El diputado local Alfonso Chávez presentó una propuesta para fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en Michoacán, al señalar que aunque se ha avanzado en reconocerlos como sujetos plenos de derechos, «ese reconocimiento muchas veces se queda en el discurso» y no logra transformar la realidad.

El legislador advirtió que aún hay infancias que enfrentan violencia, abandono y desigualdad, por lo que el Estado «no puede ser reactivo, tiene que ser preventivo, cercano y profesional». En ese marco, sostuvo que no basta con leyes bien redactadas si quienes están en contacto directo con las infancias no cuentan con herramientas para hacerlas valer.

Chávez destacó que trabajadoras y trabajadores sociales suelen ser «el primer rostro del Estado»: detectan riesgos, acompañan y canalizan, y sus decisiones pueden cambiar vidas; por ello, la iniciativa plantea «la capacitación obligatoria, continua y especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes», no como trámite, sino como herramienta para garantizar el interés superior de la niñez.

Además, señaló un problema estructural: la falta de coordinación efectiva entre el nivel estatal y los municipios. Indicó que los DIF municipales son la primera línea de atención, pero muchas veces operan aislados, sin criterios homologados ni mecanismos claros de evaluación; por ello, propone fortalecer al SIPINNA estatal con reuniones regionales periódicas para coordinar, compartir información y evaluar resultados en el territorio.

Finalmente, el diputado subrayó que la propuesta «fortalece lo que ya existe» al profesionalizar y ordenar la atención, colocando al centro el bienestar de niñas y niños, y afirmó que proteger a las infancias «no es un acto de buena voluntad», sino una obligación y una decisión política: «cuando protegemos a una niña o a un niño… estamos construyendo el futuro de Michoacán».

Con la finalidad de profundizar en el trabajo que esta 76 Legislatura ha realizado en materia de inclusión y derechos de personas con discapacidad, además de legislar en esta materia con el apoyo de especialistas en la materia, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, sostuvo una reunión con representantes del Mecanismo de Monitoreo sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En esta reunión se abordaron temas específicos y con los cuales se busca trabajar en reformas y leyes que garanticen una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en Michoacán y con ello, acortar las brechas de la desigualdad.

De la misma forma, se hizo el compromiso por parte de ambas partes de trabajar de manera conjunta, para garantizar el lenguaje incluyente desde la Ley, así como establecer protocolos para las personas con discapacidad.

Durante esta reunión, el Congreso del Estado a través de la JUCOPO, reiteró su disposición para continuar con los trabajos legislativos en pro de fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar el derecho humano al cuidado integral, digno, seguro y profesional de la infancia y adolescencia que se encuentre bajo tutela o custodia del Estado.

La propuesta, diseñada en coautoría con el Mtro. Edgar Enrique Morelos Sierra, especialista en Derechos Humanos, busca llenar vacíos jurídicos existentes en la atención de niñas, niños y adolescentes en contextos de resguardo institucional, ya sea en casas hogares, albergues temporales, centros de salud, educativos o cualquier otra modalidad de cuidado bajo responsabilidad estatal.

Durante la exposición de motivos, el legislador verde subrayó que «la infancia y la adolescencia son etapas de mayor vulnerabilidad, pero también de gran plasticidad y potencial de desarrollo. El Estado tiene la obligación ineludible de garantizar que, cuando asuma su cuidado, éste sea digno, seguro y profesional».

La iniciativa plantea reformar las fracciones XX y XXI, así como adicionar la fracción XXII al artículo 10 de la ley, reconociendo de manera expresa el derecho al cuidado integral, digno, seguro y profesional, así como el derecho a una vida digna. Asimismo, propone la creación de un Capítulo VI Bis y los artículos 28 Bis, 28 Ter, 28 Quáter, 28 Quinquies y 28 Sexies, que establecerán principios rectores, obligaciones institucionales, mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y la participación corresponsable de la familia, comunidad y sector privado.

El diputado Anaya Orozco enfatizó que esta iniciativa armoniza la legislación estatal con los estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y responde a deficiencias documentadas por organismos nacionales e internacionales en la atención a la infancia bajo tutela gubernamental.

«Con esta propuesta buscamos construir una cultura institucional que priorice el interés superior de la niñez y adolescencia en toda circunstancia, garantizando un tratamiento homogéneo, respetuoso y de calidad», concluyó el legislador.

El documento fue presentado con fundamento en los artículos 36 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 18 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana; y 8 fracción II, 50, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, por lo que se solicitó su lectura en próxima sesión ordinaria y su turno a comisión para dictamen.

En un paso firme a favor de la salud mental de las nuevas generaciones, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por el diputado por Zacapu, Alejandro Iván Arévalo Vera, con la que se garantiza la atención e intervención en temas de salud emocional mediante la tanatología en niñas, niños y juventudes michoacanas.

