Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.-Con el objetivo de consolidar el Parlamento Abierto y abrir a la ciudadanía la labor legislativa, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, propuso la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo.

Al hacer uso de la máxima tribuna en el Congreso del Estado, Brissa Arroyo argumentó que: “vivimos en una época en la que los desafíos sociales evolucionan con rapidez. Los problemas públicos ya no pueden resolverse únicamente desde las instituciones tradicionales, ni pueden abordarse sin escuchar a quienes viven día a día sus consecuencias”.

Por eso, la participación ciudadana no es solo un derecho, sino que es una condición esencial para construir políticas públicas más justas, más cercanas y más eficaces, enfatizó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD).

En ese contexto, detalló que el Consejo Ciudadano Legislativo se propone como un espacio donde la ciudadanía pueda opinar, deliberar, proponer y acompañar la creación de leyes desde una perspectiva colectiva y participativa.

“Es un puente de comunicación entre la población y sus representantes, donde la voz de estudiantes, profesionistas, trabajadores, comunidades indígenas, jóvenes, personas mayores y organizaciones civiles influye de manera directa en el proceso legislativo”, subrayó Arroyo Martínez.

Estoy convencida, -recalcó-, de que cuando las personas participan, nuestras instituciones se fortalecen. Cuando se escuchan las voces diversas, nuestras leyes se vuelven más humanas. Y cuando abrimos los mecanismos de diálogo, avanzamos hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más democrática.
 
La diputada local exhortó a las legisladoras y legisladores para considerar la creación de este Consejo Ciudadano Legislativo como parte de la iniciativa para la consolidación de un Parlamento Abierto que se ha venido impulsando.

“Esto es mucho más que establecer órganos consultivos, es apostar por una forma de gobernar donde la ciudadanía no solo vota, sino que dialoga, propone y transforma. Es reafirmar que la democracia no termina en las urnas, comienza en la participación constante y activa de la comunidad”, afirmó.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- La 76 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2025, presentado por la Auditoría Superior de Michoacán.

En este Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2025, se contempla realizar 29 auditorias Estatales, de las cuales son 20 auditorías de cumplimiento financiero, una financiera, cuatro de desempeño y cuatro de obra.

De la misma forma en lo que respecta al Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2025, los Presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para los municipios ascienden a un monto global de 23 mil 722 millones 838 mil 879 pesos, de los cuales, conforme a los tipos de auditoría y fuentes de financiamiento, se realizarán 111 auditorías de cumplimiento financiero y 11 de obra.

En lo que respecta a los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, se conoció un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal del año 2025, con un monto global de los presupuestos de egresos aprobados que ascendió a dos mil 340 millones 261 mil 995 pesos, de los cuales, conforme a los tipos de auditoría y fuente de financiamiento, se realizarán nueve auditorías de cumplimiento financiero, cuatro de obra y una de desempeño.

De esta forma, el Plan Anual de Fiscalización 2025, contempla en su totalidad realizar un total de 164 auditorías tanto en el ámbito estatal como en el municipal, de las cuales son 139 de cumplimiento financiero, 1 financiero, cinco de desempeño y 19 de obra.

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje remita un informe trimestral sobre los asuntos concluidos a partir de la aprobación de la reforma al Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Lo anterior, luego de que la y los integrantes de Comisión de Trabajo y Previsión Social sometieran a consideración de sus compañeros legisladores, un punto de acuerdo, recordando que los asuntos que se encontraban en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, debieron ser concluidos en un plazo no mayor a tres años, contados a partir del 03 tres de octubre del año de 2022.

J. Reyes Galindo Pedraza, Fabiola Alanís Sámano y Alfredo Anaya Orozco recordaron que además se debió generar la calendarización correspondiente a efecto de dar conclusión a los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

El 1° de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de laboral, con el principal objetivo de hacer más pronta y expedita la justicia laboral.

De igual forma, para generar una nueva cultura laboral, en la que la conciliación se vuelve un elemento principal en la solución de controversias de las relaciones obrero-patronales.

La implementación de dichas reformas tendría carácter gradual en las entidades federativas y en Michoacán, el proceso de transición al nuevo sistema de justicia laboral comenzó el 30 de diciembre del año 2021.

Ante ello, la Comisión de Trabajo y Previsión Social consideró fundamental darle puntual seguimiento a los trabajos de terminación de los asuntos que se encuentran en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “por lo que consideramos pertinente que la Junta de Conciliación y Arbitraje, Informe trimestralmente, a esta soberanía el porcentaje de avance en la conclusión de los asuntos en trámite”.

En el Punto de Acuerdo, la y los legisladores informaron al Pleno que al inicio de la Administración Pública actual, con fecha 01 de octubre de 2021, mediante acta de entrega recepción; se recibieron un total de 21 mil 907 expedientes de asuntos en trámite; pero de manera posterior en el mes de enero del 2022 se realizó un inventario físico de expedientes en trámite dando un total de 27 mil 738, por lo que existe una discrepancia de 5,831 expedientes, con el numero consignado en el acta de entrega recepción; circunstancia que fue informada de manera inmediata a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objeto de actualizar los planes y programas de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje remita un informe trimestral sobre los asuntos concluidos a partir de la aprobación de la reforma al Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Lo anterior, luego de que la y los integrantes de Comisión de Trabajo y Previsión Social sometieran a consideración de sus compañeros legisladores, un punto de acuerdo, recordando que los asuntos que se encontraban en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, debieron ser concluidos en un plazo no mayor a tres años, contados a partir del 03 tres de octubre del año de 2022.

J. Reyes Galindo Pedraza, Fabiola Alanís Sámano y Alfredo Anaya Orozco recordaron que además se debió generar la calendarización correspondiente a efecto de dar conclusión a los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

El 1° de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de laboral, con el principal objetivo de hacer más pronta y expedita la justicia laboral.

