El Congreso de Michoacán avaló por unanimidad la gestión turística del gobierno estatal durante el periodo 2024-2025, tras analizar el cuarto informe de actividades en la materia presentado por la administración.

La Comisión de Turismo reconoció las acciones emprendidas por la Secretaría de Turismo, particularmente en el fortalecimiento de infraestructura turística, la promoción del estado y la consolidación de destinos estratégicos. Estas iniciativas forman parte del Eje 3: Prosperidad Económica del Plan Estatal de Desarrollo.

Sin embargo, los legisladores no se limitaron al reconocimiento. Solicitaron al gobernador consolidar una política turística integral que permita el crecimiento ordenado y sostenible de los destinos emblemáticos de Michoacán, así como la incorporación gradual de nuevas regiones con potencial turístico.

Entre las peticiones específicas destacan mejorar la coordinación con municipios y sectores productivos, y atraer inversión que genere empleos y derrama económica. El Congreso se comprometió a acompañar desde el ámbito legislativo y presupuestal el fortalecimiento del sector turístico como motor de desarrollo regional.

Esta aprobación llega en un momento clave para Michoacán, donde el turismo representa una oportunidad estratégica para diversificar la economía local y aprovechar el potencial de destinos como Morelia, Pátzcuaro y la región de la Monarca, entre otros atractivos naturales y culturales del estado.

El Congreso de Michoacán recibió una iniciativa del Partido Acción Nacional para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de reconocer formalmente el papel de abuelos y otros familiares en el cuidado y protección de menores. La propuesta busca incorporar el concepto de «entornos familiares protectores» en el marco legal estatal.

La diputada Teresita Herrera Maldonado, quien presentó la iniciativa, explicó que estos entornos se definen como espacios donde los menores crecen con cuidado, respeto, afecto y estabilidad emocional, apoyados por vínculos significativos y redes familiares que favorecen su desarrollo integral. «En México, una proporción importante del cuidado de niñas y niños se realiza dentro del propio entorno familiar, siendo las abuelas, los abuelos y otros familiares, pilares fundamentales», señaló la legisladora.

La reforma propuesta también fortalecería el papel del DIF Michoacán como instancia clave para impulsar programas de orientación y acompañamiento que consoliden estos entornos protectores. Según la iniciativa, millones de familias mexicanas logran conciliar el trabajo con la crianza gracias a estas redes de apoyo familiar, una realidad que merece reconocimiento legal.

Para la bancada panista, esta medida representa una apuesta por comunidades más cohesionadas y un estado más seguro emocionalmente. «Garantizar que nuestros pequeños y jóvenes crezcan en entornos seguros, respetuosos, afectivos y estables, es una responsabilidad ética y social», argumentó Herrera Maldonado, quien enfatizó que lo indispensable es que los menores crezcan donde prevalezcan el amor, el cuidado y la estabilidad emocional, independientemente de la estructura familiar.

El Congreso de Michoacán analiza una controvertida propuesta que podría hacer responsables legalmente a padres de familia cuando sus hijos menores de edad cometan delitos y ellos no actúen para impedirlo. La iniciativa fue presentada por los diputados del Partido Verde Ecologista Alfredo Anaya Orozco y Sandra María Arreola Ruíz.

La propuesta surge ante el incremento de delitos cometidos por menores en el estado, un fenómeno que según los legisladores se ha convertido en uno de los problemas más graves de la sociedad michoacana. «No podemos seguir permitiendo que la falta de control y responsabilidad en el entorno familiar siga generando violencia, inseguridad y daño a terceros», argumentó Anaya Orozco desde la tribuna del Congreso local.

La iniciativa plantea reformas al Código Penal estatal para sancionar específicamente la «omisión grave» del deber de cuidado. Según el texto, se aplicaría cuando los padres o tutores tengan conocimiento claro de que un menor está cometiendo ilícitos y no realicen ninguna acción para evitarlo. Las sanciones incluirían multas y la obligación de reparar daños cuando se compruebe responsabilidad indirecta.

Los legisladores del PVEM sustentan su propuesta en experiencias de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, donde ya existen marcos legales similares. Sin embargo, la iniciativa genera interrogantes sobre cómo se definirá la «omisión grave» y qué mecanismos existirán para comprobar el conocimiento previo de los padres sobre las actividades delictivas de sus hijos.

La propuesta ahora será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación. Su aprobación representaría un cambio significativo en el sistema de justicia michoacano, que tradicionalmente ha enfocado la responsabilidad penal exclusivamente en quienes cometen los delitos, no en sus familias.

El Congreso de Michoacán analiza una controvertida propuesta que podría hacer responsables legalmente a padres de familia cuando sus hijos menores de edad cometan delitos y ellos no actúen para impedirlo. La iniciativa fue presentada por los diputados del Partido Verde Ecologista Alfredo Anaya Orozco y Sandra María Arreola Ruíz.

La propuesta surge ante el incremento de delitos cometidos por menores en el estado, un fenómeno que según los legisladores se ha convertido en uno de los problemas más graves de la sociedad michoacana. «No podemos seguir permitiendo que la falta de control y responsabilidad en el entorno familiar siga generando violencia, inseguridad y daño a terceros», argumentó Anaya Orozco desde la tribuna del Congreso local.

