Con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento de acciones orientadas a la inclusión, la sensibilidad y al reconocimiento pleno de los derechos de las personas con Trisomía 21, la Comisión de Salud y Asistencia Social en coordinación con la diputada Nalleli Pedraza Huerta, llevaron a cabo el foro «La Ley y la Trisomía 21: Diálogos por la Inclusión».

El patio del Poder Legislativo fue el escenario para que especialistas, familiares y personas con Trisomía 21 reflexionaran sobre las necesidades, hablaran sobre sus experiencias e hicieran aportaciones que contribuirán al fortalecimiento de las acciones orientadas a la inclusión, la sensibilidad y al reconocimiento pleno de los derechos de las personas que la presentan.

La legisladora Nalleli Pedraza destacó que históricamente la sociedad y las instituciones han tenido una deuda con las personas con trisomía 21, porque durante décadas, el peso del cuidado, de la educación y atención de la salud ha sido únicamente para las familias.

En materia legislativa, adelantó que se busca asegurar que cada niña y niño tenga acceso a un diagnóstico clínico temprano preciso y sin prejuicios, con la obligación de que existan consultas y terapias de estimulación temprana; pero también estableciendo pautas obligatorias para una educación basada verdaderamente en la inclusión, en generación de programas de capacitación y bolsas de trabajo para asegurar su inserción plena en el mercado laboral.

El presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Abraham Espinoza Villa agradeció la presencia de asistentes porque «su participación es fundamental porque sus experiencias sus voces y sus propuestas nos ayudan a construir mejores caminos para la inclusión y para el reconocimiento pleno de los derechos de todas las personas con Trisomía 21».

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García resaltó la importancia de escuchar las necesidades de quienes viven o tienen a un familiar con Síndrome de Down, a fin de que se contribuya con la generación de un proyecto jurídico que beneficie a muchas familias, al visibilizar la problemática a la que se enfrentan.

Por su parte, la Diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado dijo estar segura que el resultado de los diálogos, van enfocados a atender y a seguir fortaleciendo a todos los sectores en nuestro estado. Como médico –dijo- sé lo que representa para para la familia; sé la importancia de las redes de apoyo, que haya médicos especialistas para poder salir adelante.

En representación del Secretario de Salud en la entidad, el Dr. Cirilo Pineda Tapia estableció que fieles a los principios de bioética, «todos debemos tener la certeza y la garantía de que la atención a la salud debe otorgarse y ofrecerse con absoluta libertad, con seguridad, sin discriminación y con total inclusión.

Señaló que el reto para la atención de personas con Síndrome de Down es elevado por que involucra no solamente asuntos de salud, sino situaciones emocionales para la familia, «en este momento como director del Hospital Infantil de Morelia, tenemos una total apertura y buena gran sensibilidad para atender a las personas que acuden a nuestra institución a recibir atención y solicitar ayuda».

Por su parte, las y los asistentes coincidieron en las dificultades que enfrentan día a día para la atención e inclusión de las personas con Trisomía 21, en los ámbitos sociales, escolares y laborales, por lo que instaron a los legisladores a generar los acuerdos, los marcos jurídicos y las políticas públicas que permita generar un Michoacán con igualdad para todos.

En el marco de las actividades de servicio social, las instituciones educativas y autoridades competentes promoverán campañas de sensibilización y concientización sobre la importancia de la donación altruista de sangre.

Lo anterior, luego de que el Pleno del Poder Legislativo aprobara el Dictamen elaborado por la Comisión de Educación sobre la propuesta presentada por el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, para reformar el artículo 23 de la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo.

Las y los legisladores precisaron en el ordenamiento jurídico que con dichas acciones, se fomenta la participación voluntaria y solidaria de las y los estudiantes, con pleno respeto a sus condiciones de salud y derechos humanos.

Conforme al Dictamen, en sus Consideraciones, la Comisión de Educación estableció la importancia de incorporar, como parte de los mecanismos de formación integral de las y los estudiantes, la promoción de valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso con la comunidad.

