•⁠  ⁠La reforma fortalece la atención en primer nivel, campañas preventivas, salud mental perinatal y atención a niñas, niños y adolescentes con depresión y ansiedad.

*Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026*. – El Congreso del Estado aprobó un dictamen que transforma el abordaje de la salud mental en Michoacán, al integrar diversas iniciativas que ponen énfasis en la prevención, la detección oportuna y la atención integral. El diputado Abraham Espinoza Villa destacó que entre los avances de esta reforma se incluye el reconocimiento del personal médico interno y residente en formación como población de atención prioritaria, una propuesta que él mismo presentó ante la Soberanía.

Durante su intervención en tribuna, Espinoza Villa subrayó que hablar de salud mental hoy es abordar una de las realidades más urgentes que enfrenta la sociedad. «Durante muchos años fue un tema que permaneció en silencio, que pocas veces formaba parte de las prioridades de la política pública y que, en muchos casos, se enfrentaba con estigmas o con incomprensión. Hoy la realidad es distinta: la salud mental se reconoce cada vez más como una parte fundamental del derecho a la salud y del bienestar integral de las personas», expresó.

El legislador explicó que el dictamen aprobado fortalece el marco jurídico del estado en materia de salud mental y bienestar emocional a través de múltiples ejes. Entre los más relevantes, destacó la habilitación de áreas especializadas en salud mental dentro de los establecimientos del primer nivel de atención del Sistema Estatal de Salud, lo que permitirá acercar los servicios a la población y facilitar una atención oportuna.

Asimismo, se impulsan campañas permanentes de información, prevención y orientación, así como jornadas comunitarias coordinadas con los municipios, con especial énfasis en comunidades rurales y zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad.

«Cuando una sociedad cuida la salud mental de su gente, también fortalece sus familias, sus comunidades y sus instituciones», enfatizó el diputado.

El dictamen también prevé acciones específicas en salud mental perinatal, incluyendo información, prevención y atención especializada durante el embarazo y el periodo posterior al parto, particularmente frente a padecimientos como depresión o ansiedad.

«Quienes han pasado por esa etapa de formación conocen de cerca la intensidad de ese proceso. Se trata de años de aprendizaje profundo, de jornadas exigentes y de una gran responsabilidad frente a la vida y la salud de las personas. Cuidar el bienestar de quienes se forman como médicas y médicos también fortalece la calidad del servicio que recibe la población», señaló el legislador.

Incluir esta disposición en la legislación permitirá visibilizar esa realidad y fortalecer las acciones de acompañamiento y atención en salud mental dentro del propio sistema de salud.

El diputado concluyó su intervención señalando que fortalecer la salud mental es fortalecer el presente y el futuro de la sociedad. «Las políticas públicas en esta materia permiten prevenir problemáticas que afectan a miles de familias, promover el bienestar emocional y construir comunidades más sanas, más solidarias y con mayores oportunidades de desarrollo. El dictamen que hoy se presenta representa un paso importante para seguir construyendo un marco jurídico más sensible, más preventivo y más cercano a las necesidades reales de la población», finalizó.

•⁠  ⁠La diputada local explicó que este tipo de violencia de género es muy compleja, porque afecta todo el núcleo familiar.

*Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026*.- La violencia de género que se ejerce contra una jefa de familia no sólo la afecta a ella, sino a toda su familia, reflexionó la diputada local Vanessa Caratachea.

A nombre del Frente Parlamentario para las Mujeres, la diputada del PAN presentó una iniciativa para distinguir este tipo de violencia en la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán, pues genera consecuencias específicas.

“Cuando la violencia llega la vida de una mujer jefa de familia, el daño no se queda en ella, el daño se expande, se instala en el hogar, afecta la estabilidad emocional de niñas y niños, impacta la economía familiar y, en muchos casos, rompe por completo el equilibrio de toda una familia”, reflexionó la diputada del PAN.

La iniciativa de reforma, firmada por las 20 diputadas, parte de que este tipo de violencia de género afecta todo el núcleo familiar, no sólo a la mujer.

“Esta iniciativa no es de una sola voz, es el resultado del esfuerzo conjunto de mis compañeras diputadas de este Congreso, que nos unimos en una alianza parlamentaria; quienes entendemos que cuando una mujer avanza, avanzamos todas y que cuando una mujer sufre violencia, nos duele a todas”, destacó Vanhe Caratachea.

