En el marco del Día de las Madres, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar del Estado de Michoacán con el objetivo de suspender de manera inmediata la patria potestad cuando el padre sea vinculado a proceso por feminicidio contra la madre de sus hijas o hijos, y perderla de manera definitiva en caso de sentencia condenatoria.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora subrayó que no hay violencia más cruel que aquella que arrebata una madre a una niña o a un niño. «Cuando ocurre un feminicidio en contra de una madre de familia, se rompe el hogar, se rompe una familia, se rompe la tranquilidad, y muchas veces, también se rompe la infancia de los hijos que se quedan atrás», afirmó.

Añadió que, además del dolor, las hijas e hijos tienen que vivir con miedo, confusión y heridas emocionales que duran toda la vida, y que en muchas ocasiones el responsable es el propio padre. Recordó que en México, 4 de cada 10 feminicidios son cometidos por la pareja o expareja de la víctima.

La iniciativa, conocida como Ley Monzón en otras entidades, toma su nombre de Cecilia Monzón, abogada, activista y madre asesinada el 21 de mayo de 2022 en Puebla por órdenes de su expareja y padre de su hijo. Arreola Ruiz destacó que, mientras avanzaba el proceso penal, el agresor buscaba mantener derechos sobre el hijo de Cecilia, lo que evidenció la necesidad de proteger a las niñas y niños víctimas indirectas de feminicidio. «¿De verdad el Estado puede obligar a una niña o a un niño a seguir conviviendo con la persona que destruyó su vida? Yo creo que no. Porque el interés superior de la niñez tiene que estar por encima de cualquier formalismo jurídico», puntualizó.

Ernesto Núñez Aguilar presentó una propuesta en este mismo sentido, la cual lamentablemente no fue aprobada en aquella Legislatura. Sin embargo, señaló que desde entonces el país ha seguido avanzando, y a partir de 2023 más estados como Ciudad de México, Sinaloa y Colima han legislado en la materia. Asimismo, reconoció que esta causa ha sido retomada por las diputadas Eréndira Isauro, Anabet Franco y el diputado Marco Polo, y expresó que su iniciativa busca sumarse y fortalecer la de ellos en el momento de su dictaminación.

La propuesta plantea que, cuando exista una vinculación a proceso por feminicidio contra la madre de una niña o niño, la patria potestad pueda suspenderse de manera inmediata como medida de protección, y que en caso de sentencia condenatoria, esa patria potestad se pierda definitivamente.

«La patria potestad no puede entenderse como un privilegio absoluto de los padres. Tiene que entenderse como una responsabilidad que existe para cuidar, proteger y procurar el bienestar de las hijas y los hijos. Quien es capaz de arrebatarle la vida a la madre de sus hijos, rompe también con todo principio de protección y cuidado», afirmó.

En el marco del Día de las Madres, la legisladora hizo un llamado a pensar también en aquellas mujeres que ya no están, en las madres víctimas de feminicidio, y sobre todo en las hijas e hijos que dejaron atrás. «Hoy, el mejor homenaje que podemos hacerles es cuidar y proteger a quienes más amaban.

Como legisladoras y legisladores, tenemos la obligación de responderles con sensibilidad, pero también con acciones concretas», expresó. Finalmente, se dirigió a todas las madres de Michoacán: «Vamos a seguir legislando para proteger lo más valioso que tienen… a sus hijas y a sus hijos».

«Michoacán necesita políticas públicas que permitan a las madres trabajar con derechos, compartir las responsabilidades de cuidado y acceder a seguridad social; desde el Congreso vamos a impulsar licencias parentales compartidas y mecanismos de apoyo para las mujeres que sostienen sus hogares», afirmó Octavio Ocampo durante una convivencia con madres de familia del municipio de Zitácuaro, realizada en el marco de la celebración del Día de las Madres.

El legislador del PRD señaló que muchas mujeres enfrentan jornadas dobles entre el empleo y las tareas de cuidado, sin acceso a prestaciones laborales o servicios de salud.

Durante el encuentro, Octavio Ocampo conversó con madres zitacuarenses sobre las dificultades que enfrentan diariamente para acceder a empleos formales, atención médica y espacios de cuidado para sus hijos.

