La diputada local Brissa Arroyo, presentó una iniciativa de ley que permita proteger a los caballos bailadores y considerar esta actividad como parte del patrimonio cultural de nuestro estado.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, explicó que los caballos bailadores son un símbolo muy importante de la cultura mexicana y en Michoacán esta tradición vive en sus municipios.

Las tradiciones culturales y el respeto por los animales son dos temas que deben estar presentes en nuestras agendas para encontrar un equilibrio porque son aspectos que ayudan a la construcción de valores sociales al promover la empatía, la compasión y la responsabilidad.

«La iniciativa que hoy presento es un llamado a proteger el bienestar de estos animales, su integridad física y emocional, así como asegurar que no sean sometidos a tratos crueles con tal de que cumplan con un número de entretenimiento, porque sería incongruente que la violencia sea el motor de una expresión artística como esta, en lugar del talento y el vínculo de respeto», afirmó.

Proteger la integridad de estos animales, en el contexto de esta práctica, es también evitar que esta tradición que ha pasado de generación en generación se desvirtúe o se vea de forma inapropiada, además de que garantiza la seguridad de los participantes y de quienes asisten a verla, abundó.

El significado cultural que tiene esta tradición es tan importante que merece ser considerada como parte del patrimonio cultural de nuestro estado, porque es una expresión artística, y porque representa historia, identidad, origen y valores sociales, esenciales para la cohesión social y la construcción de redes ciudadanas de apoyo que promuevan las buenas acciones y pongan a las personas en el centro de las decisiones.

Considerarla parte de nuestro patrimonio cultural, permitiría obtener herramientas para su protección, fomento y promoción; ayudaría a impulsar el desarrollo económico de nuestras comunidades, daría certeza y prestigio, y, sobre todo, priorizaría que las actividades con los animales se hagan desde un enfoque de cuidado y bienestar, dignificando su integridad y evitando que sean sometidos a maltratos.

Como toda acción institucional, se requiere de compromiso y responsabilidad, por eso hoy, el llamado es a priorizar los valores y trabajar para que esta importante tradición evolucione hacia prácticas responsables y éticas, y demostrar que el respeto hacia nuestra cultura y por los seres vivos puede avanzar en equilibrio y de la mano.

Al hacer uso de la máxima tribuna del estado, Brissa Arroyo también presentó un exhorto para postular a la tradición de los caballos bailadores como candidata a ser declarada Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad.

Argumentó que la declaratoria de los caballos bailadores como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es una necesidad, porque se trata de proteger una herencia que nos define y de dignificar esa conexión con nuestro pasado, así como el esfuerzo de cientos de familias que día a día trabajan para mantenerla viva.

Este reconocimiento proporcionaría las herramientas necesarias para ayudar a preservarla como una tradición que promueve los valores, la cultura, el respeto hacia los animales, la convivencia familiar, el dialogo y las buenas acciones.

Con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica, la transparencia y la confianza ciudadana rumbo al próximo proceso electoral concurrente, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, en coordinación con los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, presentó un bloque de nueve propuestas de reforma orientadas a modernizar y robustecer el sistema electoral en Michoacán.

La legisladora subrayó que estas iniciativas, firmadas también por los diputados Antonio Carreño Sosa, Juan Carlos Barragán Vélez y Octavio Ocampo Córdoba, no responden a una lógica partidista, sino a una visión institucional para preservar la estabilidad democrática, la gobernabilidad y la legitimidad del voto ciudadano.

«Ninguna reforma electoral debe generar ventajas indebidas ni desventajas estructurales para ningún actor político; por el contrario, deben construirse para fortalecer nuestra democracia y poner al centro a las y los ciudadanos», señaló.

Espinoza Mercado recordó que la última reforma sustancial en la materia fue en 2014, por lo que este paquete legislativo responde a la necesidad de actualizar el marco normativo frente a nuevos desafíos en materia de organización electoral, operación institucional y participación ciudadana.

Las propuestas plantean fortalecer los principios de legalidad, certeza, objetividad y transparencia; mejorar las condiciones de funcionamiento de los órganos electorales; armonizar la legislación con la realidad jurídica y operativa; y consolidar reglas más claras de cara al próximo proceso comicial.

La diputada destacó que el bloque de reformas también incorpora una visión garantista en defensa de los derechos político-electorales, particularmente frente a problemáticas como la violencia política en razón de género, que continúa representando un desafío para la participación plena y equitativa.

