En sesión del Congreso del Estado, César Osuna Belmonte rindió protesta como diputado local, en suplencia del legislador Juan Carlos Barragán.

Durante el acto, se comprometió a fortalecer el trabajo legislativo y dar continuidad a la agenda de territorio, cercanía con la ciudadanía y transformación que se impulsan en coordinación con Barragán.

«Seguimos construyendo un equipo fuerte, cercano a la gente y comprometido con la transformación. Lo más importante es que el trabajo no se detenga y que las causas del pueblo sigan teniendo voz todos los días en el Congreso», expresó.

Con esta toma de protesta, se reafirma el compromiso de seguir trabajando en unidad, fortaleciendo los proyectos y acciones que buscan mejores condiciones de vida para las familias de Morelia y de todo Michoacán.

A propuesta del diputado Baltazar Gaona García, el Congreso del Estado exhortó a la Rectora de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que atienda a la brevedad las peticiones laborales del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y se ponga fin a la huelga que mantiene cerradas las instalaciones de la misma.

Asimismo, exhortaron a la Rectora Yarabí Ávila González, para que atienda a la brevedad las peticiones laborales del Comité Legado Vindicación UMSNH conformado por viudas, viudos, huérfanos y beneficiarios de profesores y trabajadores fallecidos de la misma universidad.

«Que establezca un calendario de pagos con los miembros de dicho Comité; y les pague sin más dilaciones pago de marcha, seguro de vida y demás prestaciones establecidas en los contratos Colectivos del Trabajo que nos les han sido pagadas desde 2018 y hasta la fecha», precisa el acuerdo aprobado por mayoría de votos.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Baltazar Gaona destacó la importante tarea que desempeña la Universidad Michoacana; por ello, el Congreso del Estado, «ha venido apoyando a la UMSNH a efecto de fortalecerla y mejorar sus condiciones, ya que al mejorar a la universidad de manera directa se está apostando por el mejoramiento del desarrollo del estado», expuso.

Recordó que estas acciones de fortalecimiento no solo quedaron en políticas públicas administrativas y temporales, sino que se estableció, desde nivel constitucional, un presupuesto directo y suficiente para que nuestra máxima casa de estudios pueda cumplir sin limitaciones con su actividad sustantiva de educar a profesionistas de calidad en beneficio de toda la sociedad michoacana.

«Con ello, se esperaba dejar a tras los problemas añejos que venían debilitando el papel tan trascendente que desempeña la Universidad Michoacana, sin embargo y contrario a lo esperado vemos con tristeza, una vez más que se encuentra paralizada por un conflicto laboral de corte económico», lamentó el legislador.

Para concluir, Gaona García puntualizó que esta huelga no solamente afecta a la comunidad universitaria, sino a toda la economía que se sostiene con la vida pública de la universidad michoacana, «de allí la importancia de poner manos en el asunto juntos logremos que la vida universitaria vuelva a la actividad cotidiana, en beneficio de las y los estudiantes universitarios y de un desarrollo integral de Michoacán», finalizó.

Por unanimidad, las y los integrantes de la 76 Legislatura acordaron enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa mediante la cual se propone reformar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos.

La propuesta presentada por la diputada Adriana Campos Huirache y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene el objetivo tipificar aquellas situaciones donde el aprovechamiento del trabajo ajeno no es producto de un acuerdo libre, sino del ejercicio de coacción moral, engaño o violencia.

En particular lo que proponen las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura a sus homólogos a nivel federal, es que se especifique que la explotación laboral es también cuando mediante dolo, mala fe o la violencia física, psicológica o moral, y así estas acciones sean sancionadas con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa.

Lo anterior, permitirá que el Estado intervenga no solo desde una perspectiva administrativa y laboral, sino bajo un régimen de protección de derechos humanos, garantizando que cualquier beneficio económico obtenido mediante la anulación de la voluntad del trabajador sea castigado como una violación grave a su libertad.

Finalmente, el Pleno del Congreso del Estado señaló la importancia de integrar estos elementos, y así, no solo atender a una justicia social, sino perfeccionar el sistema de los derechos fundamentales y cerrar el paso a la impunidad en las relaciones asimétricas.

«Al reconocer que el dolo, la mala fe y la violencia son mecanismos de anulación de la libertad, se garantiza que el trabajo sea siempre una vía de realización personal y nunca un espacio de degradación y sometimiento», concluyeron las y los legisladores en el decreto aprobado.