Esta propuesta surge ante el alarmante incremento de padecimientos como ansiedad, depresión y conductas suicidas, especialmente entre jóvenes. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año cerca de 700 mil personas pierden la vida por suicidio en el mundo. En México, durante 2023, se registraron 8,837 casos, siendo la población de entre 15 y 29 años la más afectada.

Frente a este panorama, la iniciativa aprobada establece la necesidad de implementar acciones concretas y coordinadas que permitan prevenir estos escenarios, integrando la tanatología como una herramienta fundamental en instituciones educativas y organismos públicos, particularmente en los Sistemas DIF.

La educación tanatológica permitirá a las y los estudiantes desarrollar habilidades emocionales para enfrentar situaciones como la pérdida de un ser querido, separaciones familiares o cambios significativos en su entorno, evitando que el mal manejo de estas emociones derive en trastornos graves.

Asimismo, se reconoce que fomentar este tipo de formación no solo impacta en el bienestar individual y familiar, sino que fortalece el tejido social, convirtiéndose en un elemento estratégico para el desarrollo integral de la sociedad michoacana.

Al respecto, el legislador Arévalo Vera destacó que está convencido de que «el trabajo coordinado con las instituciones generará un verdadero estado de bienestar para la población, especialmente para aquellas niñas, niños y jóvenes que tienen en la escuela su principal espacio de formación y apoyo».

Con esta aprobación, Michoacán avanza en la construcción de políticas públicas sensibles, preventivas y orientadas al cuidado de la salud mental, priorizando a quienes representan el presente y futuro del estado.

La 76 Legislatura, como un Poder abierto a la ciudadanía y en su dinámica de ser un Congreso de puertas abiertas, recibió una iniciativa ciudadana presentada por representantes del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que busca reformar la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas.

Esta iniciativa fue recibida por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, órgano que reiteró el compromiso de esta Legislatura para recibir a la ciudadanía en general y abrir sus puertas para cualquier iniciativa que pueda traducirse en beneficio de los diferentes sectores de la entidad.

La iniciativa presentada, tiene el objetivo de apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras públicas y servicios, de impulsar a las Mipymes, así como dar certidumbre al contratista para el inicio de los trabajos y con ello garantizar la ejecución en tiempo y forma de cualquier trabajo.

En ese sentido, se busca impulsar y conocer la situación del sector empresarial en el país, por lo que es importante dotar de la información oportuna y confiable, de manera específica de la industria de la construcción, para lo cual hay que integrar, captar, procesar y suministrar la información de las mismas mediante el Sistema de Información Empresaria Mexicano (SIEM).

Con el fin de garantizar una defensa adecuada, imparcial y accesible para todas y todos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Instituto de la Defensoría Pública en Michoacán.

La legisladora explicó que esta propuesta busca fortalecer el acceso a la justicia, particularmente para quienes no cuentan con recursos para contratar un abogado particular, permitiéndoles ejercer plenamente sus derechos incluso frente al propio Estado.

Recordó que el derecho a una defensa adecuada está establecido en el artículo 20 de la Constitución, el cual señala que toda persona imputada debe contar con un abogado, y en caso de no poder designarlo, el Estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor público.

Asimismo, señaló que el artículo 17 constitucional mandata a la Federación y a las entidades federativas a garantizar un servicio de defensoría pública de calidad, así como condiciones que aseguren la profesionalización de quienes lo integran.

No obstante, advirtió que estos principios no pueden cumplirse plenamente mientras la Defensoría Pública dependa del Poder Ejecutivo, ya que su naturaleza jurídica exige independencia para actuar con imparcialidad y sin presiones externas.

En ese sentido, reconoció el trabajo del personal de la institución, pero enfatizó que aún existen rezagos como la falta de recursos, cargas excesivas de trabajo, bajos salarios y limitaciones en infraestructura, lo que impacta en la calidad del servicio.

Finalmente, detalló que la iniciativa plantea reformar el artículo 103 de la Constitución Política del Estado para convertir a la Defensoría Pública en un organismo constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a fin de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una justicia más equitativa en Michoacán.

Los procesos electorales que resulten manchados por el homicidio doloso de cualquiera de los candidatos, «pierden autenticidad, libertad y equidad, así que deberían causar nulidad», propuso el diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa.

Como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, aseveró que se ha privilegiado las iniciativas tendientes a consolidar procesos verdaderamente democráticos y por ello presentó la iniciativa de reforma al artículo 72 de la Ley de Justicia en Materia Electoral, misma que nace, lamentó, «de una verdad incómoda pero imposible de ignorar».

En la actualidad, agregó Toño Carreño, «enfrentamos en los procesos electorales una amenaza brutal: el asesinato de candidatas y candidatos como mecanismo para alterar la voluntad popular, principalmente en entidades con complejidades territoriales como Michoacán».