Además de la clasificación de la violencia de género contra mujeres jefas de familia, la iniciativa propone plasmar en la ley la obligación de la Secretaría de Educación de llevar a cabo campañas de sensibilización sobre violencia de género, con énfasis en la que se ejerce contra jefas de familia y difusión de los mecanismos institucionales para atender tanto a las mujeres que son víctimas como a sus dependientes.

“Esta propuesta busca incorporar en nuestra legislación el reconocimiento de la violencia contra mujeres jefas de familia, entendiendo que se trata de un contexto que incrementa la vulnerabilidad y que genera impactos directos en quienes dependen de ellas. Asimismo, plantea fortalecer la prevención, especialmente en el ámbito educativo, para visibilizar esta realidad y promover una cultura de respeto, sensibilización, información, de igualdad y de no discriminación”, puntualizó la diputada de La Piedad.

Concluyó con un llamado al pleno a aprobar esta reforma para dejar en claro el mensaje de que en Michoacán no se va a normalizar la violencia.

*Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026*.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Estatal y los ayuntamientos mediante el uso de plataformas digitales en materia de salud, la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado.

En ese sentido propone que, la Secretaría de Salud del Estado habilite a los municipios accesos, perfiles y herramientas necesarias para la operación y carga de información en las plataformas digitales de registro, información y análisis ya existentes.

Ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, expuso que con ello, se busca mejorar la gestión, el intercambio de datos y la toma de decisiones dentro del sistema de salud, permitiendo una atención más eficiente, oportuna y basada en información actualizada desde el territorio.

Asimismo, dio a conocer que la iniciativa establece la obligación de los ayuntamientos que participen en la prestación de servicios médicos de registrar, actualizar y transmitir de manera responsable la información que generan, bajo estándares comunes y con pleno respeto a la protección de datos personales.

Al respecto, la legisladora destacó que esta reforma no implica la creación de nuevas estructuras, sino el fortalecimiento del modelo de coordinación ya existente, alineándolo con las recientes disposiciones federales en materia de interoperabilidad de datos en salud.

“La información hoy es fundamental para salvar vidas, dar seguimiento a tratamientos y responder de manera oportuna ante emergencias sanitarias. Necesitamos un sistema ordenado, interoperable y con responsabilidades claras entre autoridades”, señaló.

Finalmente, Xóchitl Ruiz subrayó que la iniciativa impulsa un esquema de corresponsabilidad institucional, donde el Estado garantiza la infraestructura tecnológica y los lineamientos, mientras que los municipios aportan información desde el territorio, avanzando así hacia un sistema de salud más moderno, eficiente y centrado en las personas.

*Morelia, Michoacán a 18 de marzo de 2026*.- La diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante de la Bancada de Morena, presentó ante el Congreso de Michoacán, una iniciativa para reformar la Ley Contra las Adicciones en el Estado, para atender la dependencia a medicamentos sedantes e hipnóticos utilizados para inducir el sueño.

Ello en el marco del Día Mundial del Sueño, para fortalecer las atribuciones de los Centros de Atención Integral en materia de adicciones para detectar, atender y dar seguimiento a los casos de dependencia a estos medicamentos.

Según la diputada Iturbide Díaz, el uso irracional de medicamentos para dormir es un problema creciente que puede generar dependencia, alteraciones cognitivas, accidentes y graves afectaciones a la salud física y mental.

La iniciativa propone agregar una fracción al artículo 38 de la Ley Contra las Adicciones, que establezca la obligación de los Centros de Atención Integral de detectar, evaluar y canalizar los casos de dependencia a medicamentos hipnóticos, sedantes o psicotrópicos utilizados para inducir el sueño.

«Promover la salud del sueño y prevenir el uso indebido de medicamentos para dormir no sólo contribuye a evitar enfermedades y adicciones, sino que también mejora la calidad de vida de las personas y fortalece el bienestar colectivo», afirmó la diputada Iturbide Díaz.

La iniciativa será analizada por la Septuagésima Sexta Legislatura local y buscará promover la salud del sueño, “pues el insomnio no se resuelve únicamente con una pastilla”, se requiere descanso adecuado, y otros factores biológicos, psicológicos y sociales para ser atendido de manera integral.

*Morelia, Michoacán, 18 d marzo de 2026*.- Con el objetivo de fortalecer los principios de  transparencia, la rendición de cuentas y la gobernabilidad, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó las glosas en materia de derechos humanos y justicia en relación al Cuarto Informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal.