«Bajo esta perspectiva, se estima viable orientar las acciones institucionales al fortalecimiento de la conciencia social mediante estrategias de sensibilización y difusión. En ese tenor, las instituciones educativas y las autoridades competentes promueven, en el marco de las actividades de servicio social, campañas de sensibilización y concientización sobre la importancia de la donación altruista de sangre, destacando su valor como práctica solidaria en beneficio de la sociedad», puntualizaron.

De igual forma, establecieron que dichas acciones tendrán como finalidad fomentar la participación voluntaria, informada y responsable de las y los estudiantes, privilegiando en todo momento el respeto a sus condiciones de salud, su autonomía y sus derechos humanos, evitando cualquier forma de coerción y garantizando que la donación de sangre se realice bajo criterios médicos y éticos adecuados.

Previamente, en su iniciativa, el diputado Carlos Alejandro Bautista destacó que su propuesta no es una imposición arbitraria, sino de una medida con profundo sentido humanitario, mediante campañas de información, concientización y facilidades institucionales para su cumplimiento.

Así mismo, definió que aquellos estudiantes que no puedan donar, podrán participar en actividades alternativas de promoción, difusión y educación sobre la importancia de la donación, contribuyendo así al mismo objetivo.

Las y los diputados de la 76 Legislatura aprobaron reformar la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental de Michoacán, con el objetivo de fortalecer la protección del medio ambiente mediante la promoción de la educación ambiental integral, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

La reforma que tiene como finalidad formar una ciudadanía más consciente, participativa y comprometida con el cuidado de los recursos naturales, fue propuesta en su momento por la diputada Teresita de Jesús Herrera, dictaminada por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y avalada por el Pleno Legislativo en sesión extraordinaria.

Es así que, se reformó el artículo 65 de la ley en mención para establecer que la Secretaria de Medio Ambiente de Michoacán en coordinación con la Secretaría de Educación promoverá la concientización ambiental desde la infancia y adolescencia, dentro de un proceso permanente de aprendizaje mediante el cual las personas interactúen en armonía con la naturaleza.

Además, se plasmó en el artículo 67 que la Secretaría de Medio Ambiente y los ayuntamientos promoverán, impulsarán especialmente la participación, sensibilización y formación ambiental de niñas, niños y adolescentes, mediante procesos educativos continuos y permanentes en los ámbitos formales, no formales e informales.

Ahora, por ley las autoridades competentes promoverán mecanismos y espacios de participación ambiental en formatos accesibles, incluyentes dirigidos a niñas, niños y adolescentes, a fin de fortalecer su involucramiento en acciones comunitarias de protección, cuidado y conservación del medio ambiente, así como en actividades de sensibilización frente al cambio climático y la protección de los recursos naturales.

Finalmente, las y los legisladores coincidieron en que la educación ambiental integral es una herramienta indispensable, «enseñar a niñas y niños a cuidar el agua, proteger los ecosistemas, respetar la biodiversidad y comprender los efectos de la contaminación y del cambio climático representa una inversión en el futuro colectivo y en la construcción de sociedades más sostenibles», precisa el recién aprobado decreto.

Garantizar que las personas con discapacidad participen de manera activa en la elaboración de las políticas públicas, los programas y acciones que inciden en sus vidas, es la finalidad de la iniciativa presentada por el diputado Conrado Paz Torres durante la última sesión.

Su propuesta, marca una nueva visión de verdadera inclusión, pues busca que las más de 826 mil personas que viven con alguna discapacidad en la entidad, puedan participar en la construcción de las políticas públicas que de alguna manera afectan o benefician su calidad de vida.

«Queremos que las decisiones gubernamentales dejen de basarse en suposiciones y se construyan a partir de las experiencias de las personas que viven con discapacidad, por lo que esta propuesta de Ley de Consulta a las Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán, entiende la urgencia de que Michoacán cuente con un marco normativo que los entienda y atienda», señaló el legislador.

Paz Torres, explicó que las leyes deben adaptarse a las personas y a sus realidades, por lo que esta nueva Ley de Consulta contempla y garantiza que las personas con discapacidad, sean consultadas antes de aprobarse una reforma, una Ley o cualquier política gubernamental que pueda afectarles, estableciendo reglas mínimas que deberán observar los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En conclusión, Conrado Paz reafirmó su compromiso de legislar para que los más vulnerables, sean reconocidos y sus necesidades no sólo sean visibilizadas, sino que éstas se traduzcan en leyes más justas y adecuadas a sus realidades.