«La violencia criminal busca imponer vetos, seleccionar perfiles, capturar gobiernos municipales, influir en congresos locales y condicionar decisiones públicas. No estamos frente a hechos aislados. Estamos frente a una estrategia de intimidación contra el sistema democrático».

El legislador de la Bancada Naranja explicó que su iniciativa contempla la nulidad ante los hechos descritos, desde el inicio formal del proceso electoral y hasta antes de la entrega de la constancia de mayoría y será el Tribunal Electoral del Estado (TEEM) el que deberá analizar el contexto de violencia, la relación del crimen con la contienda y la posible injerencia de factores externos.

Finalmente, Toño Carreño alertó desde la Tribuna legislativa que si el crimen organizado descubre que puede modificar elecciones asesinando candidatos sin consecuencias institucionales, el Estado pierde autoridad moral y jurídica; «Michoacán merece elecciones limpias, libres y seguras. Merece gobiernos nacidos del voto, no del miedo».

Un día antes del «Día de la Niñez», el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal que por primera vez obliga a los Ayuntamientos a garantizar que niñas, niños y adolescentes participen activamente en los asuntos públicos de su municipio.

La iniciativa fue presentada por la diputada de La Piedad Ana Vanessa Caratachea Sánchez, quien preside la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia y busca involucrar más a los gobiernos municipales, porque son el primer contacto con la población.

«Si queremos que la infancia crezca con derechos reales, tiene que empezar porque los municipios los escuchen, los incluyan y destinen recursos para ellos,» subrayó la diputada del PAN.

La reforma suma tres nuevas obligaciones para los gobiernos municipales: destinar recursos suficientes para garantizar los derechos de la infancia, reforzar las responsabilidades de padres y cuidadores en materia de protección y trato digno y promover y garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan participación real en las decisiones que los afectan.

Vane Caratachea considera que la protección integral de niñas, niños y adolescentes -consagrada tanto en la Constitución Mexicana como en tratados internacionales-, debe trascender la visión asistencialista hacia una perspectiva de garantía y restitución de derechos.

Entre estos derechos, recordó, está la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso de Michoacán, diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, llamó a privilegiar el diálogo institucional, la construcción de consensos y el fortalecimiento de la vida democrática en Michoacán, en el marco de la discusión sobre la reforma electoral.

Durante la instalación de la Mesa Interdisciplinaria en Materia Electoral, la presidenta de la Comisión, así como los diputados integrantes de la misma: Octavio Ocampo Córdova, Juan Carlos Barragán Vélez y Antonio Carreño Sosa, resaltaron la situación actual que enfrenta Michoacán en materia de gobernabilidad, representación política y participación ciudadana, «por lo que cualquier modificación al sistema electoral debe apegarse a principios de legalidad, equidad, transparencia y respeto a los derechos político-electorales».

«El momento que vive nuestro Estado no admite divisiones estériles ni confrontaciones ideológicas que debiliten nuestras instituciones. Ante este escenario de una reforma electoral, es imperativo asumir una postura de altura política, responsabilidad histórica y compromiso real con la ciudadanía», expresó la diputada.

Asimismo, indicó que la reforma electoral debe construirse con base en consensos amplios, sin imposiciones, mediante un diálogo real e incluyente que garantice condiciones de certeza y estabilidad institucional en la entidad.

En su calidad de presidenta de la Comisión, reiteró su disposición para acompañar el proceso de análisis y construcción de propuestas, con el objetivo de fortalecer la democracia, la participación ciudadana y las instituciones electorales en Michoacán.

Las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura incorporaron a la Ley de Asistencia de Asistencia del Estado, medidas de atención tanatológica a favor de niñas, niños, adolescentes y juventudes que atraviesen procesos de pérdida, duelo y afectación en su entorno familiar y social.

Las Comisiones de Salud y Asistencia Social y la de Educación fueron las encargadas de dictaminar la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, mediante la cual se adiciona una fracción XII Bis al artículo 9 de la Ley de Asistencia Social.

Fue en sesión extraordinaria que se aprobó por unanimidad facultar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a otorgar atención tanatológica a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido la pérdida de la madre, padre, hermana, hermano o de la persona que ejerza su cuidado primario.

De igual forma se proporcionará dicha atención en caso de que las y los menores convivan con familiares que padezcan enfermedad en etapa terminal; se encuentren atravesando por procesos de separación o desintegración familiar que afecten de manera significativa su estabilidad emocional.

Asimismo, el organismo podrá coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con las instituciones educativas que lo soliciten, mediante acciones de orientación, acompañamiento tanatológico y campañas formativas en la materia.

Cabe destacar, que la ejecución de las acciones anteriormente señaladas se realizará con cargo al presupuesto autorizado al DIF y a las dependencias competentes para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se requerirán ampliaciones presupuestales adicionales; y, tendrán un plazo de 90 días para emitir lineamientos internos o protocolos de actuación para la detección, orientación, acompañamiento y, en su caso, canalización a la atención tanatológica.