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia para grupos históricamente discriminados y combatir la impunidad en los crímenes motivados por odio y discriminación, el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán para redefinir y robustecer el delito de homicidio por prejuicio.

La propuesta incorpora elementos como violencia estructural, perspectiva de diversidad sexual y criterios específicos para la acreditación del delito.

Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la legislación vigente resulta insuficiente para atender la complejidad de las violencias ejercidas contra personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y otros sectores históricamente vulnerados. «La falta de precisión técnica termina invisibilizando estas violencias y diluyéndolas en la categoría de homicidios comunes.

El Estado no puede seguir siendo ciego frente a crímenes que nacen del odio y la discriminación», sostuvo. Asimismo, enfatizó que la reforma busca reconocer que «no todas las violencias tienen el mismo origen ni el mismo impacto social».

La iniciativa plantea que el homicidio por prejuicio sea entendido como aquel cometido por motivos de odio, rechazo, discriminación o violencia estructural derivados de características reales o percibidas de la víctima, incluyendo orientación sexual, identidad y expresión de género, origen étnico o racial, condición social, discapacidad, religión o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana.

Además, se establecen penas de veinte a sesenta años de prisión y multas económicas para quienes incurran en este delito. «Nombrar el prejuicio como elemento central del delito es reconocer que el derecho penal debe estar al servicio de la dignidad humana» expresó Hugo Rangel.

La propuesta también incorpora obligaciones específicas para la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones de seguridad pública, quienes deberán adecuar protocolos y capacitar a su personal en materia de derechos humanos, identidad de género y violencia estructural. Particularmente, se establece una tutela reforzada para víctimas pertenecientes a la población LGBTTTIQ+, especialmente mujeres trans.

«Esta tribuna hoy se convierte en un frente de batalla para honrar la memoria de quienes fueron silenciados por el odio y la intolerancia. Michoacán ya no puede ser terreno donde el prejuicio sea una sentencia de muerte sin castigo», concluyó el legislador petista.

«Hoy en día llevamos prácticamente toda nuestra vida en un teléfono celular: el banco, el contacto con nuestras familias, incluso trámites federales. Sin embargo, en Michoacán nuestra Ley de Movilidad se ha quedado atrapada en el pasado», denunció el diputado Abraham Espinoza Villa, del PVEM, al presentar una iniciativa para digitalizar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación.

El legislador explicó que, bajo la propuesta, ambos documentos en formato digital tendrán plena validez jurídica ante cualquier autoridad de tránsito, tal como ya ocurre en la Ciudad de México y el Estado de México.

La propuesta destaca por tres ejes fundamentes:

1.⁠ ⁠Modernización real: La licencia digital será equivalente al plástico. Michoacán se pondrá a la vanguardia con documentos que pueden portarse en el celular.

2.⁠ ⁠Seguridad y certeza jurídica: Los documentos digitales incluirán un código QR dinámico, difícil de falsificar, que permitirá a los agentes de tránsito verificar en tiempo real autenticidad y vigencia, eliminando discrecionalidad.

3.⁠ ⁠Justicia financiera (gratuidad): «Si un michoacano ya pagó por su licencia, la versión digital debe ser gratuita. Si cambia de celular o pierde su dispositivo, recuperar su documento digital no debe costarle un solo peso», enfatizó Espinoza Villa.

El diputado puso un ejemplo cotidiano: «Un conductor honesto, que pagó su licencia, que aprobó sus exámenes, pierde su plástico. Entonces tiene que volver a tramitarla y pagar de nuevo, como si su derecho a conducir hubiera desaparecido junto con el plástico. Pero ese derecho sigue vigente en los registros del Estado. Lo que se perdió fue el soporte material, no el derecho».

La iniciativa reforma la Ley de Movilidad y la Ley de Hacienda estatal para blindar la gratuidad de la versión digital e impedir que cualquier dependencia cobre por ella.

Espinoza Villa destacó que la administración del maestro Alfredo Ramírez Bedolla ha impulsado la digitalización de trámites y servicios. «Esta iniciativa va en esa misma ruta: menos burocracia, más tecnología y más soluciones prácticas para la gente», señaló.

«Pongamos la tecnología al servicio de la gente y no al revés. Es momento de que Michoacán dé el paso definitivo hacia el gobierno digital», concluyó.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura actualizó la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo y determinó que quienes aspiren a ser titular del Instituto de la Juventud Michoacana, deberán contar con una residencia de al menos tres años en la entidad.