De igual forma, para generar una nueva cultura laboral, en la que la conciliación se vuelve un elemento principal en la solución de controversias de las relaciones obrero-patronales.

La implementación de dichas reformas tendría carácter gradual en las entidades federativas y en Michoacán, el proceso de transición al nuevo sistema de justicia laboral comenzó el 30 de diciembre del año 2021.

Ante ello, la Comisión de Trabajo y Previsión Social consideró fundamental darle puntual seguimiento a los trabajos de terminación de los asuntos que se encuentran en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “por lo que consideramos pertinente que la Junta de Conciliación y Arbitraje, Informe trimestralmente, a esta soberanía el porcentaje de avance en la conclusión de los asuntos en trámite”.

En el Punto de Acuerdo, la y los legisladores informaron al Pleno que al inicio de la Administración Pública actual, con fecha 01 de octubre de 2021, mediante acta de entrega recepción; se recibieron un total de 21 mil 907 expedientes de asuntos en trámite; pero de manera posterior en el mes de enero del 2022 se realizó un inventario físico de expedientes en trámite dando un total de 27 mil 738, por lo que existe una discrepancia de 5,831 expedientes, con el numero consignado en el acta de entrega recepción; circunstancia que fue informada de manera inmediata a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objeto de actualizar los planes y programas de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- En Sesión Ordinaria celebrada este miercoles, las y los diputados locales aprobaron 14 Leyes de Ingresos Municipales, con lo cual se concluyó con la aprobación de todas, lo que genera estabiliad y gobernabilidad financiera en todos los municipios de Michoacán.

Durante esta Sesión, se aprobaron las Leyes de Ingresos de los municipios de: Álvaro Obregón, Indaparapeo, Irimbo, Jacona, La Huacana, Lagunillas, Morelia, Paracho, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Salvador Escalante, Tacámbaro, y Zamora.

Con esto y de acuerdo a los dictamenes aprobados y presentados por las Comisiones Unidas de Porgramación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, los 113 municipios michoacanos tendrán certeza jurídica y financiera para el Ejercicio Fiscal 2026.

De la misma forma, en los dictamenes de estas Leyes de Ingresos, se especificó que se realizaron algunos ajustes considerados pertinentes para el buen funcionamiento de cada ayuntamiento y en congruencia con las condiciones económicas actuales, además de que siempre se privilegió el cuidado del bolsillo de las y los michoacanos, así como la no afectación a la hacienda municipal.

La diputada Jackie Avilés Osorio, representante del Distrito III de Maravatío, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Artículo 60 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con el objetivo de reforzar el acompañamiento y la respuesta institucional en los momentos de mayor riesgo para las víctimas.

La propuesta establece que, tras emitirse una orden de protección, las autoridades deberán dar seguimiento diario durante los primeros seis días y, posteriormente, aplicar un plan de acompañamiento personalizado, asegurando la continuidad de la protección según el nivel de riesgo de cada mujer.

La legisladora expresó que “nuestro compromiso es asegurar que ninguna mujer esté sola cuando más necesita apoyo. Esta reforma fortalece la supervisión de las órdenes de protección y coloca en el centro la vida y seguridad de las mujeres”.

Con esta iniciativa, la legisladora aseveró que “se busca avanzar hacia un Michoacán donde las mujeres cuenten con medidas reales y efectivas, que prevengan la revictimización y garanticen su derecho a vivir libres de violencia”.

En el marco de sus funciones legislativas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, con el objetivo de garantizar la disponibilidad permanente de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana o mecanismos alternativos eficaces en todos los servicios de salud públicos y privados.

La legisladora subrayó que, si bien el derecho a la protección de la salud está reconocido en el artículo 4° constitucional bajo los principios de universalidad, accesibilidad, calidad y no discriminación, en la práctica las personas con discapacidad auditiva enfrentan graves barreras de comunicación al acudir a consultas, hospitalización o urgencias médicas, lo que deriva en diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados e incluso la negación del servicio.

«En Michoacán se estima que hay más de 56 mil personas con discapacidad auditiva. La falta de mecanismos adecuados de comunicación no solo vulnera su derecho a la salud, sino que constituye una forma de discriminación indirecta», afirmó Arreola Ruiz.

La diputada recordó que la Lengua de Señas Mexicana es reconocida como lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico de México. Además, el país es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 25 obliga a los Estados a asegurar el acceso a servicios de salud sin discriminación, incluyendo medios de comunicación adecuados.

Pese a ello, la legislación vigente carece de obligaciones claras y operativas que garanticen la disponibilidad de intérpretes en los momentos críticos de la atención médica. Por ello, la iniciativa propone:

PRIMERO: Adicionar el artículo 15 quater a la Ley de Salud del Estado de Michoacán, que obliga a las instituciones de salud públicas y privadas a garantizar la accesibilidad en la comunicación mediante intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana o mecanismos alternativos eficaces (presenciales o tecnológicos), con prioridad en urgencias, consultas y hospitalización.

SEGUNDO: Reformar la fracción IX y adicionar la fracción X al artículo 25 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para armonizar ambas leyes y establecer la obligación explícita de garantizar dicha accesibilidad en todos los servicios de salud.

La iniciativa también contempla que las autoridades sanitarias estatales emitan los lineamientos necesarios para el cumplimiento de estas disposiciones, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas que permitan una comunicación efectiva, inmediata y en tiempo real.

«Garantizar la comunicación en los servicios de salud no es un privilegio, es una condición indispensable para salvar vidas. Con esta reforma buscamos avanzar hacia un sistema de salud más incluyente, accesible y humano, que reconozca la diversidad de nuestra población», concluyó la diputada Sandra Arreola Ruiz.