Legislar en favor de las personas con enfermedades raras o discapacitantes es reconocer su dignidad, sus derechos y garantizar una atención integral en materia de salud, indicó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social de Michoacán.

Herrera Maldonado aseveró que en Michoacán existen miles de familias que enfrentan diariamente la incertidumbre, el desgaste físico, emocional y económico que implica vivir con una enfermedad, lo que representa un reto de salud pública, y que permanece invisibilizado.

Recalcó que con la iniciativa presentada se busca fortalecer la coordinación entre distintas instituciones involucradas para garantizar una atención más humana, cercana y sensible a las necesidades de los pacientes y quienes los acompañan en su proceso.

«Esta iniciativa tiene como finalidad que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) establezca mecanismos permanentes de acompañamiento y apoyo físico y emocional para personas que padecen enfermedades raras, poco frecuentes o discapacitantes, en el Estado de Michoacán, mediante acciones coordinadas entre instituciones de salud, organismos de asistencia social y autoridades estatales y municipales».

La legisladora panista detalló que las políticas públicas en materia de salud deben tener una visión humanista y empática que acompañe y atienda las necesidades emocionales y sociales de quienes viven con una enfermedad rara o discapacitante, y sus familias.

«Las personas con enfermedades raras, poco frecuentes o discapacitantes deben tener a su alcance las herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. Ellos cada día se enfrentan a una gran batalla, en la que ganar significa vivir».

Tere Herrera puntualizó que desde el Congreso del Estado continuará impulsando leyes que permitan el acceso a servicios de salud, que promuevan la inclusión y garanticen una mejor calidad de vida para todas y todos los michoacanos.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán con el objetivo de excluir de responsabilidad penal a aquellas personas que, actuando de buena fe, de manera racional, proporcional e inmediata, ocasionen daños mínimos indispensables en un vehículo o espacio cerrado para rescatar a un menor, adulto mayor, persona con discapacidad o animal que se encuentre en riesgo real e inminente de muerte o lesiones graves debido a temperaturas extremas.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora recordó dos casos recientes que conmocionaron al país. El primero fue el de Vicente, un niño de tres años en Mexicali, quien perdió la vida tras permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo bajo temperaturas extremas, sufriendo golpe de calor y quemaduras en la piel.

El segundo ocurrió en Morelia, donde elementos de seguridad rescataron a un menor de tres años encerrado en un automóvil con temperaturas de hasta 45 grados centígrados, mientras la persona responsable decidió formarse para conseguir boletos para un concierto. «Estamos hablando de dos casos de negligencia en menos de un mes.

Estos hechos nos obligan a reflexionar: cuando una vida está en peligro, cada minuto cuenta. ¿Por qué ningún civil hizo algo para ayudar?», cuestionó Arreola Ruiz.

La diputada señaló que existe un vacío legal que coloca a las personas frente a una decisión difícil: salvar una vida y exponerse a posibles consecuencias legales por ocasionar daños en un vehículo, o abstenerse de actuar por temor a una denuncia.

«La pregunta es muy simple: ¿Qué vale más? ¿Un cristal roto o una vida humana?», expresó. La iniciativa propone incorporar una disposición clara que excluya de responsabilidad penal a quienes, actuando motivados por la solidaridad y el deber humano de auxiliar, causen daños mínimos e indispensables para rescatar a alguien en riesgo real e inminente dentro de un vehículo o espacio cerrado.

Arreola Ruiz fundamentó su propuesta en el estado de necesidad, figura jurídica reconocida por el sistema penal que justifica una conducta cuando se realiza para evitar un daño mayor e inminente, así como en el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Constitución, que obliga a las autoridades a privilegiar la protección más amplia para los derechos humanos.

La legisladora concluyó que esta iniciativa obliga a decidir qué tipo de sociedad se quiere ser: una que permanezca inmóvil por miedo a consecuencias legales mientras una vida está en riesgo, o una que entienda que la empatía, la solidaridad y la protección de la vida deben estar por encima de cualquier bien material.

