Morelia, Michoacán; a 11 de marzo de 2026.- A fin de fortalecer los derechos políticos-electorales de la ciudadanía, estableciendo reglas claras, transparentes y siguiendo los principios y derechos que disponen en la Constitución Política federal, la 76 Legislatura aprobó reformar el artículo 189 del Código Electoral del Estado.

Lo anterior, para derogar el inciso j) de la fracción II de dicho articulado en el cual se establece que para la solicitud de registro de un candidato, fórmula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener Cartas de no antecedentes penales, expedidas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

Propuesta presentada por el diputado Abraham Espinoza Villa, dictaminada por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, y avalada por 25 diputados en sesión extraordinaria.

En este sentido, las y los legisladores coincidieron que solicitar las cartas de antecedentes no penales como requisito, afecta el derecho político electoral de los ciudadanos a ser votados a los cargos de gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos.

“Toda vez que no persigue un fin legítimo, no resulta idónea y eficaz y, tampoco resulta proporcional en sentido estricto, convirtiéndose en una medida que no permite garantizar el ejercicio del derecho a ser votado, sino que, por el contrario tiende a impedir su plena realización”, precisa el Decreto.

Finalmente, recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la carta de antecedentes no penales constituye una restricción injustificada al derecho a ser votado; por lo que la exigencia normativa de este requisito constituye una violación directa a la presunción de inocencia y no discriminación que imperan en el sistema jurídico en la constitución federal, por lo que dicha exigencia resulta inconstitucional.

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre del 2025.– El diputado local por el Distrito 07, Iván Vera, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia y adolescencia en el entorno digital.

Durante su intervención, el legislador destacó que el avance tecnológico ha transformado la vida de niñas, niños y adolescentes, creando nuevas oportunidades, pero también exponiéndolos a riesgos que la legislación actual no contempla de manera explícita. Entre estos peligros se encuentran el ciberacoso, la difusión no autorizada de imágenes, el acceso a contenido inapropiado y diversas formas de violencia digital.

“El marco jurídico vigente no reconoce de forma expresa estos riesgos. Por ello, se propone incorporar el derecho a la protección frente a la violencia digital como un principio rector, y establecer obligaciones concretas para las instituciones educativas en materia de prevención, capacitación y atención al uso de plataformas digitales”, subrayó el diputado Iván Vera.

Asimismo, el legislador señaló que es momento de que la voz de niñas, niños y adolescentes deje de ser una voz “apagada” dentro del aparato estatal y se convierta en un eje que oriente las decisiones públicas.
La iniciativa plantea garantizar que los menores sean escuchados y tomados en cuenta en todos los procedimientos administrativos y judiciales que les afecten, conforme a su edad, madurez y desarrollo.

“No basta con reconocer su derecho a opinar; debemos asegurar que su voz tenga un peso real en las decisiones que impactan su vida. Un Estado que no escucha a los menores es un Estado que decide a ciegas”, expresó.

El diputado Iván Vera también propuso fortalecer el Sistema Estatal de Protección Integral mediante la creación de protocolos obligatorios de coordinación interinstitucional, acompañados de indicadores de cumplimiento para garantizar una atención eficaz en casos de vulneración de derechos.

Vera enfatizó que esta reforma no es solo una actualización técnica de la ley, sino un acto de justicia, responsabilidad y visión hacia el futuro:

“La niñez y adolescencia michoacana merece vivir en entornos seguros, ser escuchada y contar con instituciones coordinadas que protejan sus derechos. Legislar para la infancia es legislar para el presente y el futuro de Michoacán.”

Para finalizar su participación en tribuna el Diputado por el Distrito 07 hizo un llamado a las y los legisladores a respaldar y enriquecer esta iniciativa y así convertirla en ley, reafirmando que escuchar a un menor no es un gesto de cortesía, sino un acto de justicia.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- Con la finalidad de garantizar justicia plena y proteger de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de agresión, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa para reformar el artículo 105 del Código Penal de Michoacán, a fin de declarar como imprescriptibles dos delitos cometidos en entornos digitales contra menores de edad.

La propuesta contempla que la violencia digital a la intimidad sexual y la comunicación digital sexual con menores de edad puedan investigarse y sancionarse en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado, destacó que en estos casos “el daño no prescribe, y la justicia tampoco debe hacerlo”, al tratarse de conductas que pueden marcar la vida de una persona desde la infancia.

Xóchitl Ruíz González subrayó que las violencias digitales avanzan más rápido que la ley y que, por ello, el Estado debe actuar con firmeza para cerrar espacios de impunidad.

Recordó que imágenes, mensajes o manipulaciones digitales pueden permanecer circulando por años en redes sociales o plataformas, manteniendo vivo el daño hacia las víctimas.

La diputada resaltó que muchas niñas, niños y adolescentes tardan años en denunciar debido al miedo, la presión o la manipulación ejercida por sus agresores, por lo que la prescripción se convierte en una barrera que favorece la impunidad. Hacer imprescriptibles estos delitos, dijo, representa un paso necesario para que ninguna víctima quede sin acceso a la verdad y a la justicia.