En sesión extraordinaria las diputadas y los diputados locales avalaron el dictamen elaborado por la comisión de Derechos Humanos, mediante el cual se exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que implemente acciones en materia de reclutamiento forzado con énfasis en niñas, niños y adolescentes; fortalezca la seguridad pública como garantía del derecho a la vida y a la seguridad personal; y a que tenga una coordinación institucional en atención integral a víctima.

Además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y sanción a violaciones cometidas por servidores públicos: reforzar protección y políticas específicas para grupos en situación de vulnerabilidad; todo ello, a fin de contribuir de manera sustantiva al fortalecimiento del Estado de Derecho, la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos en Michoacán.

Paralelamente, la Comisión de Justicia presentó el dictamen correspondiente del estudio y análisis del rubro denominado “Armonía, Paz y Reconciliación”, del Cuarto Informe de Gobierno del Estado, mismo que fue aprobado por las y los integrantes de la 76 Legislatura.

Finalmente, en dicho asunto se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad realicen las acciones y programas necesarios a efecto de fortalecer la impartición de justicia en la entidad conforme a lo establecido en la reforma Constitucional del Poder Judicial.

•⁠  ⁠Capacita Congreso del Estado a sus colaboradores en materia de acoso y hostigamiento sexual

*Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026*.- Ante la importancia de construir espacios laborales seguros, bajo un ambiente de libertad y respeto, donde nadie tenga miedo, ni se vulnerado, el Congreso del Estado llevó a cabo la capacitación “Claves para prevenir y erradicar el acoso sexual en el trabajo”, dirigido al personal del Poder Legislativo.

En el Salón de Recepciones, el Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García señaló que el acoso y el hostigamiento sexual “no deben tener cabida en ninguna institución pública y mucho menos en este Poder legislativo” y, que  el respeto a la dignidad y a la integridad de las personas debe ubicarse en el centro del trabajo y de la convivencia diaria.

“El Congreso del Estado no sólo es un espacio donde se crean leyes, es también un lugar donde se deben vivir los valores de esas leyes que se promueven y uno de esos valores fundamentales es el respeto absoluto entre todas y todos”, precisó.

Acompañado del Secretario General del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade vargas y de la ponente, Dra. Ericka Cervantes Pacheco, el legislador puntualizó que hablar de acoso y de hostigamiento sexual no siempre es fácil, por tratarse de temas que durante mucho tiempo se han silenciado, minimizado o incluso, normalizado.

“Decidimos enfrentarlos, visibilizarlos y sobre todo erradicarlos completamente. Este curso tiene una finalidad muy clara: informar, sensibilizar, transformar e informar para que todas y todos sepamos identificar las conductas que constituyen el acoso y el hostigamiento sexual”, señaló.

Agregó que erradicar el acoso y el hostigamiento conlleva un proceso que requiere compromiso permanente, voluntad y sensibilidad humana. “Los invito a que sigamos construyendo un Congreso donde prevalezca el respeto, donde la dignidad de las personas sea siempre lo más importante porque cuando cuidamos a las personas fortalecemos a las instituciones y cuando las fortalecemos, construimos un mejor Michoacán”

Durante la ponencia se definió que el acoso y el hostigamiento sexual son dos formas de violencia que conllevan humillación e intimidación, que dañan la salud, la integridad, las oportunidades profesionales y los derechos humanos de quienes la padecen
El hostigamiento se da en una relación jerárquica y de subordinación, que se presenta a través de conductas verbales y/o físicas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Mientras que el acoso sexual se da entre personas con el mismo nivel jerárquico, a través de un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado indefenso y riesgo para la víctima, independientemente que se de en uno o varios eventos.

*La propuesta busca frenar incrementos excesivos en alquileres y proteger la economía de las familias y pequeños comercios.

*Morelia, Michoacán, a 18 de marzo del 2026*.- La diputada Nalleli Pedraza Huerta presentó una iniciativa con el objetivo de garantizar rentas justas en el estado, proponiendo que los aumentos anuales de alquiler no superen la inflación oficial, sino que se ajusten estrictamente al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Desde la máxima tribuna, la legisladora señaló que actualmente en Michoacán existen disposiciones que permiten incrementos de hasta el 10 por ciento anual, lo cual resulta desproporcionado frente a los niveles reales de inflación y afecta directamente el poder adquisitivo de las familias.