«Que la historia de Vicente no quede solamente en la memoria de una tragedia. Que nos sirva para actuar, para prevenir y para entender que salvar una vida siempre debe ser prioridad. Porque nadie debería perder la vida por permanecer olvidado dentro de un vehículo mientras quienes pudieron ayudar tuvieron miedo de hacerlo», sentenció.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica de las y los michoacanos en el entorno digital, el diputado David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal local.

La propuesta busca adicionar el Capítulo VI, denominado «Acceso y Uso Ilícito de Sistemas Informáticos», al Título Vigésimo Primero del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. Esta reforma aborda la creciente necesidad de regular y sancionar conductas que vulneran la integridad de los sistemas de información, estableciendo penas específicas para quienes vulneren la seguridad digital de los ciudadanos.

Durante la presentación en el pleno del diputado en Congreso del Estado, se destacó que el vacío legal en materia de delitos cibernéticos a nivel local requiere una actualización urgente para responder a los desafíos tecnológicos actuales, salvaguardando también el normal funcionamiento de las vías de comunicación y los sistemas tecnológicos vinculados a los servicios públicos.

«Es fundamental que nuestro marco jurídico evolucione al mismo ritmo que la tecnología para garantizar que ningún delito cometido a través de sistemas informáticos quede impune», señaló el legislador.

Con esta iniciativa presentada por Martinez Gowman, Michoacán se colocaría a la vanguardia en la protección de los derechos digitales de la población.

Ante los efectos cada vez más visibles del cambio climático y el aumento de las temperaturas en las ciudades, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó este miércoles una iniciativa de reforma para incorporar el concepto de sombra urbana en la legislación ambiental de Michoacán.

Durante la sesión ordinaria del Pleno, la legisladora destacó que el diseño de los espacios públicos debe responder a las nuevas condiciones climáticas y priorizar el bienestar de las personas, especialmente de quienes diariamente transitan por calles, plazas, parques y paradas de transporte público expuestas al calor extremo.

Grecia Aguilar señaló que la propuesta surge de una realidad que ya se vive en Michoacán y en todo el país, donde las altas temperaturas representan un desafío creciente para la salud y la calidad de vida de la población. Recordó que 2024 fue el año más cálido registrado a nivel mundial y también el más caluroso en México desde que existen registros históricos.

La iniciativa plantea reconocer la sombra urbana como una herramienta de adaptación al cambio climático, promoviendo acciones orientadas a incrementar la cobertura vegetal, fortalecer la infraestructura verde y ampliar el arbolado en los centros de población.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano explicó que esta medida busca contribuir a la reducción de las denominadas islas de calor urbanas, fenómeno que provoca temperaturas más elevadas en zonas con exceso de concreto y asfalto y escasa presencia de áreas verdes.

Asimismo, destacó que los sectores más vulnerables ante estas condiciones son las niñas, niños, personas adultas mayores y trabajadores que permanecen gran parte de su jornada en espacios abiertos, por lo que resulta indispensable incorporar criterios de adaptación climática en la planeación urbana.

La propuesta legislativa establece que la generación de sombra urbana y la infraestructura verde sean consideradas dentro de los procesos de diseño, rehabilitación y desarrollo de espacios públicos, impulsando ciudades más resilientes, sustentables y habitables para las futuras generaciones.

Grecia Aguilar subrayó que la adaptación al cambio climático no siempre requiere grandes obras, sino decisiones responsables y de largo plazo. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, afirmó que esta iniciativa representa una apuesta por construir ciudades más humanas, preparadas para enfrentar los retos ambientales del presente y del futuro.

Ante lo que consideró como constantes quejas de pacientes y familiares por las condiciones de atención que reciben en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, la diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades de la institución para garantizar un trato digno, humano y sensible a las personas usuarias de los servicios de salud.

Durante su participación en sesión del Congreso del Estado, la legisladora manifestó que miles de familias michoacanas enfrentan diariamente situaciones de incertidumbre y preocupación mientras esperan atención médica para sus seres queridos, encontrándose en muchos casos con prácticas que no corresponden a los principios de respeto y calidad que deben prevalecer en las instituciones públicas.