Asimismo, puntualizó que las iniciativas son resultado de una construcción institucional y no de decisiones unilaterales, derivadas de una mesa de trabajo instalada entre la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado.

«No se trata de sostener normas que en la práctica resultan de imposible materialización; se trata de legislar con responsabilidad, generar certeza jurídica y hacer compatibles nuestras reglas electorales con los derechos humanos y las exigencias democráticas actuales», sostuvo.

Diana Espinoza enfatizó que fortalecer el sistema electoral es una condición indispensable para consolidar elecciones libres, auténticas y periódicas, así como para recuperar y reforzar la confianza pública en las instituciones.

Finalmente, afirmó que la legitimidad democrática no puede reducirse al cumplimiento formal de procedimientos, sino que exige instituciones sólidas, equidad en la contienda y procesos que evolucionen al ritmo de las transformaciones sociales, tecnológicas y políticas.

«La democracia en Michoacán no sólo se vive, se construye. Y hoy estamos construyendo mejores reglas para defender el valor del voto ciudadano», concluyó.

La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa de reforma en materia ambiental con el objetivo de transformar la manera en que se toman las decisiones públicas y privadas que impactan el entorno, y avanzar hacia un modelo de ciudad más responsable, ordenado y amigable con el medio ambiente.

Desde tribuna, la legisladora advirtió que los efectos que hoy viven las y los morelianos, como el incremento de las temperaturas, la escasez de agua y el deterioro de las áreas verdes, no son hechos aislados, sino consecuencia de decisiones acumuladas durante años que no han considerado el impacto a largo plazo.

«La ciudad que hoy habitamos es resultado de cómo se ha decidido durante décadas. Si seguimos tomando decisiones pensando solo en el presente, vamos a profundizar los problemas que ya estamos viviendo», señaló.

La iniciativa propone fortalecer el marco legal ambiental incorporando el principio de responsabilidad intergeneracional, con el cual se busca que toda decisión que afecte al medio ambiente, como cambios de uso de suelo, gestión del agua o manejo de residuos, contemple también sus efectos en las futuras generaciones.

Bugarini explicó que esta reforma no implica la creación de nueva burocracia ni genera gasto adicional, sino que establece un criterio más claro y exigente para la toma de decisiones, priorizando el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

Asimismo, subrayó que este planteamiento responde a recomendaciones de organismos internacionales que han advertido sobre los riesgos de un crecimiento urbano desordenado, la pérdida de áreas verdes y la mala gestión de recursos naturales.

«La discusión de fondo es qué tipo de ciudad queremos: una que crezca sin límites y sin planeación, o una que cuide sus recursos y garantice condiciones de vida dignas para quienes vienen después», afirmó.

Finalmente, la diputada reiteró que esta iniciativa busca abrir el debate sobre el modelo de desarrollo urbano en Morelia y en Michoacán, colocando en el centro la necesidad de tomar decisiones responsables que no comprometan el bienestar de las futuras generaciones.

Con reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado busca garantizar una movilidad más segura, eficiente, inclusiva y ordenada, acorde con las dinámicas actuales de desplazamiento y las exigencias de protección a la vida e integridad de las personas.

En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores michoacanos votaron a favor del Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, elaborado sobre las iniciativas previamente presentadas por los diputados Reyes Galindo Pedraza, David Martínez Gowman y Juan Carlos Barragán Vélez.

En sus consideraciones, la Comisión de Movilidad y Comunicaciones precisó que las adecuaciones propuestas no sólo permiten actualizar las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, sino que también consolidan la coordinación institucional y el establecimiento de criterios claros en materia de infraestructura, señalización y regulación del tránsito, sin desatender el régimen de responsabilidades, infracciones y sanciones aplicables.

En el marco jurídico quedaron definidos como materiales peligrosos, sustancias y/o residuos peligrosos aquellos materiales, sustancias o residuos que, por sus características físicas, químicas o biológicas, representan un riesgo para la seguridad vial, la salud de las personas, los bienes o el medio ambiente, y que se encuentren clasificados, conforme a la legislación federal aplicable y a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

En la ley quedó determinado que en vías de jurisdicción estatal y municipal, los vehículos destinados al transporte de materiales, sustancias y/o residuos peligrosos deberán circular bajo un enfoque de seguridad vial y gestión del riesgo, con sujeción a la legislación y normatividad federal aplicable, para lo que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer medidas de regulación del tránsito.