La iniciativa se sustenta en la obligación constitucional de proteger con máxima prioridad los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a los artículos 1° y 4° de la Constitución, además de atender estándares internacionales que establecen que los delitos sexuales —incluidos los digitales— no deben beneficiarse de la prescripción.

Xóchitl Ruiz puntualizó la urgencia de fortalecer el marco legal, para que sea más sólido en pro de la protección de la niñez en Michoacán, consolidando al estado como referente en la defensa integral frente a violencias sexuales digitales.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.-Con el objetivo de consolidar el Parlamento Abierto y abrir a la ciudadanía la labor legislativa, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, propuso la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo.

Al hacer uso de la máxima tribuna en el Congreso del Estado, Brissa Arroyo argumentó que: “vivimos en una época en la que los desafíos sociales evolucionan con rapidez. Los problemas públicos ya no pueden resolverse únicamente desde las instituciones tradicionales, ni pueden abordarse sin escuchar a quienes viven día a día sus consecuencias”.

Por eso, la participación ciudadana no es solo un derecho, sino que es una condición esencial para construir políticas públicas más justas, más cercanas y más eficaces, enfatizó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD).

En ese contexto, detalló que el Consejo Ciudadano Legislativo se propone como un espacio donde la ciudadanía pueda opinar, deliberar, proponer y acompañar la creación de leyes desde una perspectiva colectiva y participativa.

“Es un puente de comunicación entre la población y sus representantes, donde la voz de estudiantes, profesionistas, trabajadores, comunidades indígenas, jóvenes, personas mayores y organizaciones civiles influye de manera directa en el proceso legislativo”, subrayó Arroyo Martínez.

Estoy convencida, -recalcó-, de que cuando las personas participan, nuestras instituciones se fortalecen. Cuando se escuchan las voces diversas, nuestras leyes se vuelven más humanas. Y cuando abrimos los mecanismos de diálogo, avanzamos hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más democrática.
 
La diputada local exhortó a las legisladoras y legisladores para considerar la creación de este Consejo Ciudadano Legislativo como parte de la iniciativa para la consolidación de un Parlamento Abierto que se ha venido impulsando.

“Esto es mucho más que establecer órganos consultivos, es apostar por una forma de gobernar donde la ciudadanía no solo vota, sino que dialoga, propone y transforma. Es reafirmar que la democracia no termina en las urnas, comienza en la participación constante y activa de la comunidad”, afirmó.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- La 76 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2025, presentado por la Auditoría Superior de Michoacán.

En este Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2025, se contempla realizar 29 auditorias Estatales, de las cuales son 20 auditorías de cumplimiento financiero, una financiera, cuatro de desempeño y cuatro de obra.

De la misma forma en lo que respecta al Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2025, los Presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para los municipios ascienden a un monto global de 23 mil 722 millones 838 mil 879 pesos, de los cuales, conforme a los tipos de auditoría y fuentes de financiamiento, se realizarán 111 auditorías de cumplimiento financiero y 11 de obra.

En lo que respecta a los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, se conoció un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal del año 2025, con un monto global de los presupuestos de egresos aprobados que ascendió a dos mil 340 millones 261 mil 995 pesos, de los cuales, conforme a los tipos de auditoría y fuente de financiamiento, se realizarán nueve auditorías de cumplimiento financiero, cuatro de obra y una de desempeño.

De esta forma, el Plan Anual de Fiscalización 2025, contempla en su totalidad realizar un total de 164 auditorías tanto en el ámbito estatal como en el municipal, de las cuales son 139 de cumplimiento financiero, 1 financiero, cinco de desempeño y 19 de obra.

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje remita un informe trimestral sobre los asuntos concluidos a partir de la aprobación de la reforma al Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Lo anterior, luego de que la y los integrantes de Comisión de Trabajo y Previsión Social sometieran a consideración de sus compañeros legisladores, un punto de acuerdo, recordando que los asuntos que se encontraban en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, debieron ser concluidos en un plazo no mayor a tres años, contados a partir del 03 tres de octubre del año de 2022.

J. Reyes Galindo Pedraza, Fabiola Alanís Sámano y Alfredo Anaya Orozco recordaron que además se debió generar la calendarización correspondiente a efecto de dar conclusión a los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

El 1° de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de laboral, con el principal objetivo de hacer más pronta y expedita la justicia laboral.

De igual forma, para generar una nueva cultura laboral, en la que la conciliación se vuelve un elemento principal en la solución de controversias de las relaciones obrero-patronales.

La implementación de dichas reformas tendría carácter gradual en las entidades federativas y en Michoacán, el proceso de transición al nuevo sistema de justicia laboral comenzó el 30 de diciembre del año 2021.