“Hoy acudo con un objetivo claro y urgente: poner fin a los incrementos excesivos en las rentas que impactan a miles de familias y pequeños comerciantes en nuestro estado”, expresó.

La iniciativa busca reconocer el acceso a la vivienda como un derecho fundamental ligado a la dignidad humana y la estabilidad social, al tiempo que plantea actualizar un marco normativo que calificó como anacrónico.

Pedraza Huerta destacó que esta propuesta beneficiará particularmente a las mujeres jefas de familia, quienes destinan gran parte de sus ingresos al pago de vivienda, así como a las pequeñas y medianas empresas que enfrentan incrementos que ponen en riesgo su permanencia.

Asimismo, subrayó que esta medida también contribuye a la paz social y la justicia, al evitar fenómenos como el desplazamiento por encarecimiento de rentas y la gentrificación en colonias tradicionales.

La diputada recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado recientemente que establecer límites a los incrementos de renta con base en la inflación es una medida constitucional y necesaria para evitar abusos en el mercado inmobiliario.

De igual forma, precisó que la propuesta no representa un perjuicio para las y los propietarios, sino que busca generar una relación equilibrada entre arrendadores e inquilinos, donde se respete el valor real del dinero sin permitir prácticas injustas.

Finalmente, Nalleli Pedraza hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta iniciativa, con el fin de avanzar hacia un mercado inmobiliario más justo, transparente y humano.

“Es momento de que la ley proteja el bolsillo de las michoacanas y michoacanos, y de frenar los abusos del mercado”, concluyó.

•⁠  ⁠Michoacán se encuentra entre los estados con mayor incidencia de matrimonios infantiles, una práctica que arrebata la infancia a miles de niñas y niños.

*Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026*. – Con un llamado contundente a proteger a las infancias, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, subió a la tribuna con la reforma que erradica de manera definitiva el matrimonio infantil en el estado. La legisladora recordó que esta reforma nació de una iniciativa que ella misma presentó hace algún tiempo, impulsada por la convicción de que «ninguna niña ni ningún niño vuelva a ver su infancia arrebatada por responsabilidades de adulto».

Durante su intervención, Arreola Ruiz enfatizó que esta reforma no es un mero trámite legislativo, sino una decisión de Estado para garantizar el interés superior de la niñez. «Hoy estamos decidiendo si como Estado vamos a proteger de verdad a nuestras niñas, niños y adolescentes, o si vamos a permitir que sigan cargando con un futuro que no eligieron y violencias que no les corresponden», expresó desde la tribuna.

La diputada del PVEM subrayó que el matrimonio infantil no es una tradición ni una decisión libre, sino una consecuencia directa de la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. De acuerdo con cifras presentadas en el Congreso, en México se registran aproximadamente 153 mil matrimonios al año en los que al menos una de las personas es menor de 18 años. Michoacán se encuentra entre las entidades con mayor incidencia, superando en algunas regiones el 10% de los registros .

«Detrás de cada cifra hay un niño o una niña que deja la escuela y abandona sus sueños por una nueva vida que no eligió, para la que no estaba preparada y que le roba su derecho a ser niño», añadió la legisladora.

Diversos organismos internacionales han documentado que las uniones tempranas tienen consecuencias devastadoras para el desarrollo integral de las infancias. Según datos citados por la diputada, quienes contraen matrimonio antes de los 18 años tienen hasta un 50% menos de probabilidades de concluir la educación secundaria . Además, esta práctica expone a las niñas a mayores riesgos de violencia doméstica, embarazo precoz y abandono escolar, perpetuando ciclos de pobreza y vulnerabilidad que impactan a familias y comunidades enteras .

«Casarse a temprana edad implica enfrentar mayores riesgos de violencia, de embarazo precoz y de abandono escolar. Esto no solo afecta su presente, también limita su futuro», advirtió Arreola Ruiz.

La reforma aprobada fortalece el marco legal para garantizar que la mayoría de edad sea un requisito indispensable para contraer matrimonio, poniendo en el centro el interés superior de la niñez y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con esta modificación, se eliminan cualquier dispensa o excepción que permitiera a menores de 18 años casarse, cerrando la puerta a prácticas que durante años han vulnerado los derechos humanos de las infancias en comunidades indígenas y rurales, erradicando así el matrimonio infantil en Michoacán.