En el Artículo 161 se definió que la señalización vertical y horizontal son los elementos que informan a las personas usuarias del espacio público las condicionantes de la calle, como puede ser espacios permitidos para estacionamiento, cruces peatonales, paradas de transporte público, área de carga y descarga, así como información del contexto urbano y sitios de interés, cuando la misma se coloque en calles y carreteras.

En el articulado se precisa que cuando dicha señalización se ubique en vías de comunicación que atraviesen, conecten o formen parte de lenguas indígenas o de Lengua de Señas Mexicana o regional, se procurarán incorporar, de manera complementaria y progresiva, información correspondiente, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y a las disposiciones aplicables.

A fin de ampliar el alcance sanitario y preventivo de la Ley Estatal Contra las Adicciones, la 76 Legislatura aprobó incorporar de manera expresa a la legislación, la ludopatía como una problemática que debe ser reconocida y atendida por las instituciones públicas de salud.

En sesión extraordinaria, las y los diputados locales aprobaron el dictamen elaborado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, mediante el cual se estudió, analizó y dictaminó la propuesta presentada por el diputado Reyes Galindo Pedraza, para reformar los artículos 3 y 9 de dicha normativa.

A partir de ahora, se incorporar al glosario legal la definición de ludopatía, definiéndola como el trastorno o conducta adictiva caracterizada por un patrón persistente, recurrente y progresivo de comportamiento de juego, que genera deterioro o afectación significativa en el ámbito personal, familiar, social, académico y laboral.

Asimismo, se amplía el concepto de persona con problemas de adicción, de modo que comprenda no sólo la dependencia a sustancias psicoactivas, sino también la presencia de conductas repetitivas y compulsivas como el juego patológico.

De igual forma, las y los legisladores actualizaron el concepto de rehabilitación, a fin de abarcar tanto los trastornos por uso de sustancias como las adicciones conductuales, al proceso terapéutico integral mediante el cual una persona recupera gradualmente su salud física, mental, emocional y social.

Finalmente, se estableció como una atribución del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), el diseño, implementación y coordinación de programas específicos de prevención, atención, tratamiento y rehabilitación relacionados con el juego compulsivo o patológico, así como la capacitación del personal y la generación de estadísticas y estudios sobre la materia.

Cabe señalar, que la reforma a la Ley vigente no consiste en regular permisos, autorizaciones, funcionamiento de establecimientos, plataformas de apuestas o juegos con cruce de apuestas, ni mucho menos establecer un régimen administrativo sobre casinos o sorteos, sino incorporar la ludopatía al ámbito de atención de la política pública de salud estatal.

El Congreso del Estado reformó el Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento del Parlamento Juvenil Incluyente de Michoacán de Ocampo a fin de actualizar el ordenamiento jurídico, garantizar la inclusión de las juventudes, eliminar burocratismos y evitar posible nepotismo.

A propuesta de la Comisión de Jóvenes y Deportes, diputadas y diputados aprobaron le modificación al ordenamiento en el que utiliza el lenguaje inclusivo en su redacción, «situación que no es un tema menor, toda vez, que el propio nombre del reglamento, lleva inmerso este concepto. Sin embargo, en su articulado no estaba establecido».

Conforme a la modificación aprobada, las iniciativas de ley o de decreto, propuestas de acuerdo, así como proyectos sociales, elaborados por las y los integrantes del Parlamento Juvenil Incluyente, servirán de consulta y orientación para la legislatura en funciones, así como legislaturas venideras.

En el Artículo 6 quedó establecido que las y los servidores públicos, empleadas y empleados, así como los familiares de las diputadas y los diputados Constitucionales del Congreso del Estado hasta en primer grado de parentesco, se abstendrán de participar como aspirantes a Parlamentarios Juveniles.

«Lo que coadyuvará a que no se generen posibles actos de influyentismo y se garantice que las y los jóvenes realmente tengan una oportunidad real de ser seleccionados por su capacidad y experiencia», determinaron en las Consideraciones las legisladoras Grecia Jennifer Aguilar Mercado y Sandra María Arreola Ruíz.

De igual forma, resaltaron la importancia de la difusión de la convocatoria para incentivar la participación, a fin de dar a conocer las bases y requisitos de participación, con la inclusión y participación del Instituto de la Juventud, las redes sociales del Congreso del Estado, la participación de las y los diputados en sus distritos, serán fundamentales.

Con la reforma, se permite la inscripción por correo electrónico, evitando el traslado a la ciudad capital, permitiendo que el espectro de participación sea mayor, de manera ágil y en un menor tiempo.

