El diputado Baltazar Gaona García presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa ciudadana elaborada por Joel Díaz Ramírez, la cual propone adecuaciones a la Constitución de Michoacán y a la Ley Orgánica Municipal con el propósito de fortalecer la legitimidad democrática en los procesos de designación de presidentas y presidentes municipales sustitutos.

La propuesta fue elaborada por Joel Díaz Ramírez y presentada al Poder Legislativo como un ejercicio de participación ciudadana. En ese contexto, el diputado Baltazar Gaona dio voz a la iniciativa durante la sesión del Pleno, reafirmando la importancia de que el Congreso permanezca abierto a las propuestas que surgen desde la sociedad.

La iniciativa plantea que, cuando exista una ausencia definitiva de una presidenta o presidente municipal, la persona que sea designada para ocupar el cargo provenga preferentemente de la planilla que fue registrada y respaldada por la ciudadanía durante el proceso electoral correspondiente, con el fin de preservar la voluntad expresada en las urnas.

Al respecto, Baltazar Gaona destacó que el Congreso debe mantenerse como un espacio de diálogo y participación para la ciudadanía. «Nuestro deber como representantes populares es escuchar y abrir espacios para que las iniciativas ciudadanas puedan ser conocidas, discutidas y enriquecidas dentro del Poder Legislativo», expresó.

El legislador señaló que propuestas como la presentada por Joel Díaz Ramírez enriquecen el debate parlamentario y fortalecen la participación ciudadana en la construcción del marco jurídico del estado. «Se trata de una iniciativa que pone sobre la mesa una reflexión importante sobre la representación democrática y la continuidad de los proyectos que la ciudadanía respaldó con su voto», afirmó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y análisis, donde se valorará su viabilidad jurídica y su posible incorporación al marco normativo estatal, conforme al procedimiento legislativo establecido en la ley.

El diputado Abraham Espinoza Villa del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM) presentó una iniciativa para que estudiantes universitarios de psicología, trabajo social, pedagogía y enfermería comunitaria realicen su servicio social en escuelas públicas de educación básica y media superior, con el objetivo de brindar acompañamiento emocional y detección temprana de problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes.

El legislador explicó que en las aulas hay estudiantes que enfrentan ansiedad, tristeza, estrés, problemas de conducta, dificultades para relacionarse o incluso violencia dentro y fuera de su entorno familiar. «Muchas veces estos problemas aparecen en silencio: en el estudiante que baja repentinamente su rendimiento escolar, en quien deja de convivir con sus compañeros, en quien falta constantemente a clases o en quien muestra cambios de conducta que parecen pequeños, pero que son señales de alerta», señaló.

La propuesta plantea que, mediante convenios de colaboración con instituciones de educación superior, los estudiantes en servicio social puedan realizar actividades preventivas, talleres, orientación de primer nivel y detección temprana de factores de riesgo, todo bajo supervisión académica y con mecanismos de seguimiento.

«La escuela es uno de los espacios donde más tiempo pasan nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso también debe ser un lugar donde puedan encontrar orientación y herramientas para enfrentar los desafíos emocionales que viven. Cuando una niña o un niño recibe apoyo oportuno, tiene mayores posibilidades de desarrollarse plenamente», afirmó Espinoza Villa.

El programa no implica un gasto adicional para el Estado, ya que se aprovecha el esquema de servicio social ya existente y se gestiona a través de convenios interinstitucionales.

«Es una forma de vincular el conocimiento con el servicio, y de convertir la preparación académica en una herramienta útil para atender desafíos que hoy están presentes en nuestras escuelas», destacó el diputado.

La propuesta contempla medidas claras de protección para las y los estudiantes, garantizando que la información relacionada con su atención se maneje con estricta confidencialidad y respeto a sus derechos, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.

Espinoza Villa concluyó con un llamado a actuar a tiempo: «Las políticas públicas más efectivas son aquellas que llegan antes de que los problemas se agraven. Detectar oportunamente una situación emocional compleja puede hacer una diferencia profunda en la vida de una persona. Puede evitar el abandono escolar, fortalecer la convivencia dentro de las aulas y ayudar a que una familia encuentre apoyo cuando más lo necesita».

Con el objetivo de difundir y preservar la riqueza histórica de la región de Penjamillo, la diputada Belinda Iturbide organizó una rueda de prensa para dar a conocer las actividades conmemorativas por el 487 Aniversario de la Tenencia de Santa Fé del Río, municipio de Penjamillo, Michoacán.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la legisladora destacó la importancia de reconocer el legado cultural, social y comunitario que distingue a Santa Fé del Río, una de las tenencias con mayor tradición en la entidad.