Xóchitl Ruiz señaló que la salud no debe limitarse únicamente a la prestación de servicios médicos o procedimientos clínicos, sino que también implica brindar acompañamiento, empatía y un trato adecuado a quienes atraviesan momentos difíciles derivados de una enfermedad o emergencia médica.

La diputada fue enfática al precisar que esta problemática no puede atribuirse al personal médico, de enfermería ni a los trabajadores de base, quienes diariamente desempeñan sus funciones bajo condiciones complejas y con una alta demanda de servicios, demostrando compromiso y profesionalismo en la atención de la población.

En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad corresponde a quienes tienen la obligación de dirigir, supervisar y garantizar el adecuado funcionamiento de las unidades médicas, así como generar las condiciones necesarias para que la atención se otorgue con calidad y calidez humana.

Asimismo, destacó que las personas encargadas de la vigilancia y del control de accesos en hospitales y clínicas, ya sea personal propio o subrogado, deben desempeñar sus funciones con sensibilidad y respeto, entendiendo que el cumplimiento de protocolos nunca debe colocarse por encima de los derechos y la dignidad de las personas.

La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos recordó que la política de salud impulsada por el Gobierno de México tiene como ejes fundamentales la atención digna, el trato humano y el acceso efectivo a los servicios médicos, principios que deben reflejarse en cada espacio de atención a la ciudadanía.

Finalmente, Xóchitl Ruiz González exhortó a las autoridades y directivos del IMSS en Michoacán a colocar verdaderamente a las personas en el centro de la atención institucional, al considerar que la calidad de un sistema de salud también se mide por la forma en que responde humana y solidariamente a quienes más necesitan apoyo.

Con el firme objetivo de saldar una deuda histórica de empatía y justicia social, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, presentó ante el Honorable Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social, la Ley de Salud y la Ley de Inclusión, diseñada para visibilizar, proteger y dignificar a las personas con discapacidad y a sus cuidadoras primarias.

La legisladora destacó que este paquete de reformas no surge de un escritorio, sino de la «voz viva» de las y los ciudadanos que participaron en el Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, rompiendo con la vieja práctica de legislar desde el privilegio y la normatividad física.

Pedraza alertó sobre la grave exclusión laboral en el estado, donde el 98.71% de las empresas excluye sistemáticamente a las personas con discapacidad, empujándolas a una dependencia familiar absoluta que recae mayoritariamente en las mujeres.

«Los datos son devastadores: el 86.9% de quienes asumen los cuidados primarios y severos son mujeres. Madres, hermanas y abuelas que desarrollan el ‘Síndrome del Cuidador’ ante el agotamiento crónico», señaló la diputada.

Para combatir esta realidad, la reforma propone:
• Subsidio económico mensual de subsistencia para cuidadoras primarias.
• Atención psicológica preferente.
• Creación de estancias de relevo para garantizar el descanso de las familias.

La propuesta no solo aborda el tema asistencial, sino que implementa cambios técnicos y jurídicos de vanguardia para el sistema de salud en Michoacán:

• Consentimiento informado en Lengua de Señas Mexicana (LSM): Se terminará con la vulneración bioética que sufren las personas sordas al firmar formatos en español antes de una cirugía. La traducción oficial en LSM y su constancia en video serán obligatorias.
• Salud sexual e interseccionalidad: Se creará el Programa Estatal de Salud Sexual Accesible, con materiales educativos en LSM dirigidos también a la diversidad sexual dentro de la comunidad sorda.
• Validación en Neurodesarrollo (Autismo): Se agilizarán los trámites eliminando barreras administrativas. Los dictámenes de Espectro Autista emitidos por especialistas externos tendrán validez plena e inmediata para acceder a terapias vitales.
• Protocolo Neonatal de Primera Noticia: Se obligará a las instituciones de salud a comunicar los diagnósticos de discapacidad en recién nacidos con absoluta empatía y acompañamiento psicológico, vinculando de inmediato a las infancias a rutas de estimulación temprana.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza, hizo un llamado enérgico a sus homólogos en el Congreso para aprobar esta iniciativa por congruencia y justicia constitucional, recordando que «la accesibilidad no es un favor, es un derecho humano innegociable; y la inclusión no es caridad, es justicia».