El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer la democracia, combatir el nepotismo electoral, garantizar la igualdad sustantiva y consolidar principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio del poder público en Michoacán.

La propuesta legislativa, presentada por las y los diputados Diana Mariel Espinoza Mercado, J. Reyes Galindo Pedraza, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Baltazar Gaona García y Vicente Gómez Núñez, contempla reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de impedir que los cargos públicos sean utilizados como mecanismos de continuidad familiar o concentración de poder político.

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado señaló que esta iniciativa responde a una exigencia social legítima de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar procesos electorales más equitativos y transparentes. «La democracia no puede construirse sobre privilegios familiares ni sobre estructuras cerradas de poder; el servicio público pertenece al pueblo y no a grupos que pretendan perpetuarse en los espacios de representación», expresó.

Asimismo, destacó que la propuesta busca armonizar el marco jurídico estatal con la reciente reforma constitucional federal en materia de nepotismo electoral y fortalecer principios como la paridad de género, la igualdad sustantiva y la participación democrática real. «Queremos abrir mayores oportunidades para nuevos liderazgos sociales, mujeres, jóvenes y ciudadanía comprometida con transformar Michoacán desde la honestidad y la capacidad», puntualizó la legisladora petista.

Entre los puntos relevantes de la iniciativa destacan las restricciones para que familiares directos de quienes ocupen diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas o regidurías puedan contender de manera inmediata por esos mismos cargos; además de establecer límites al presupuesto del Poder Legislativo, reforzar criterios de austeridad republicana y prohibir prestaciones excesivas o discrecionales para funcionarios de organismos electorales y administrativos.

La y los diputados del PT señalaron que esta propuesta busca responder a una demanda ciudadana cada vez más presente: contar con instituciones más transparentes, procesos electorales más equitativos y un ejercicio del poder público más cercano a la gente.

La diputada Jackie Avilés del Distrito 03 de Maravatio, dejó claro su compromiso con el deporte y presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reconocer, prevenir y erradicar la violencia en el deporte en Michoacán.

La propuesta busca incorporar a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado el concepto de violencia en el deporte y establecer mecanismos claros para su prevención y atención, incluyendo conductas como el acoso, hostigamiento, discriminación, racismo y cualquier otra forma de violencia que afecte a deportistas, entrenadores, árbitros, familias y asistentes.

«Las canchas y espacios deportivos deben ser lugares donde se formen valores, se construyan sueños y se fortalezca la convivencia, nunca espacios donde la violencia tenga cabida», expresó la legisladora.

Con esta acción legislativa, la diputada demuestra su compromiso de impulsar iniciativas que garanticen espacios pacíficos y seguros para todas y todos los michoacanos.

A fin de fortalecer los procesos educativos y formativos, la 76 Legislatura incorporó en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la obligación de las autoridades educativas de inculcar a las infancias y adolescencias la cultura de la paz y la educación cívica.

Lo anterior, al aprobar el dictamen presentado por la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, mediante el cual se estudió y analizó la propuesta presentada por la diputada Eréndira Isauro Hernández para adicionar la fracción X Bis al artículo 5 y la fracción VIII Bis al artículo 38 de la ley en mención.

El principal objetivo de la adecuación legal es fortalecer el marco jurídico estatal mediante la incorporación del concepto de cultura de la paz como principio rector en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como establecer la obligación de las autoridades de promover e inculcar dichos valores a través de acciones educativas y formativas.

Es por ello, que se definió en la ley, el concepto de Cultura de la Paz como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas y las naciones.

Las y los legisladores reconocieron que la formación en estos principios debe ser un esfuerzo coordinado entre el Estado, la familia y la sociedad. Con ello, se busca fortalecer los procesos educativos y formativos, promoviendo entornos que favorezcan la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la participación activa en la vida social.

A fin de que se fomenten programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida alimentaria de las niñas, niños y adolescentes; y promuevan programas de orientación y detección temprana en materia de salud visual, el Congreso del Estado reformó las disposiciones de la Ley de Educación del Estado.

En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron el Dictamen puesto a su consideración por parte de las comisiones de Educación y, Salud y Asistencia Social, sobre las propuestas hechas por los diputados Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa y Juan Carlos Barragán Vélez.

Conforme al reformado ordenamiento jurídico, la Secretaría de Educación fomentará estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, mediante la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, hábitos de higiene personal, bucal y de salud visual, así como la educación en consumo responsable y prácticas agroecológicas responsables, entre otras.

Para ello, desarrollarán actividades de información y orientación para las familias, relacionadas con prácticas de alimentación saludable, prevención de la obesidad infantil, aprovechamiento de productos alimenticios locales y agroecológicos, así como con hábitos de higiene, hidratación saludable y actividad física.