Acompañada de la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política y el jefe de Tenencia de Santa Fé del Río, Jesús Ríos Andrade, Belinda Iturbide señaló que «Conmemorar 487 años de historia es honrar a las mujeres y hombres que han forjado con trabajo y unidad la identidad de esta tierra. Desde el Congreso seguiremos impulsando acciones que fortalezcan nuestras comunidades».

En la rueda de prensa se presentaron los eventos culturales, cívicos y tradicionales que se realizarán en el marco de este aniversario, invitando a la ciudadanía a participar y ser parte de esta celebración.

Del 25 al 26 de junio, se realizarán las fiestas de Santa Fé, que incluirán recorridos culturales por sus calles, encuentros de danzas y de música, ya que más de la mitad de la población son músicos, y famosos por sus bordados y elaboración del pan de trigo y sus galletas de polvo, y tamales agrios.

Con el objetivo de optimizar el proceso administrativo para la autorización de los desarrollos habitacionales, mediante la reorganización de requisitos técnicos dentro del procedimiento, la 76 Legislatura reformó el Código de Desarrollo Urbano del Estado.

En sesión extraordinaria, el Pleno Legislativo avaló el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura con la propuesta impulsada por los diputados Alfredo Anaya Orozco y Sandra Olimpia Garibay, para reformar los artículos 277, 349, 350, 351, 356, 379 y 385 de dicho Código.

Con la reforma, ahora la dependencia municipal, es decir el área administrativa creada por el Ayuntamiento, para ejercer funciones de desarrollo urbano en el ámbito municipal, tendrá como atribución otorgar o negar autorizaciones de visto bueno de los proyectos de vialidad y lotificación, del sembrado de vivienda, y de nomenclatura de los Desarrollos y desarrollos en condominio.

«En caso de que el predio por fraccionar colinde o cuente con algún servicio de la Federación o Estado, el Ayuntamiento deberá solicitarles un informe de no afectación», precisa el decreto aprobado con 32 votos a favor.

Además, se estableció como requisito para poder comenzar con la obra de edificación, alineamientos y números oficiales, mismos que serán otorgados por la Dependencia Municipal presentando las Aprobaciones del visto bueno y la nomenclatura del Desarrollo vinculadas a la cuenta predial de origen; así como, la licencia de construcción sujetándose a los requisitos señalados en el Reglamento de Construcciones vigente y a la cuenta predial de origen.

Las y los diputados, coincidieron en que Michoacán enfrenta un reto en materia de vivienda, exige visión de largo plazo, responsabilidad institucional y voluntad política para modernizar los instrumentos normativos que regulan el desarrollo urbano.

«La aprobación de la reforma permitirá fortalecer el derecho a la vivienda, impulsar el desarrollo económico regional y generar oportunidades para miles de familias michoacanas que aspiran legítimamente a contar con un hogar digno», subrayaron las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura.

A través de una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, propone incluir a los defensores de los recursos naturales en el estado en la normativa.

El legislador, manifestó que es necesario reconocer como defensores de derechos humanos a dicho sector, porque de la tarea que realizan, derivan derechos fundamentales como la vida misma.

«Amenazas, persecución, secuestros y hasta homicidios, como el de Roberto Chávez, han padecido ambientalistas de Villa Madero que defienden los bosques y sus recursos de un grupo delictivo que opera en la región, y a pesar de ser víctimas de estos criminales, siguen su lucha», ejemplificó el parlamentario.

Asimismo, el diputado local del PRI recordó los casos de Homero Gómez, y de Lázaro Mendoza, ambientalistas asesinados que no han tenido justicia.

«En el 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaró que el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, es un derecho universal. Por lo tanto, quien protege un bosque, un río o la calidad del aire no solamente está cuidando la naturaleza de forma abstracta, sino que está defendiendo la base material que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación», dijo.

Valencia Reyes subrayó que al reformar el artículo segundo de la ley en mención, puede hacer la diferencia en la protección de los ambientalistas que luchan por la protección de los recursos naturales.

Finalmente, hizo un llamado a sus homólogos a no dejar dicha propuesta en otra manifestación de buenas intenciones, «desde nuestro ámbito como legisladores cumplamos con dotar de las herramientas normativas a los ejecutores para la verdadera transformación de la realidad», concluyó.

La diputada local Giulianna Bugarini presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, con el objetivo de reconocer y profesionalizar el trabajo de las y los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

La propuesta busca establecer criterios de formación, certificación y desempeño profesional para quienes realizan esta labor, garantizando una mejor atención a las personas sordas en espacios como hospitales, escuelas, juzgados y oficinas públicas.

Bugarini señaló que la comunicación es un derecho y que ninguna persona debería enfrentar obstáculos para acceder a servicios, información o justicia por falta de accesibilidad. Por ello, consideró necesario fortalecer y dar certeza a esta importante función.

