El Congreso de Michoacán aprobó este viernes por unanimidad una reforma constitucional que establece límites claros a las jubilaciones y pensiones en el sector público, una medida que busca frenar los excesos en el gasto de recursos públicos y promover la austeridad en las instituciones gubernamentales.
Con 36 votos a favor en sesión extraordinaria virtual, los diputados michoacanos respaldaron la modificación al artículo 127 de la Constitución federal, que establece que ninguna jubilación o pensión del sector paraestatal podrá exceder la mitad del salario que recibe el Presidente de la República. Esta reforma aplica a organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos tanto federales como estatales y municipales.
La reforma también refuerza el principio de que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor que su superior jerárquico, salvo en casos específicos como el desempeño de varios empleos públicos o trabajos técnicos especializados. En estos casos excepcionales, la suma total tampoco podrá superar la mitad del salario presidencial.
Según el dictamen aprobado, esta medida tiene como objetivo «asegurar que los recursos públicos se administren bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez», evitando que los regímenes de pensiones generen percepciones desproporcionadas que contravengan las políticas de austeridad.
La reforma excluye de estas limitaciones a las Fuerzas Armadas, las pensiones constituidas por aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro individual, las aportaciones sindicales a sistemas complementarios y las pensiones no contributivas establecidas en el artículo 4° constitucional. Con esta aprobación, Michoacán se suma al proceso nacional de armonización constitucional que busca establecer criterios uniformes en el manejo de recursos públicos a nivel federal, estatal y municipal.