«Las niñas y los niños no están hechos para ser esposas, esposos, madres o padres. Están hechos para aprender, para jugar, para crecer protegidos y acompañados. Su lugar está en la escuela, en sus hogares, en espacios seguros donde puedan desarrollarse plenamente», sentenció la diputada.

Con la aprobación de este dictamen, Michoacán se suma a las entidades que han armonizado su legislación para erradicar el matrimonio infantil, enviando un mensaje claro de que las infancias deben ser protegidas y que su lugar está en la escuela, el juego y el desarrollo pleno, no en uniones forzadas que limitan su futuro.

• Octavio Ocampo propone reglas claras, procesos más rápidos y que el Estado asuma su responsabilidad sin trabas para las familias.

*Morelia, Michoacán a 18 de marzo de 2026*.- En sesión de la 76 Legislatura, el diputado Octavio Ocampo presentó la iniciativa “Ley Ángeles Esquivel”, con la intención de que, si una autoridad provoca la muerte de una persona, el Estado tenga la obligación de reparar el daño a su familia de forma clara y sin retrasos. “Cuando el Estado causa un daño, el Estado debe repararlo de manera pronta, justa y efectiva”, señaló el legislador.

La propuesta se deriva de los hechos ocurridos en diciembre pasado en Zitácuaro, donde una joven perdió la vida a consecuencia de la actuación de un elemento municipal de tránsito. Este caso motivó el planteamiento legislativo, al evidenciar la necesidad de revisar los mecanismos institucionales para que las víctimas y sus familias accedan a procedimientos de reclamación y compensación en condiciones claras.

Durante la presentación, Octavio Ocampo explicó que la iniciativa propone reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios para establecer criterios específicos en casos de fallecimiento, incluyendo la imprescriptibilidad del derecho a reclamar indemnización, la posibilidad de iniciar procedimientos de oficio cuando la responsabilidad sea evidente y la incorporación de vías abreviadas para resolver los casos. “Esta iniciativa busca que las familias no enfrenten procesos prolongados ni cargas probatorias excesivas, y que el Estado asuma su responsabilidad cuando exista un daño derivado de su actuación”, señaló.

El legislador indicó que la “Ley Ángeles Esquivel” plantea ajustes normativos para garantizar indemnizaciones conforme a criterios del Código Civil, así como reglas claras en los procedimientos administrativos, con el propósito de que la reparación del daño sea efectiva. De acuerdo con el diputado Octavio Ocampo, esta iniciativa establece un mecanismo legal orientado a asegurar que, ante la pérdida de la vida por actuación irregular de autoridades, el Estado responda de manera oportuna y conforme a derecho.

*Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026*.– Con el objetivo de garantizar una atención efectiva y oportuna a las denuncias por violencia de género, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma para sancionar la omisión, el retraso injustificado y la negligencia de las autoridades en la atención de estos casos.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que esta propuesta surge de una alianza entre diputadas que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, decidieron pasar de la conmemoración a la acción, con el compromiso de atender una de las problemáticas más urgentes que enfrentan las mujeres en México y Michoacán.

Grecia Aguilar subrayó que la violencia contra las mujeres continúa siendo una realidad alarmante, al referir que más del 70 por ciento de ellas han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que diariamente más de 10 mujeres son asesinadas en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, señaló que en Michoacán las cifras de homicidios de mujeres y denuncias por violencia familiar se mantienen constantes y en aumento, reflejando una problemática estructural que no puede seguir siendo ignorada por las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad.

Como parte de su posicionamiento, la diputada expuso el caso representativo de “María”, una mujer que, tras denunciar violencia y solicitar apoyo institucional, no recibió atención oportuna, lo que derivó en un desenlace fatal. Este ejemplo, indicó, evidencia las fallas en los mecanismos de respuesta y la urgencia de establecer responsabilidades claras cuando las autoridades no actúan.

La iniciativa propone establecer como falta administrativa grave la omisión, el retraso injustificado o la negligencia en la atención de denuncias, órdenes de protección o medidas relacionadas con violencia contra las mujeres; además de que, en casos de feminicidio o desaparición con antecedentes de denuncia, se inicie de oficio una investigación administrativa para revisar la actuación de las autoridades.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado enfatizó que la propuesta no crea nuevos delitos ni vulnera el debido proceso, sino que busca cerrar vacíos legales que han costado vidas, fortalecer a las instituciones y garantizar que ninguna denuncia sea ignorada, reiterando que cuando una mujer denuncia, el Estado tiene la obligación de responder con eficacia y responsabilidad.