«La inclusión no puede quedarse en el discurso. Profesionalizar a las y los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana es avanzar hacia un Michoacán más accesible, más justo y más incluyente», expresó.

Finalmente, la legisladora destacó que esta iniciativa busca derribar barreras y garantizar que las personas sordas puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones en la vida pública.

«No podemos permitir que nuestros adultos mayores vivan en lugares sin supervisión, sin personal especializado o sin las condiciones necesarias para recibir una atención digna. Esta iniciativa busca protegerlos, garantizar su seguridad y dar tranquilidad a sus familias», afirmó el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, al presentar este miércoles una iniciativa para fortalecer la regulación de las casas hogar, albergues y centros de atención para personas adultas mayores en Michoacán.

Durante la sesión del Congreso del Estado, el legislador perredista propuso reformas a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que reciben miles de personas de la tercera edad en centros públicos y privados.

La iniciativa surge ante la preocupación de que algunos establecimientos operan sin cumplir plenamente con los requisitos de seguridad, personal especializado o supervisión sanitaria, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los adultos mayores.

Entre las principales propuestas destaca la creación de un Registro Estatal de Casas Hogar, Albergues y Centros de Atención Integral autorizados, el cual sería público para que las familias puedan conocer cuáles establecimientos cumplen con la ley y cuentan con los permisos correspondientes.

Además, se plantea que estos centros tengan la obligación de contar con médicos especialistas en geriatría, gerontología y cuidados paliativos durante cada turno, así como personal de enfermería especializado en la atención de personas adultas mayores.

Otro punto relevante es la creación de un Protocolo de Actuación para la Atención Especializada del Adulto Mayor, que establecerá reglas claras para la atención médica, la comunicación con las familias, la actuación ante emergencias y el seguimiento de la salud de las personas residentes.

La propuesta también fortalece las facultades de supervisión de las autoridades sanitarias y contempla inspecciones por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Protección Civil y organismos defensores de derechos humanos.

Octavio Ocampo señaló que el envejecimiento de la población exige que el Estado garantice espacios seguros y profesionales para quienes dedicaron gran parte de su vida a construir sus comunidades.

Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario del PRD busca que las personas adultas mayores reciban una atención más humana, segura y especializada, al tiempo que brinda certeza a las familias sobre las condiciones en que viven sus seres queridos.

En Acto Solemne, el Congreso del Estado reconoció de manera póstuma al ambientalista Homero Gómez González, por su trayectoria en la protección de los ecosistemas forestales; por su contribución a la conservación del hábitat de la Mariposa Monarca; por su liderazgo comunitario; por su compromiso con la educación ambiental; por su defensa de los bosques de Michoacán; y por haber fortalecido la conciencia ambiental dentro y fuera de México.

El Presidente de la Mesa Directiva, junto con los representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, entregaron a Homero Gómez Valencia, hijo del ambientalista, el Reconocimiento al Mérito Ambiental «Homero Gómez» 2026; y se recordó al activista ambiental como un líder que eligió servir a su comunidad, defender su territorio y dedicar su esfuerzo a una causa que trasciende generaciones.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, diputada Sandra Arreola Ruíz, señaló que los activistas por el medio ambiente son defensores del territorio, porque son ellos quienes han construido el cambio con sus propias manos, y quienes han alzado la voz para mostrar lo invaluable que hay en las tierras michoacanas y quienes han demostrado que vale la pena defenderlas.

«Homero no veía los árboles como madera; los veía como hogar de la mariposa monarca, como el latido de su comunidad, como el legado de sus ancestros. Él nos enseñó esa lección que deberíamos tatuarnos en el alma: «La naturaleza no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos», resaltó.

Ante el Pleno, presidentes municipales y ambientalistas, también hizo un reconocimiento a cada defensora y defensor ambiental. «A quienes continúan protegiendo nuestros bosques, ríos y montañas; a quienes entregaron su vida por esta causa; y a las nuevas generaciones que habrán de continuar este camino, porque cuidar la tierra es cuidar la vida misma».

Baltazar Gaona García destacó la labor que han hecho los ambientalistas en el estado, reconociendo el gran esfuerzo que han hecho al defender los recursos naturales, a través de la noble tarea de cuidar el futuro de nuestras generaciones. «A todos ellos a quienes han luchado por el medio ambiente, desde este Congreso del Estado, les decimos gracias a nombre los ciudadanos, por ese gran esfuerzo y gran tarea que hacen».

Homero Gómez Valencia, tras la recepción del reconocimiento a su padre, indicó que al día de hoy ser activista ambiental en México puede costar la vida «los activistas ambientales deben regresar seguros a casa después de cada jornada, deben contar con el respaldo de la sociedad, pero más con el respaldo de las instituciones porque cuidar la naturaleza no es ningún delito».