En la convivencia escuchó testimonios de mujeres que trabajan en el comercio, en labores domésticas o en actividades informales, quienes señalaron problemas relacionados con bajos ingresos, falta de estabilidad laboral y la necesidad de ampliar sus jornadas de trabajo para completar el gasto familiar.

Y es que de acuerdo con cifras sobre la situación laboral de las madres en Michoacán, la tasa de participación económica de las mujeres con hijos de 15 años y más es de 46.9 por ciento. En el caso de las madres solteras, la participación laboral alcanza 75.8 por ciento.

Además, siete de cada diez madres trabajadoras no cuentan con seguridad social y más de la mitad realiza trabajo doméstico remunerado. A ello se suma que una parte importante mantiene jornadas de entre 35 y 48 horas semanales, mientras otras requieren trabajar más tiempo para incrementar sus ingresos.

El además presidente de la Comisión de Bienestar señaló que la discusión pública sobre cuidados y empleo debe traducirse en reformas que permitan distribuir de manera más equilibrada las responsabilidades familiares.

Entre las propuestas mencionó el impulso a licencias parentales compartidas, el fortalecimiento de sistemas de cuidados y acciones que permitan ampliar la participación económica de las mujeres en condiciones de estabilidad laboral y acceso a derechos sociales.

Con reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el Pleno de la 76 Legislatura integró una visión municipalista y de género a fin de robustecer las capacidades institucionales locales y promover la participación política de las mujeres.

En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores michoacanos armonizaron la legislación estatal con los principios constitucionales e internacionales en materia de igualdad, luego de aprobar el Dictamen elaborado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales; así como de Igualdad Sustantiva y de Género.

Tras el análisis y dictamen de las iniciativas de J. Reyes Galindo Pedraza, María Itzé Camacho Zapiain, Juan Carlos Barragán Vélez y Teresita de Jesús Herrera Maldonado, ambas comisiones coincidieron que las reformas atienden la urgente necesidad de fortalecer la igualdad sustantiva y la participación política de las mujeres desde el ámbito municipal.

De acuerdo con las Consideraciones, al reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, se garantiza que la Comisión de la Mujer en los ayuntamientos sea presidida por una mujer, lo que abona de manera clara a la institucionalización de la perspectiva de género en los gobiernos municipales.

No obstante, en aras de salvaguardar el régimen de competencias previsto en la Constitución, se estimó la intención de promover el liderazgo femenino, pero sin imponer una disposición de carácter obligatorio que pudiera interpretarse como una injerencia en la organización interna de los Cabildos.

«Se propone que la Comisión sea presidida preferentemente por una mujer, garantizando así un enfoque afirmativo, viable y respetuoso de la autodeterminación municipal y de la libertad política de las mujeres», precisa el Dictamen.

Con la reforma al artículo 40, se reconoce como atribución municipal la colaboración con los programas y dependencias encargadas de promover redes comunitarias de mujeres, enfocándose en el fortalecimiento del tejido social, la prevención de violencias y el empoderamiento territorial de las mujeres.

Las y los diputados también votaron a favor de adicionar un sexto y séptimo párrafos al artículo 84 y un cuarto párrafo al artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal con la finalidad de incorporar el principio de paridad de género en la elección de Jefaturas de Tenencia y Encargaturas del Orden.

«Se enfoca en establecer que tales procesos deberán observar el principio de paridad de género, asegurando condiciones de igualdad sustantiva, sin comprometer la libre participación ciudadana ni generar barreras jurídicas innecesarias», puntualizaron ambas comisiones en sus Consideraciones.

A fin de salvaguardar el principio de certeza jurídica en la definición de los límites territoriales entre los municipios de Morelia y Charo, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó reformar el Decreto Legislativo Número 404, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán.

Fue la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales la encargada de estudiar, analizar y dictaminar, el oficio número SEDUM-0349/2026, presentado por Alfonso Jesús Martínez Alcázar y Joanna Margarita Moreno Manzo, presidente municipal y titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia.

Es así, que en fue avalado por las y los diputados reformar el artículo segundo y derogar el artículo tercero de dicho decreto; y así, establecer que para efectos de delimitación territorial entre los municipios de Morelia y Charo se reconoce el convenio celebrado ente ambos el 17 de septiembre de 2025.