También, se fortalece la participación del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos quien, llevará un registro de la información del Parlamento Juvenil, revisando que la documentación presentada cumpla con los requisitos establecidos en este Reglamento y en la convocatoria, asignando a cada concursante su clave de registro. Además, participará en la elaboración de la convocatoria.

Para fines de la Selección, Integración y Funcionamiento del Parlamento Juvenil Incluyente de Michoacán de Ocampo, se estableció que éste se llevará a cabo durante el mes de agosto del año 2026; mientras el Comité responsable de la Selección, Integración y Funcionamiento, deberá ser instalado a más tardar el día 15 de mayo.

En un contexto de urgencia nacional por la salud mental de las juventudes, el diputado local Hugo Rangel presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Educación de Michoacán.

La propuesta plantea transitar de un modelo reactivo que interviene solo cuando el sistema ha fallado a uno preventivo, capaz de identificar factores de riesgo antes de que deriven en tragedias como la recientemente registrada en Lázaro Cárdenas. «El dolor nos obliga a actuar; no podemos permitir que la violencia escolar siga tocando a nuestra puerta mientras el Estado llega tarde», afirmó el legislador en tribuna.

La iniciativa contempla la adición a los artículos 19 y 67 de la normativa educativa estatal, con el objetivo de garantizar programas de prevención social y cultura de la legalidad en educación básica y media superior. Su eje central es la creación de Unidades de Prevención Social de la Violencia y el Delito en el Entorno Escolar, adscritas a la Secretaría de Educación y con operación regional.

Estas instancias no solo atenderán casos de violencia física, sino que intervendrán en problemáticas como acoso, exclusión y consumo de sustancias, bajo la premisa de que ningún adolescente debe quedar fuera del acompañamiento institucional.

El sustento técnico de la propuesta se apoya en los resultados de la ENCODAT 2025, que advierten que el 18.1% de los adolescentes en México ha experimentado algún tipo de violencia y cerca del 10% presenta malestar psicológico, cifras que superan las de la población adulta.

En ese sentido, Rangel Vargas destacó que las Unidades deberán estar integradas por especialistas en criminología, psicología y trabajo social, lo que permitirá construir diagnósticos precisos y protocolos de actuación basados en evidencia, así como dotar a las comunidades escolares de herramientas de contención emocional hoy insuficientes.

Al cierre, el diputado subrayó que la implementación será gradual y financieramente responsable, pero guiada por un compromiso ético impostergable. Reiteró que el objetivo de fondo es formar individuos con equilibrio emocional como condición para una sociedad más justa.

«La historia nos ha demostrado que prevenir no solo es más eficaz y menos costoso, sino también más humano que intentar corregir tragedias consumadas. Nuestra obligación es dejar atrás un modelo que reacciona al dolor, para construir uno que cuide y acompañe el desarrollo emocional de nuestras juventudes». concluyó.

El diputado Juan Carlos Barragán recibió dos iniciativas impulsadas por transportistas de Michoacán, encabezados por José Trinidad Martínez Pasalagua y Miguel Corona Salto, quienes acudieron acompañados de integrantes del gremio para presentar sus propuestas.

La primera iniciativa tiene como objetivo blindar jurídicamente a concesionarios, permisionarios y constanciatarios, evitando que sus derechos sean vulnerados por decisiones discrecionales de la autoridad, como reglamentos, lineamientos, permisos emergentes o actos administrativos sin un procedimiento formal.

Su propósito central es establecer reglas claras directamente en la ley, dando certeza al sector y poniendo límites a prácticas que hoy generan incertidumbre.

La segunda iniciativa propone establecer un distintivo obligatorio para unidades que operan mediante plataformas digitales y taxi ejecutivo, el cual deberá ser permanente, visible y adherido físicamente al vehículo, además de estar vinculado a medidas de seguridad en caso de incumplimiento.

Barragán reconoció la disposición del sector transportista para construir propuestas desde el diálogo y reiteró su compromiso de escuchar y respaldar iniciativas que fortalezcan la legalidad, la seguridad y el orden en el transporte público.

Por su parte, José Trinidad Martínez Pasalagua y Miguel Corona Salto destacaron la apertura del legislador para recibirlos y atender sus planteamientos.

«Agradecemos al diputado Juan Carlos Barragán por escuchar al sector y abrir las puertas para que estas propuestas puedan avanzar», expresaron.

