegio de Economistas de Michoacán Lázaro Cárdenas del Río.

«Si las encuestas están financiadas por los mismos actores a los que miden, el ciudadano no está viendo un reflejo de la realidad, sino un anuncio publicitario», advirtió el legislador.

La propuesta prohíbe que partidos políticos, candidatas y candidatos contraten, directa o indirectamente, empresas o personas para realizar y difundir encuestas electorales, además de obligar a identificar públicamente a quien las financia. También establece que ninguna medición podrá difundirse sin registrar previamente su metodología completa ante la autoridad electoral.

Asimismo, la reforma faculta al Instituto Electoral de Michoacán para crear un Registro Público Estatal de Encuestas Electorales y realizar auditorías metodológicas aleatorias. Los medios que reproduzcan estos estudios deberán incluir información técnica básica, como tamaño de muestra, margen de error, nivel de confianza y fecha de levantamiento.

Como medida de blindaje democrático, la iniciativa amplía a cinco días la veda para la publicación de encuestas antes de la jornada electoral y tipifica como infracciones graves la falsedad metodológica, el ocultamiento de financiamiento y la manipulación deliberada de resultados.

«Las encuestas son instrumentos científicos de verdad, no de propaganda. El pueblo de Michoacán merece certeza de que cada dato publicado responde a criterios metodológicos reales y no al bolsillo de políticos o candidatos», concluyó el legislador petista.

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó con 32 votos a favor, la licencia solicitada por Carlos Torres Piña, para ausentarse temporalmente del cargo de Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, por un período de 45 días naturales, con efectos a partir del día 22 junio de 2026.

Dicha licencia surtirá sus efectos en la fecha indicada y bastará el transcurso del tiempo para considerarla concluida. El fiscal General solamente deberá informar por escrito la reincorporación a su cargo. En caso de que se reincorporé antes del vencimiento de la licencia, deberá informarlo por escrito al Congreso para que dejen de surtir los efectos de la licencia temporal otorgada.

De acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, las ausencias temporales del Fiscal General serán suplidas por el Vicefiscal Coordinador de dicha Fiscalía, por ello, la continuidad de la encomienda constitucional de ese organismo autónomo está garantizada.

Con este procedimiento, la 76 Legislatura del Congreso del Estado, reitera su compromiso con la gobernabilidad de Michoacán, así como con la procuración de justicia en la entidad.