La iniciativa plantea reformas al Código Penal estatal para sancionar específicamente la «omisión grave» del deber de cuidado. Según el texto, se aplicaría cuando los padres o tutores tengan conocimiento claro de que un menor está cometiendo ilícitos y no realicen ninguna acción para evitarlo. Las sanciones incluirían multas y la obligación de reparar daños cuando se compruebe responsabilidad indirecta.

Los legisladores del PVEM sustentan su propuesta en experiencias de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, donde ya existen marcos legales similares. Sin embargo, la iniciativa genera interrogantes sobre cómo se definirá la «omisión grave» y qué mecanismos existirán para comprobar el conocimiento previo de los padres sobre las actividades delictivas de sus hijos.

La propuesta ahora será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación. Su aprobación representaría un cambio significativo en el sistema de justicia michoacano, que tradicionalmente ha enfocado la responsabilidad penal exclusivamente en quienes cometen los delitos, no en sus familias.

El Congreso de Michoacán analiza una controvertida propuesta que podría hacer responsables legalmente a padres de familia cuando sus hijos menores de edad cometan delitos y ellos no actúen para impedirlo. La iniciativa fue presentada por los diputados del Partido Verde Ecologista Alfredo Anaya Orozco y Sandra María Arreola Ruíz.

La propuesta surge ante el incremento de delitos cometidos por menores en el estado, un fenómeno que según los legisladores se ha convertido en uno de los problemas más graves de la sociedad michoacana. «No podemos seguir permitiendo que la falta de control y responsabilidad en el entorno familiar siga generando violencia, inseguridad y daño a terceros», argumentó Anaya Orozco desde la tribuna del Congreso local.

La iniciativa plantea reformas al Código Penal estatal para sancionar específicamente la «omisión grave» del deber de cuidado. Según el texto, se aplicaría cuando los padres o tutores tengan conocimiento claro de que un menor está cometiendo ilícitos y no realicen ninguna acción para evitarlo. Las sanciones incluirían multas y la obligación de reparar daños cuando se compruebe responsabilidad indirecta.

Los legisladores del PVEM sustentan su propuesta en experiencias de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, donde ya existen marcos legales similares. Sin embargo, la iniciativa genera interrogantes sobre cómo se definirá la «omisión grave» y qué mecanismos existirán para comprobar el conocimiento previo de los padres sobre las actividades delictivas de sus hijos.

La propuesta ahora será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación. Su aprobación representaría un cambio significativo en el sistema de justicia michoacano, que tradicionalmente ha enfocado la responsabilidad penal exclusivamente en quienes cometen los delitos, no en sus familias.

La diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Michoacán, encabezó un foro consultivo en Zamora para escuchar propuestas ciudadanas que fortalezcan el marco legal en materia de salud y derechos humanos.

El encuentro, desarrollado en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), reunió a especialistas, autoridades municipales, educativas, de salud y ciudadanos para identificar los principales retos relacionados con el acceso, calidad y atención en los servicios de salud públicos.

Durante el foro se planteó la necesidad de fortalecer la supervisión de los servicios de salud, mejorar los mecanismos de atención a quejas ciudadanas y reforzar la capacitación del personal médico. También se propuso impulsar diagnósticos sobre problemáticas estructurales y promover mayor coordinación entre instituciones del sector salud.

La legisladora del Partido Verde destacó que este proceso busca construir una legislación más cercana a la realidad de los michoacanos. «Queremos una ley que responda a las necesidades de la gente, y eso solo se logra escuchando, dialogando y construyendo desde el territorio», señaló ante el titular de la CEDH, Josué Alfonso Mejía Pineda.

Este foro forma parte de una serie de encuentros regionales que el Congreso estatal realiza para actualizar el marco normativo en derechos humanos. Las propuestas recopiladas servirán de base para futuras reformas que fortalezcan tanto el trabajo legislativo como las políticas públicas en beneficio de la población michoacana.

La iniciativa también contempla fortalecer el papel de la CEDH en su capacidad de supervisión y seguimiento de posibles violaciones a derechos fundamentales como salud, educación y seguridad.

•  Las víctimas de violencia no deben recibir juicio social de servidores públicos
• Son el primer contacto con la víctima cuando decide denunciar



*Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.-* Para evitar la revictimización y juicio social de parte de servidores públicos hacia las mujeres víctimas de violencia,  la diputada local Brissa Arroyo Martínez propuso el desarrollo policial con perspectiva de género.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, enfatizó que es  necesario diseñar políticas públicas, protocolos policiales y de investigación criminal que combatan la violencia de género, el acoso y la inseguridad con un enfoque preventivo y con perspectiva de género.

«Es un requisito que debemos  exigirle a las personas que se encargan de atender y proteger la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres, como lo son los elementos de Seguridad Pública y el personal de la Fiscalía General del Estado’, afirmó.

Brissa Arroyo argumentó que la preparación de nuestros elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado es de vital importancia para su  desarrollo policial y ministerial con un enfoque de perspectiva de género, porque son las personas servidoras públicas el primero contacto con las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas.

Atender con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, brindar este acompañamiento para hacerlas sentir seguras y protegidas es de vital importancia a la hora de denunciar un delito; no  hacerlas sentir culpables con argumentos de que ellas mismas propician la violencia o en otros casos ser burla del servidor público.

El desarrollo policial con perspectiva de género en el ejercicio de las funciones de prevención, reacción, investigación y proximidad social, debe de implementar los mecanismos de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública tratándose de niñas, adolescentes y mujeres.

Por ello, la legisladora local presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican la fracción III del artículo 33 y la fracción IV del artículo 36 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.