Finalmente, Barragán señaló que estas iniciativas serán analizadas con responsabilidad, buscando siempre que las decisiones se traduzcan en certeza jurídica para los trabajadores del transporte y mayor seguridad para las y los usuarios.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís expresó su respaldo firme a la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, al considerar que se trata de un paso histórico en la lucha de las mujeres por la justicia, la igualdad y una vida libre de violencias.

La legisladora destacó que esta reforma responde a una exigencia histórica del movimiento amplio de mujeres en México, que durante décadas ha demandado justicia para las víctimas de violencia feminicida, así como garantías de no repetición.

«Durante más de treinta años, desde los feminicidios de Ciudad Juárez, las mujeres en este país han alzado la voz para exigir lo mismo: justicia, verdad, reparación del daño y garantías para vivir libres de violencia. Esta reforma recoge esa lucha y la convierte en mandato constitucional», señaló.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morenasubrayó que la violencia feminicida es un fenómeno estructural, vinculado a condiciones históricas de desigualdad, discriminación e impunidad, lo que exige una respuesta integral y coordinada del Estado mexicano.

«Estamos frente a una de las expresiones más graves de violencia de género. Por eso, la respuesta no puede depender de esfuerzos aislados o voluntades individuales; tiene que ser una política de Estado, con reglas claras, con coordinación institucional y con obligaciones precisas», afirmó.

Reconoció que, si bien en los últimos años se han logrado avances importantes desde distintas instancias gubernamentales, aún persisten regiones donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una emergencia.

En ese sentido, Fabiola Alanís destacó que la nueva facultad constitucional permitirá armonizar las leyes en todo el país, estableciendo criterios comunes para la prevención, atención, investigación y sanción del feminicidio.

«El objetivo es claro: que en cualquier lugar del país, una mujer tenga la misma protección y la misma respuesta institucional. Que no haya diferencias entre territorios, que no haya vacíos legales y que la justicia no dependa del lugar donde ocurren los hechos», puntualizó.

Fabiola Alanís también expresó su reconocimiento al impulso de esta reforma por parte de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Castro, así como a las acciones promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el marco de protección de los derechos de las mujeres.

«Esta reforma tiene una profunda trascendencia, porque coloca la erradicación de la violencia feminicida como una prioridad del Estado mexicano y establece las bases para garantizar justicia y reparación a las víctimas», afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que la Cuarta Transformación tiene como eje central la garantía de derechos, particularmente para las mujeres, quienes históricamente han enfrentado desigualdad y violencia.

«Nos queremos vivas y nos queremos libres. Esa es una exigencia legítima y es también una responsabilidad del Estado. Hoy estamos dando un paso firme para que la justicia deje de ser una excepción y se convierta en una garantía para todas», concluyó.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante la 76 Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para evitar que personas servidoras públicas intervengan en la vida interna de los sindicatos y en la elección de sus dirigencias. La propuesta busca garantizar que las y los trabajadores tomen sus decisiones de manera libre, sin presiones ni uso de recursos públicos.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 69 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el fin de reconocer el derecho de los sindicatos a desarrollarse sin injerencias y establecer la injerencia sindical como falta administrativa grave. Además, responde al mandato federal derivado del decreto publicado el 12 de diciembre de 2025, que obliga a las entidades federativas a armonizar su marco jurídico en esta materia.

«La iniciativa tiene como objetivo reconocer expresamente el derecho de los sindicatos a desarrollarse libres de cualquier acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas, y establecer un catálogo claro de conductas que permitan identificar y sancionar estas prácticas», explicó Octavio Ocampo.

El legislador señaló que la propuesta contempla un catálogo de conductas que serán consideradas como injerencia sindical, entre ellas la coacción del voto, la presión jerárquica a subordinados, el condicionamiento de apoyos o permisos laborales, el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas sindicales, así como la utilización de instalaciones, vehículos o programas institucionales con fines de proselitismo. «Con esta reforma buscamos garantizar la neutralidad institucional en los procesos sindicales, proteger la libertad del voto de las y los trabajadores y evitar el uso indebido de recursos públicos con fines de proselitismo sindical», indicó.

Octavio Ocampo destacó que la iniciativa no interviene en la vida interna de los sindicatos, sino que fortalece su autonomía y cumple con la obligación del Estado de armonizar su legislación. «Esta propuesta responde a un mandato federal y es obligación del Estado de Michoacán realizar esta armonización legislativa para garantizar la democracia sindical. Se busca que las decisiones de las y los trabajadores se tomen con libertad y sin intervención del poder público», concluyó.