En Sesión Extraordinaria, las y los diputados votaron a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Jóvenes y Deporte, sobre la iniciativa presentada por Carlos Alejandro Bautista Tafolla, mediante el cual se modificaron la fracción XXIII del artículo 2, fracción I del artículo 7, fracción I del artículo 10, así como los artículos 11 y 35 de la citada ley.

Conforme al Dictamen elaborado por las legisladoras Grecia Jennifer Aguilar Mercado y Sandra María Arreola Ruíz, con las reformas se busca armonizar la legislación vigente al sustituir la referencia a la «Secretaría de Política Social» por la «Secretaría del Bienestar».

Ello, para «garantizar certeza jurídica y congruencia con la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, favoreciendo a las y los jóvenes michoacanos».

Con la reforma al artículo 10, se estableció como requisito para ser nombrado Director General del Instituto de la Juventud, ser ciudadano michoacano con residencia comprobada de cuando menos 3 años.

En sus consideraciones, las integrantes de la comisión dictaminadora coincidieron que aumentar dos años más de residencia en Michoacán, al que se establecía como requisito, es tiempo suficiente para que se genere experiencia y arraigo en materia de políticas públicas.

«Esta reforma responde a la necesidad de que quien encabece dicha institución posea un conocimiento real de la situación social, cultural y económica del estado, así como de las necesidades y demandas de las juventudes en sus distintas regiones», precisa el Dictamen

En consecuencia, con la reforma se busca fortalecer al Instituto de la Juventud Michoacana, garantizando que su dirección recaiga en una persona con arraigo local, experiencia y cercanía con la realidad de las y los jóvenes michoacanos.

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, en su exposición de motivos, señaló que al actualizar la ley, se refuerza el principio de legalidad, garantizando que los actos de autoridad se realicen en estricto apego a lo dispuesto por la legislación vigente.

«Ello permite que las y los jóvenes cuenten con un instrumento legal claro, moderno y plenamente congruente con las instituciones encargadas de atender sus demandas y necesidades», detalló.

La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa que busca cambiar la forma en que el Congreso se comunica con la ciudadanía, al proponer que cada dictamen legislativo tenga también una «versión ciudadana»: un documento breve, sencillo y claro que explique qué se aprobó, por qué se aprobó y cómo impactará en la vida diaria de las personas.

«¿De qué sirve publicar toda la información legislativa si la gente no la puede entender?», cuestionó desde tribuna.

Giulianna Bugarini señaló que hoy muchas leyes, acuerdos y dictámenes terminan alejados de la ciudadanía porque están escritos en un lenguaje técnico que pocas personas comprenden. Afirmó que cuando la información pública no puede entenderse, en los hechos deja de ser verdaderamente pública.

«Se cumple con la formalidad de publicar, pero no con el sentido democrático de informar», expresó la legisladora, al advertir que el lenguaje complicado también se convierte en una forma de exclusión.

La diputada explicó que la propuesta no busca eliminar el rigor técnico de los documentos legislativos, sino acompañarlo con claridad para que cualquier persona pueda saber cómo le afectan las decisiones del Congreso. Puso como ejemplo los dictámenes de presupuesto, que muchas veces tienen cientos de páginas y términos especializados, pero que deberían traducirse también en mensajes simples para la ciudadanía: si habrá más recursos para una colonia, si aumentará o disminuirá un programa o qué impacto tendrá una decisión en la vida cotidiana de las familias.

Finalmente, Giulianna Bugarini afirmó que esta iniciativa forma parte de una visión más amplia de transformación democrática y cercanía con la gente. Recordó que así como ha impulsado que los gobiernos municipales salgan a territorio y escuchen directamente a la ciudadanía, ahora también plantea que el Congreso aprenda a explicar y hacerse entender.

«El pueblo no solo tiene derecho a saber, tiene derecho a entender», sostuvo. Además, aseguró que una democracia real no se construye solamente escuchando a la gente, sino también hablando claro y haciendo accesible el lenguaje del poder.

«En este Congreso no se legisla más a espaldas del pueblo; hoy, las propuestas de quienes viven día a día con una discapacidad son nuestra prioridad», aseguró la diputada Nalleli Pedraza, al presentar formalmente una iniciativa histórica que busca impulsar la justicia social y accesibilidad real en Michoacán.