«Hoy recibo este reconocimiento en nombre de mi padre, pero también en nombre de todas y todos aquellos defensores ambientales que han perdido la vida y en nombre de todos los que están en territorio, quienes siguen resistiendo muchas veces en silencio y la mayoría de las ocasiones sin presupuesto, muchas veces, poniendo recursos hasta de sus propios bolsillos», precisó.

Agregó que México necesita personas comprometidas a plantar un árbol, a levantar la voz, a defender lo que es de todas y todos, «proteger el medio ambiente debe ser una responsabilidad compartida; a mi padre le arrebataron la vida, pero esas personas no pudieron apagar el amor que él sembró por su tierra, ese amor que sigue vivo en todas aquellas personas que siguen defendiendo sus bosques, que siguen conservando el medio ambiente y a todas aquellas a quienes su historia y su legado les tocó el corazón y han decidido hacer algo en beneficio de nuestra tierra».

El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán para establecer una calificativa específica en el delito de homicidio cuando la víctima sea integrante de instituciones policiales y el crimen se cometa en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Al exponer los motivos de su propuesta, el legislador manifestó que la seguridad pública constituye una de las funciones esenciales del Estado, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que su adecuada prestación es condición indispensable para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación del orden público y la paz social.

En ese sentido, señaló que las corporaciones policiales enfrentan condiciones crecientes de violencia derivadas de la actuación de grupos delictivos, mediante ataques directos, represalias, intimidación institucional y emboscadas, como la ocurrida en días pasados contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Nahuatzen.

El diputado calificó estas agresiones como particularmente graves porque, cuando un integrante de una corporación policial es privado de la vida en razón de su cargo, no solo se lesiona el derecho humano a la vida de la víctima, sino que se busca inhibir la actuación institucional, debilitar capacidades, generar impunidad, control territorial y desconfianza social, por lo que su impacto excede al de un homicidio común.

Magaña de la Mora subrayó que resulta jurídicamente válido y constitucionalmente legítimo que el ordenamiento penal establezca una tutela reforzada y un mayor reproche social y jurídico a estas conductas. Destacó que Michoacán no contempla esta agravante, a diferencia de entidades como Jalisco, Puebla, Estado de México y Tamaulipas, que ya cuentan con figuras similares en sus legislaciones.

La iniciativa se sustenta en que el homicidio de policías reviste una gravedad superior, ante la especial función constitucional que desempeñan, al no actuar como particulares sino como agentes encargados de materializar una función indispensable para la existencia del Estado democrático y las libertades.

El diputado concluyó que esta protección reforzada responde a un problema real, inhibe ataques y protege la seguridad colectiva, y agradeció la atención del Pleno.

La construcción de leyes más justas e incluyentes requiere escuchar de manera directa las experiencias, necesidades y propuestas de quienes enfrentan diariamente desafíos para el ejercicio pleno de sus derechos, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, durante el foro «La Ley y la Trisomía 21: Diálogos por la Inclusión».

Al participar en esta actividad organizada por la Comisión de Salud y Asistencia Social, en coordinación con la diputada Nalleli Pedraza Huerta, el legislador destacó la importancia de generar espacios de diálogo que permitan sensibilizar a las instituciones y fortalecer la labor legislativa a partir de las voces de las personas con Trisomía 21, sus familias y especialistas.

Baltazar Gaona señaló que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de mantenerse abierto a la ciudadanía y reconocer que la construcción de mejores leyes requiere del conocimiento y la experiencia de quienes viven directamente las problemáticas sociales. «Este foro nos permite aprender, sensibilizarnos y abrir nuestro entendimiento para construir juntos mejores soluciones. Queremos escuchar y comprender qué hace falta para lograr una sociedad más justa e incluyente», expresó.

Ante las y los asistentes, el presidente de la Mesa Directiva reconoció el esfuerzo de quienes impulsan acciones orientadas a la inclusión y al reconocimiento de los derechos de las personas con Trisomía 21, al tiempo que resaltó que los aportes surgidos durante el encuentro podrán contribuir a la elaboración de propuestas jurídicas y políticas públicas que beneficien a las familias michoacanas.

Asimismo, reiteró la importancia de garantizar espacios donde todas las personas puedan expresarse libremente y participar en la toma de decisiones que impactan su vida cotidiana. «Nunca más deben ser calladas las voces de quienes exigen respeto, inclusión y dignidad. Necesitamos escuchar sus planteamientos para construir un Michoacán donde nadie se quede atrás y donde todas las personas sean tomadas en cuenta», sostuvo.

Finalmente, Baltazar Gaona refrendó la disposición del Poder Legislativo para continuar impulsando acciones que fortalezcan la igualdad de oportunidades, el respeto a la dignidad humana y la inclusión plena de las personas con Trisomía 21, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más sensible, equitativa y comprometida con los derechos de todas y todos.