Las y los integrantes de las comisiones de dictamen, coincidieron que la implementación de programas de orientación y detección temprana en materia de salud visual dirigidos a las y los estudiantes resulta fundamental, en tanto permite identificar oportunamente posibles afecciones que inciden directamente en su desempeño académico, bienestar integral y calidad de vida.

Mientras que la incorporación de acciones educativas orientadas al consumo responsable y la adopción de prácticas alimentarias saludables y agroecológicas responsables contribuye a la formación de hábitos sostenibles, prevención de la obesidad infantil, así como al fortalecimiento de la conciencia ambiental y al desarrollo de las y los educandos de manera informada y comprometida; además, favorece una alimentación equilibrada, impulsa la economía regional y promueve sistemas alimentarios más sostenibles, en beneficio de la comunidad educativa en su conjunto.

Con la reforma, se mandata que el Consejo de Participación Escolar, integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros, deberá promover cooperativas escolares y comunitarias con enfoque en el uso y promoción de productos agroecológico, que fomenten estilos de vida saludables y alimentación equilibrada.

En el Artículo 226 se consideran infracciones el realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables, así como permitir la comercialización de bienes o servicios contrarios a la alimentación nutritiva y sustentable.

El incluir el concepto de Alfabetización Mediática e Informacional en la normativa educativa, fue la propuesta de iniciativa que presentó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior con la finalidad de que el alumnado pueda acceder, buscar, analizar y seleccionar la información que hay en la red con el conocimiento necesario para evaluar y verificar la veracidad y calidad de la misma.

En su exposición en tribuna, ante sus homólogos de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, expresó que la vorágine de información en la que está inmersa la ciudadanía, hace necesario, que desde las aulas, se eduque a los estudiantes sobre los riesgos que conlleva esta dinámica, de manera que se les enseñe a identificar los peligros del entorno virtual, a reconocer noticias falsas y a proteger los datos personales.

Dijo que la iniciativa contempla reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Michoacán y a la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Formación para el Trabajo del Estado.

Señaló que esta propuesta coadyuvará a formar ciudadanas y ciudadanos críticos, informados y capaces de enfrentar los desafíos del mundo virtual de la actualidad.

El incluir el concepto de Alfabetización Mediática e Informacional en la normativa educativa, fue la propuesta de iniciativa que presentó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior con la finalidad de que el alumnado pueda acceder, buscar, analizar y seleccionar la información que hay en la red con el conocimiento necesario para evaluar y verificar la veracidad y calidad de la misma.

En su exposición en tribuna, ante sus homólogos de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, expresó que la vorágine de información en la que está inmersa la ciudadanía, hace necesario, que desde las aulas, se eduque a los estudiantes sobre los riesgos que conlleva esta dinámica, de manera que se les enseñe a identificar los peligros del entorno virtual, a reconocer noticias falsas y a proteger los datos personales.

Dijo que la iniciativa contempla reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Michoacán y a la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Formación para el Trabajo del Estado.

Señaló que esta propuesta coadyuvará a formar ciudadanas y ciudadanos críticos, informados y capaces de enfrentar los desafíos del mundo virtual de la actualidad.

En sesión extraordinaria, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó la propuesta impulsada por la diputada Belinda Hurtado Marín, mediante la cual se fortalece los mecanismos de supervisión y seguimiento en materia de higiene dentro de los planteles educativos.

Es así, que con la reforma a fracción XV del artículo 163 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán, para incorporar como atribución de la autoridad educativa estatal la supervisión de las condiciones de higiene en los planteles educativos ubicados en el estado.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación destacaron en el dictamen avalado con 31 votos, que dicha reforma tiene el objetivo de garantizar que las condiciones sanitarias se mantengan de manera permanente y conforme a los estándares establecidos por la autoridad competente.

«La revisión constante de la higiene en los planteles por parte de la autoridad educativa, prevendrá enfermedades y asegurará a los educandos un medio ambiente sano, en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, ético, cultural y social», precisa el documento aprobado.

Las y los diputados subrayaron que la adecuada vigilancia de estos aspectos contribuye manera directa en el aprovechamiento académico de las y los estudiantes, al propiciar entornos seguros, dignos y favorables para el aprendizaje.

«Asegurar espacios educativos en condiciones óptimas de higiene representa una acción integral que trasciende el ámbito físico, al fomentar hábitos de limpieza, autocuidado y responsabilidad colectiva entre las y los educandos, fortaleciendo así su formación integral», concluye la motivación de la reforma.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura reformó la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo para garantizar que las escuelas no condicionen la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como la contratación de actividades extraescolares.

Las y los diputados votaron a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Educación, luego del estudio de la iniciativa presentada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, mediante la cual se prohíben prácticas que «aunque en ocasiones se presentan como acuerdos organizativos o medidas administrativas, en los hechos se traducen en una imposición que limita la libertad de elección y encarece de manera injustificada el costo de la educación».