Ante ello, la Comisión de Trabajo y Previsión Social consideró fundamental darle puntual seguimiento a los trabajos de terminación de los asuntos que se encuentran en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “por lo que consideramos pertinente que la Junta de Conciliación y Arbitraje, Informe trimestralmente, a esta soberanía el porcentaje de avance en la conclusión de los asuntos en trámite”.

En el Punto de Acuerdo, la y los legisladores informaron al Pleno que al inicio de la Administración Pública actual, con fecha 01 de octubre de 2021, mediante acta de entrega recepción; se recibieron un total de 21 mil 907 expedientes de asuntos en trámite; pero de manera posterior en el mes de enero del 2022 se realizó un inventario físico de expedientes en trámite dando un total de 27 mil 738, por lo que existe una discrepancia de 5,831 expedientes, con el numero consignado en el acta de entrega recepción; circunstancia que fue informada de manera inmediata a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objeto de actualizar los planes y programas de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje remita un informe trimestral sobre los asuntos concluidos a partir de la aprobación de la reforma al Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Lo anterior, luego de que la y los integrantes de Comisión de Trabajo y Previsión Social sometieran a consideración de sus compañeros legisladores, un punto de acuerdo, recordando que los asuntos que se encontraban en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, debieron ser concluidos en un plazo no mayor a tres años, contados a partir del 03 tres de octubre del año de 2022.

J. Reyes Galindo Pedraza, Fabiola Alanís Sámano y Alfredo Anaya Orozco recordaron que además se debió generar la calendarización correspondiente a efecto de dar conclusión a los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

El 1° de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de laboral, con el principal objetivo de hacer más pronta y expedita la justicia laboral.

De igual forma, para generar una nueva cultura laboral, en la que la conciliación se vuelve un elemento principal en la solución de controversias de las relaciones obrero-patronales.

La implementación de dichas reformas tendría carácter gradual en las entidades federativas y en Michoacán, el proceso de transición al nuevo sistema de justicia laboral comenzó el 30 de diciembre del año 2021.

Ante ello, la Comisión de Trabajo y Previsión Social consideró fundamental darle puntual seguimiento a los trabajos de terminación de los asuntos que se encuentran en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “por lo que consideramos pertinente que la Junta de Conciliación y Arbitraje, Informe trimestralmente, a esta soberanía el porcentaje de avance en la conclusión de los asuntos en trámite”.

En el Punto de Acuerdo, la y los legisladores informaron al Pleno que al inicio de la Administración Pública actual, con fecha 01 de octubre de 2021, mediante acta de entrega recepción; se recibieron un total de 21 mil 907 expedientes de asuntos en trámite; pero de manera posterior en el mes de enero del 2022 se realizó un inventario físico de expedientes en trámite dando un total de 27 mil 738, por lo que existe una discrepancia de 5,831 expedientes, con el numero consignado en el acta de entrega recepción; circunstancia que fue informada de manera inmediata a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objeto de actualizar los planes y programas de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- En Sesión Ordinaria celebrada este miercoles, las y los diputados locales aprobaron 14 Leyes de Ingresos Municipales, con lo cual se concluyó con la aprobación de todas, lo que genera estabiliad y gobernabilidad financiera en todos los municipios de Michoacán.

Durante esta Sesión, se aprobaron las Leyes de Ingresos de los municipios de: Álvaro Obregón, Indaparapeo, Irimbo, Jacona, La Huacana, Lagunillas, Morelia, Paracho, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Salvador Escalante, Tacámbaro, y Zamora.

Con esto y de acuerdo a los dictamenes aprobados y presentados por las Comisiones Unidas de Porgramación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, los 113 municipios michoacanos tendrán certeza jurídica y financiera para el Ejercicio Fiscal 2026.

De la misma forma, en los dictamenes de estas Leyes de Ingresos, se especificó que se realizaron algunos ajustes considerados pertinentes para el buen funcionamiento de cada ayuntamiento y en congruencia con las condiciones económicas actuales, además de que siempre se privilegió el cuidado del bolsillo de las y los michoacanos, así como la no afectación a la hacienda municipal.

La diputada Jackie Avilés Osorio, representante del Distrito III de Maravatío, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Artículo 60 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con el objetivo de reforzar el acompañamiento y la respuesta institucional en los momentos de mayor riesgo para las víctimas.

La propuesta establece que, tras emitirse una orden de protección, las autoridades deberán dar seguimiento diario durante los primeros seis días y, posteriormente, aplicar un plan de acompañamiento personalizado, asegurando la continuidad de la protección según el nivel de riesgo de cada mujer.

La legisladora expresó que “nuestro compromiso es asegurar que ninguna mujer esté sola cuando más necesita apoyo. Esta reforma fortalece la supervisión de las órdenes de protección y coloca en el centro la vida y seguridad de las mujeres”.

Con esta iniciativa, la legisladora aseveró que “se busca avanzar hacia un Michoacán donde las mujeres cuenten con medidas reales y efectivas, que prevengan la revictimización y garanticen su derecho a vivir libres de violencia”.