El Congreso de Michoacán está a punto de dar un paso histórico en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Esta semana se presentará una iniciativa que penaliza con cárcel las llamadas ‘terapias de conversión’ o ECOSIG, prácticas pseudocientíficas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas.
La propuesta, impulsada por el diputado petista Hugo Rangel en colaboración con organizaciones civiles locales, establece penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes realicen estos procedimientos. Las sanciones se endurecen significativamente cuando las víctimas son menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad: en estos casos, las penas pueden llegar hasta 12 años de cárcel y multas de cuatro mil UMA.
El problema que busca atender esta ley no es menor. Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021, casi el 10% de las personas no heterosexuales y el 14% de las personas trans en México han sido obligadas a someterse a estos ‘tratamientos’. Estas prácticas, realizadas por supuestos profesionales de la salud o autoridades religiosas, constituyen una grave violación a los derechos humanos y pueden causar daños psicológicos severos.
La iniciativa también propone crear un Plan de Aceptación Familiar como política pública estatal, que ofrecería apoyo y herramientas a las familias de jóvenes de la diversidad sexual. Este programa reconoce que la aceptación familiar es fundamental para el bienestar de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+.
Si bien otros estados y el Código Penal Federal ya prohíben estas prácticas, su implementación aún persiste en el país. Con esta ley, Michoacán se sumaría a los esfuerzos por erradicar definitivamente las terapias de conversión y proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