«Así como su Anexo 1 relativo a la descripción técnica y tabla de coordenadas de los límites entre los municipios de Morelia y Charo así como el documento cartográfico denominado «Mapa de Modificación de Límites Municipales Morelia-Charo 2025″, expedido por el Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán», precisa el dictamen aprobado en sesión extraordinaria.

Finalmente, las y los legisladores coincidieron que tal adecuación no implica modificación alguna a los acuerdos de fondo alcanzados entre los municipios en cuestión respecto de su delimitación territorial, sino que fortalece la certeza jurídica, administrativa, catastral, registral, cartográfica y de planeación territorial.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo presentó una propuesta integral de reforma electoral que incluye cambios en diputaciones plurinominales, candidaturas independientes, justicia electoral y elección judicial. Ocampo, afirmó que las propuestas buscan mejorar las reglas electorales y dar mayor certeza a la ciudadanía durante los procesos electorales.

En el marco de la discusión hacia una reforma electoral en la entidad, Octavio Ocampo explicó que una de las propuestas centrales plantea modificar el mecanismo de asignación de diputaciones de representación proporcional para que estas sean integradas por las candidaturas de mayoría relativa que obtuvieron la mayor votación sin alcanzar el triunfo en las urnas. «La reforma busca que la representación proporcional responda al respaldo ciudadano obtenido en las urnas», señaló.

Agregó que también se plantea que las candidaturas a presidencias municipales que no resulten electas puedan integrarse a los cabildos como regidurías de representación proporcional, con el objetivo de ampliar la representación política en los ayuntamientos.

El legislador del PRD quien es parte de la Comisión de Asuntos Electorales, indicó que otro bloque de reformas está dirigido al funcionamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), mediante ajustes a su estructura interna, distribución de competencias y fortalecimiento de áreas técnicas vinculadas a capacitación y organización electoral.

Asimismo, se pronunció porque se incluyen modificaciones relacionadas con logística electoral, entre ellas la actualización del lenguaje en boletas, ampliación de plazos para producción de documentación electoral y simplificación de procedimientos administrativos. «Necesitamos reglas electorales actualizadas frente a los desafíos tecnológicos, políticos y jurídicos actuales», expresó Octavio Ocampo.

La propuesta legislativa también incorpora cambios sobre candidaturas comunes, sustituciones y procesos internos de selección, además de reformas al régimen sancionador para incluir conceptos como violencia digital y campaña negativa. En materia judicial-electoral, el diputado por el PRD plantea reglas específicas para la elección de personas juzgadoras, con restricciones a la intervención partidista y mecanismos sancionadores propios para este tipo de procesos.

«La elección judicial requiere mecanismos distintos para garantizar imparcialidad y autonomía», afirmó el diputado local.

A ello se suma la propuesta para incorporar notificaciones electrónicas en la justicia electoral y modificaciones para regular las candidaturas independientes, evitando esquemas de participación conjunta bajo un mismo emblema.

Tras recorrer el estado y escuchar distintas voces, el líder perredista sostuvo que la reforma electoral debe responder a las nuevas dinámicas institucionales, tecnológicas y de representación política en la entidad.

Octavio Ocampo señaló que las iniciativas presentadas buscan generar condiciones de mayor certeza jurídica, fortalecer la organización de los procesos electorales y establecer mecanismos acordes con las exigencias actuales de participación democrática. «La democracia en Michoacán necesita instituciones funcionales, procedimientos claros y mayor certeza para la ciudadanía», concluyó.

El Congreso del Estado, exhortó a todos los ayuntamientos de Michoacán y al Concejo Mayor de Cherán, para que a través de sus atribuciones, implementen acciones concretas para fortalecer el cumplimiento de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán.

Ante la propuesta realizada por la diputada Belinda Iturbide Díaz y en el marco del Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar, esta Septuagésima Sexta Legislatura, instó a los ayuntamientos a habilitar, fortalecer y difundir mecanismos accesibles y visibles de denuncia, incluyendo la promoción activa del buzón digital para la recepción de denuncias y la canalización inmediata de reportes de violencia escolar.

Además, Coordinar acciones con las instancias competentes, particularmente con el DIF Municipal, áreas de salud y autoridades educativas, a fin de garantizar atención psicológica inmediata, gratuita y especializada, así como seguimiento oportuno a víctimas y canalización a quienes generan violencia escolar, evitando la revictimización.