Con la reforma a la fracción XXIV del artículo 226 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, se estableció que condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como a la contratación de actividades extraescolares.

De igual forma, obligar, inducir o presionar a las madres, padres de familia o tutores para adquirirlos o contratarlas en proveedores, marcas, establecimientos o distribuidores determinados, ya sea de manera directa o indirecta, incluyendo la imposición de listas exclusivas, convenios, recomendaciones obligatorias o cualquier otro mecanismo que limite la libre elección, o que genere beneficios económicos indebidos a favor de personas físicas o morales vinculadas con la comunidad escolar.

En las Consideraciones del Dictamen, la Comisión de Educación resaltó la importancia de garantizar condiciones de equidad y respeto a la economía familiar dentro del ámbito educativo, advirtiendo la necesidad de evitar prácticas mediante las cuales las autoridades de las instituciones educativas impongan, de manera obligatoria, proveedores específicos para la adquisición de útiles escolares, uniformes o materiales didácticos.

«Este tipo de prácticas limita la capacidad de decisión de madres, padres de familia y tutores, al restringirles la posibilidad de elegir libremente las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades y condiciones económicas. En consecuencia, dichas imposiciones pueden traducirse en una carga financiera adicional e injustificada, afectando directamente la economía de las madres y/o de los padres de familia y contraviniendo principios de accesibilidad y equidad en la educación», precisaron.

Con la reforma, se busca proteger el derecho de las familias a decidir libremente sobre la adquisición de los insumos escolares, promover condiciones de transparencia y legalidad en la prestación de servicios educativos, y prevenir posibles conflictos de interés o prácticas que vulneren la economía familiar, contribuyendo así a un entorno educativo más justo e incluyente.

La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para garantizar que las comunidades y colonias sean escuchadas en las decisiones relacionadas con el agua, ante la crisis de desabasto, fugas y estrés hídrico que enfrentan miles de familias.

La legisladora señaló que durante años las decisiones sobre el agua se tomaron desde oficinas y sin escuchar a quienes viven diariamente el problema en sus hogares. «Hoy hay familias que ya normalizaron abrir la llave y que no salga agua, guardar cubetas o esperar a ver a qué hora cae el servicio, y eso no puede seguir siendo normal», expresó.

Giulianna Bugarini advirtió que mientras en el discurso oficial pareciera que todo está controlado, la realidad en muchas colonias es completamente distinta, con fugas enormes, sobreexplotación de pozos y crecimiento urbano sin suficiente infraestructura hídrica.

Ejemplificó que recientemente se documentó que «cerca del 40 por ciento del agua potable en Morelia se pierde en fugas».

Finalmente, explicó que su propuesta busca construir una gobernanza más transparente, abierta y humana, donde la ciudadanía pueda participar en las decisiones sobre el agua que consume y paga. «Si las familias son quienes viven el problema todos los días, también deben ser tomadas en cuenta para encontrar soluciones», concluyó.

El Congreso del Estado fue la sede para desarrollar la Sesión Itinerante del Grupo de Trabajo «Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas», encabezado por el Congreso de la Unión a propuesta del Congreso del Estado por parte del diputado Hugo Ernesto Rangel Vargas.

El diputado Reyes Galindo Pedraza, integrante de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, en su mensaje de bienvenida, señaló que estas mesas de trabajo, sirven principalmente para defender la cultura y la tradición de Michoacán.

«Con este tipo de encuentros fortalecemos la cultura y la tradición, pero también estamos aquí para hablar de un elemento que tiene que ver con justicia tributaria y sobre la evolución necesaria que debe tener el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El coordinador del Grupo Parlamentario del PT, subrayó que este impuesto, no debe ser un castigo a la tradición, sino un aliado a la formalidad y la excelencia de los productos con denominación de origen.

«Con estas mesas se buscan tres cosas: combatir informalidad, proteger a las y los productores de mezcal, tequila y charanda y fomentar un consumo saludable, por ello es que se busca la modificación del esquema del IEPS», finalizó.

Por su parte, el diputado Hugo Rangel Vargas, promotor de la reforma enviada al Congreso de la Unión, señaló que el IEPS, es un incentivo al consumo de bebidas de baja calidad y que genera una competencia desigual en el mercado.

«Esto no se trata solo de pesos y centavos, sino de administrar nuestra riqueza cultural, nuestras tradiciones y principalmente, de buscar el bienestar de miles de familias que dependen del mezcal, el tequila y la charanda, cientos de familias michoacanas que se dedican de una u otra forma a la producción de estos productos con denominación de origen», aseveró.

En esta sesión, también estuvieron presentes las y los diputados: Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, además de, Vicente Gómez Núñez, Sandra Garibay Esquivel, Diana Espinoza Mercado, Belinda Hurtado Marín y David Martínez Gowman, así como diputados federales y funcionarios del gobierno del estado, además de productores y comercializadores de mezcal, tequila y charanda.