Tras un diagnóstico profundo realizado por las y los parlamentarios del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad 2026, Pedraza subrayó que Michoacán enfrenta deudas históricas que no pueden esperar más, especialmente en temas de exclusión lingüística para la comunidad sorda y la precarización de la educación especial.

La iniciativa presentada por la legisladora busca derribar las barreras financieras y educativas que afectan a las familias michoacanas, proponiendo puntos clave como:
•⁠ ⁠Reconocer la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua materna y garantizar docentes sordos en las aulas.
•⁠ ⁠Crear un recurso económico blindado que no pueda ser reducido, destinado a financiar materiales y adecuaciones educativas.
•⁠ ⁠Obligar a la traducción de las leyes estatales a formatos visuales y señalizados para que la comunidad sorda tenga defensa jurídica real.
•⁠ ⁠Garantizar el acceso digital para estudiantes con discapacidad, eliminando la brecha de aprendizaje.

Nalleli Pedraza fue enfática en reconocer que esta propuesta es un triunfo de la participación ciudadana, destacando el trabajo de las y los parlamentarios: David Gerardo Guzmán, Pilar Berenice Marín, Sigrid Navarro, Mónica Zúñiga, Nallely Alejandra Salinas, Gemma Méndez y Alberto Zúñiga.

«Mi papel es ser el puente para que sus sueños y necesidades se conviertan en leyes. No es justo que las familias tengan que pagar de su bolsillo por un ‘guía sombra’ o que los servicios de salud y justicia no tengan intérpretes certificados. Estamos aquí para cambiar eso», afirmó Pedraza.

Con esta iniciativa, Nalleli Pedraza reafirma que su compromiso es con la transformación real, donde la inclusión no sea solo una palabra, sino un derecho garantizado por el Estado.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la diputada local por Maravatio Jackie Avilés presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán, con el objetivo de que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio, garantizando una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades.

«Hoy más que nunca debemos actuar con firmeza para proteger a quienes más lo necesitan. No podemos permitir que nuestras familias vivan en entornos de violencia.» expresó.

La iniciativa busca eliminar la necesidad de que exista una denuncia formal para que las autoridades actúen, permitiendo así una intervención oportuna en casos de violencia dentro del hogar, donde muchas veces las víctimas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Con esta iniciativa, se da un paso importante para garantizar hogares seguros, especialmente para mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, fortaleciendo el papel del Estado en la prevención y atención de la violencia familiar.

A escasos días de la conmemoración del Día del Trabajo, el diputado Hugo Rangel presentó ante el pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura una iniciativa de reforma integral para garantizar la democracia y libertad sindical en el sector público.

El legislador destacó que este acto de congruencia busca saldar una deuda con la clase trabajadora, ya que Michoacán se encuentra en una omisión legislativa al no haber armonizado su norma local con el decreto federal vigente desde diciembre de 2025.

La propuesta de decreto adiciona el artículo 69 Quáter a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, estableciendo un catálogo de 19 conductas prohibidas que vulneran la neutralidad institucional. Entre los actos de injerencia que se pretenden erradicar se encuentran la utilización de programas sociales para inducir el voto, el desvío de fondos públicos para favorecer planillas y la intimidación jerárquica sobre los subordinados.

Al respecto, Rangel Vargas fue enfático desde la tribuna: «Hoy, al legislar sobre la autonomía sindical, además de cumplir con un mandato técnico, estamos honrando la memoria de las luchas populares que nos trajeron hasta aquí».

Uno de los pilares de la reforma, dijo, es la vinculación directa con la Ley de Responsabilidades Administrativas, de modo que cualquier intromisión gubernamental sea catalogada como una falta administrativa grave. Esto faculta al Tribunal en Materias Administrativa y Anticorrupción para imponer sanciones ejemplares a los infractores, tales como la suspensión, la sanción económica, la destitución del cargo o la inhabilitación temporal para el servicio público.

La iniciativa, explicó, busca proteger al trabajador de base frente a la asimetría de poder que representan los mandos de confianza y las estructuras institucionales.

Finalmente, el diputado señaló que esta reforma garantiza la observancia de los estándares internacionales de la OIT, asegurando que el Estado actúe únicamente como garante de la legalidad y no como un actor que secuestre la voluntad gremial.

Al cerrar su intervención Hugo Rangel sentenció: «Michoacán no será más el terreno donde el cargo público se utilice para secuestrar la voluntad de los trabajadores. Devolvamos el sindicato a su legítimo dueño, el pueblo trabajador».