También, se exhortó a los ayuntamientos para que implementen estrategias de prevención y protección en zonas escolares, especialmente en la periferia de las instituciones educativas, transporte escolar y trayectos de entrada y salida, mediante acciones de vigilancia preventiva y proximidad social, para fortalecer entornos seguros y reducir riesgos de violencia escolar.

El diputado local Alfonso «Poncho» Chávez presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado para avanzar hacia una democracia «más representativa, más equitativa, inclusiva y paritaria», con medidas que buscan cerrar brechas históricas y mejorar la representación en ayuntamientos.

En su exposición, Chávez señaló que Michoacán mantiene un déficit histórico en paridad: desde 1824, el estado no ha tenido una mujer gobernadora y, en el ámbito municipal, la proporción de mujeres electas como presidentas municipales sigue por debajo del 40%, con municipios que nunca han sido gobernados por una mujer.

Por ello, la iniciativa propone adicionar el artículo 20 Bis para establecer una alternancia de género obligatoria en la elección ordinaria de la gubernatura para partidos, coaliciones y candidaturas comunes, con el objetivo de convertir «el tiempo de las mujeres» en una realidad.

Además, plantea una metodología enfocada en los 20 municipios de mayor población, donde se concentra alrededor del 60% de las y los michoacanos, a fin de garantizar que ambos géneros compitan en condiciones reales de competitividad y evitar que las mujeres sean postuladas solo en espacios de baja posibilidad de triunfo.

Finalmente, Chávez explicó que la propuesta incluye reformas para que la asignación de regidurías de representación proporcional se realice conforme al orden de la planilla registrada, por cociente electoral y resto mayor, y que la candidata o candidato a la presidencia municipal que no gane por mayoría relativa ocupe la primera regiduría correspondiente, fortaleciendo la representación de minorías en los cabildos.

«La inclusión no debe ser un acto de caridad o de buena voluntad, sino un mandato jurídico que garantice la autonomía económica de las personas con discapacidad», afirmó la diputada Nalleli Pedraza Huerta al presentar una iniciativa de reforma estructural en la materia.

La legisladora señaló que, pese a los avances en las leyes, en Michoacán persiste un «vacío de transición» crítico que impide a este sector pasar de la formación especial a un empleo real y digno.

La propuesta, construida de la mano con expertos y ciudadanos, enfatiza que la verdadera inclusión requiere profesionalización docente, extensión de los tiempos de aprendizaje técnico y figuras de acompañamiento que aseguren que la persona no solo entre a trabajar, sino que permanezca en su puesto.

Pedraza Huerta detalló los obstáculos que hoy mantienen a miles de michoacanos en la exclusión como es el salto entre la escuela especial y el empleo es el punto donde más personas con discapacidad intelectual abandonan su camino profesional.

Apuntó que actualmente, los cursos técnicos duran apenas de 1 a 3 meses, tiempo insuficiente para consolidar habilidades técnicas, manuales o sensoriales; mientas que la ley vigente solo obliga al sector público a cumplir con una cuota del 5%, dejando la inclusión en las empresas a la «buena voluntad».

La morenista, recalcó que existe una nula oferta de capacitación en áreas de vanguardia como Inteligencia Artificial e idiomas, limitando el emprendimiento de alto impacto para este sector.

Por lo anterior, Nalleli Pedraza, explicó que la presente iniciativa plantea cuatro ejes de acción inmediata para transformar la realidad laboral en el estado:

1. Institucionalizar el Modelo de Transición Laboral Inclusiva y la figura del «Mentor Laboral», quien brindará acompañamiento técnico especializado por 12 meses.

2. Obligar a que los programas de formación duren mínimo un año, con ajustes razonables como manuales en lectura fácil y herramientas ergonómicas.

3. Extender la obligatoriedad del 5% a empresas privadas con más de 50 empleados y crear el certificado oficial de «Empresa Incluyente», que otorgará beneficios en licitaciones gubernamentales.

4. Incrementar los beneficios en el Impuesto sobre Nómina para las empresas que superen la cuota de contratación y realicen ajustes de infraestructura accesibles.

«Queremos que en Michoacán el talento de una persona con discapacidad sea valorado y remunerado con justicia. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que se respete el derecho humano al trabajo digno y a la independencia económica», puntualizó la representante popular.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza, señaló que la propuesta legislativa fue trabajada y respaldada por las y los parlamentarios ciudadanos: Guare Rocio Chassin Martínez, Jorge Alberto Hurtado Yepez, Guadalupe Yuritzi Hernández Alvarado, Everardo Casillas Gasco y Alberto Zúñiga López.

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado reafirmó su compromiso con las y los productores de mezcal de Michoacán, durante la Sesión Itinerante en Materia de Fiscalización de Bebidas Alcohólicas, realizada en el Congreso del Estado, donde participaron representantes del sector productivo, autoridades estatales y legisladores locales y federales, entre ellos el secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Diputado Reginaldo Sandoval Flores.

Durante el encuentro, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), destacó la importancia de construir mecanismos fiscales claros y justos, que permitan fortalecer la actividad económica de las y los mezcaleros, sin afectar a quienes generan empleo y preservan una de las tradiciones más representativas de Michoacán.

Espinoza Mercado señaló que el mezcal michoacano representa identidad, cultura y desarrollo regional, por lo que consideró fundamental escuchar las inquietudes del sector para impulsar políticas públicas que favorezcan su crecimiento y competitividad.

Asimismo, reconoció la disposición al diálogo entre las distintas autoridades y representantes de la industria, al subrayar que el trabajo coordinado permitirá avanzar hacia una regulación más eficiente y sensible a las necesidades de los productores locales.

«La industria mezcalera es parte del orgullo de nuestro estado. Desde el Congreso seguiremos impulsando acciones que fortalezcan a las y los productores, cuidando siempre el desarrollo económico y la permanencia de nuestras tradiciones», expresó la diputada.

Finalmente, Diana Espinoza reiteró su apertura para continuar trabajando de la mano con el sector y con todas las áreas involucradas, a fin de generar condiciones que permitan consolidar a Michoacán como referente nacional en la producción de mezcal de calidad.

El diputado Hugo Rangel encabezó la Sesión Itinerante del Grupo de Trabajo sobre Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas, un encuentro histórico que reunió a diputados federales y locales, autoridades estatales, representantes empresariales y productores artesanales de distintas regiones del estado para discutir una posible modernización del esquema tributario del IEPS, impuesto que actualmente afecta de manera significativa al sector productivo.

Durante la jornada, se destacó que Michoacán fue una de las primeras entidades en impulsar formalmente esta discusión ante el Congreso de la Unión, colocando en la agenda nacional la necesidad de revisar un modelo fiscal que, señalaron, genera desventajas para pequeños y medianos productores de bebidas con denominación de origen y fuerte arraigo cultural. El encuentro permitió además acercar el debate legislativo a las regiones directamente involucradas en la producción artesanal.

«El actual esquema fiscal castiga a quienes producen de manera artesanal y generan economía local. Lo que buscamos es construir una ruta más justa, que permita fortalecer a nuestros productores y reconocer el valor cultural y económico que representan para el país», expresó el diputado Hugo Rangel durante su intervención. Asimismo, destacó que entidades como Oaxaca y Durango se han sumado al esfuerzo legislativo impulsado desde Michoacán para consolidar un bloque nacional que promueva una reforma integral en la materia.

La sesión contó con la participación del diputado federal Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados; del diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, secretario de la misma comisión; de la diputada federal Vanessa López; del presidente del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García; y del secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández. También asistieron representantes de cámaras empresariales y productores como Manuel Nocetti Villicaña, José Heraclio de Lucas, Delia Vargas, Arno Villicaña, Crecenciano Ayala, Fernando Pacheco Hernández y Ana Villalpando, además de presidentes municipales de regiones con denominación de origen de mezcal, tequila y charanda.

Por su parte, representantes del sector productivo coincidieron en que la actualización del esquema fiscal permitiría generar mayor competitividad, incentivar la formalización y fortalecer cadenas económicas regionales ligadas a la producción artesanal. «Hoy damos un paso importante para que las voces de los productores sean escuchadas directamente en la construcción de políticas públicas», señalaron durante la sesión, que marcó un precedente al trasladar el análisis legislativo fuera de la capital del país y acercarlo a las comunidades productoras.