Con el objetivo de fortalecer las condiciones de desarrollo, comercialización y preservación del trabajo artesanal en Michoacán, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, en conjunto con el legislador Marco Polo Aguirre Chávez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo.

En tribuna, la legisladora destacó que Michoacán es un referente nacional e internacional en la creación de arte popular, gracias al trabajo de comunidades que mantienen vivas tradiciones milenarias y que, además de representar la identidad cultural del estado, sostienen la economía de miles de familias tanto en zonas rurales como urbanas.

La diputada subrayó que, pese a la riqueza cultural y productiva del sector, muchas personas artesanas enfrentan condiciones de desigualdad estructural, falta de espacios dignos para comercializar sus productos y ausencia de políticas públicas municipales sólidas que les permitan mejorar su calidad de vida y preservar técnicas ancestrales.

Señaló que esta situación se agravó durante la pandemia de COVID-19 y con las crisis inflacionarias posteriores, cuando la suspensión de canales de venta físicos, tianguis artesanales y concursos estatales dejó al sector en una condición de alta vulnerabilidad económica.

Erendira Isauro Hernández expuso que en diversas comunidades artesanales persisten demandas históricas por mayor respaldo institucional, mejores espacios públicos para exhibir sus productos, movilidad para trasladar mercancías a ferias y exposiciones, así como estrategias que permitan integrar la producción artesanal al desarrollo turístico local.

La propuesta legislativa plantea descentralizar el respaldo al sector artesanal, estableciendo una participación más activa de los ayuntamientos como primer orden de gobierno en contacto directo con las y los creadores. Para ello, contempla tres ejes principales: Primero, que los municipios incluyan obligatoriamente en sus presupuestos de egresos recursos destinados a la logística y movilidad de las y los artesanos, a fin de facilitar su participación en ferias, exposiciones y espacios de venta fuera de sus localidades.

Segundo, que los ayuntamientos establezcan en sus reglamentos la asignación de los mejores espacios públicos para las personas artesanas durante eventos festivos y en la vía pública, evitando su relegación a zonas con menor flujo comercial y garantizando un trato digno. Y tercero, vincular de manera directa la producción artesanal con los planes de desarrollo turístico municipal, promoviendo visitas a talleres y comunidades creadoras para generar derrama económica directa, eliminar intermediarios y fortalecer un turismo cultural sustentable y vivencial.

Con esta iniciativa, la legisladora busca que el trabajo artesanal sea reconocido no solo como expresión cultural, sino como una actividad estratégica para el desarrollo económico, social y turístico de Michoacán, especialmente en comunidades rurales e indígenas donde esta labor representa una fuente esencial de ingreso y de preservación de la identidad colectiva.

Con la finalidad de promover la creación y el acceso a las bibliotecas digitales, el pleno de la 76 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Bibliotecas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado votó a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación sobre la iniciativa presentada por la Diputada María Itzé Camacho Zapiáin.

A partir de la aprobación, el ordenamiento jurídico, establece en su Artículo 14 que corresponde a la Dirección Estatal de Bibliotecas, entre otras cosas, coordinar la digitalización de los acervos de las bibliotecas, así como promover la creación y acceso a bibliotecas digitales que permitan la consulta gratuita de materiales académicos, científicos y culturales.

Las y los legisladores, votaron a favor de que se declare de interés social la creación de un Sistema Estatal de Bibliotecas integrado por las bibliotecas de los sectores públicos y privado, así como por bibliotecas digitales de acceso gratuito, con el propósito de conjuntar esfuerzos para integrar y ordenar los acervos bibliográficos, hemerográficos y digitales disponibles en las bibliotecas que lo integran.

En el Artículo 23, se estipuló que para el cumplimiento de sus propósitos el Sistema Estatal tendrá como una de sus atribuciones el promover la creación de bibliotecas digitales estatales y el acceso a bibliotecas digitales externas mediante convenios con instituciones nacionales e internacionales.

En su momento, la diputada Itzé Camacho manifestó que para la juventud michoacana la existencia de bibliotecas digitales no representan una herramienta complementaria, sino una condición para garantizar su derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de habilidades que les permitan integrarse a un mundo laboral y académico cada vez más competitivo y globalizado.

«Con estas plataformas digitales se abren posibilidades de consulta, investigación, aprendizaje de idiomas, acceso a contenidos científicos y culturales, todo desde sus comunidades, sin que la distancia o la falta de recursos económicos se conviertan en barreras», precisó.

El Pleno del Poder Legislativo en cumplimiento con la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, avaló el dictamen de Glosa en materia de desarrollo urbano correspondiente al Cuarto Informe del Estado que Guarda la Administración Pública Estatal remitido por el Gobierno del Estado.

El dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue avalado por unanimidad en sesión extraordinaria.

En este, se recomendó al titular del Poder Ejecutivo del Estado que, a través del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo, fortalezca las acciones institucionales y administrativas para consolidar la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado por el Gobierno Federal, a efecto de ampliar el acceso a ese Programa y garantizar el derecho a una vivienda digna a las y los michoacanos.

Cabe destacar, que para el análisis de dicha Glosa, las y los legisladores de la Comisión, se reunieron con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y del Instituto de Vivienda del Estado, con el fin de obtener mayores elementos para ampliar la información contenida en el Informe de Gobierno.

«La reunión con los servidores públicos, aunado a la información complementaria solicitada resultó fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual, es esencial para combatir la corrupción, y por ende mejorar la gestión pública y generar confianza ciudadana en las instituciones democráticas», precisa el documento aprobado.

Con la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo se evitarían juicios largos, complicados y desgastantes, al abrir una puerta al diálogo para encontrar soluciones favorables a ambas partes, explicó el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado.

Al presentarse la iniciativa del legislador la Coordinadora del Grupo Parlamentario, Sandra Arreola Ruíz destacó que para construir acuerdos se necesita una estructura de confianza, con reglas claras y con una ley que lo sustente.

«Es ahí donde esta ley cobra sentido porque viene a dar ese orden, ese respaldo que necesitamos para que el diálogo funcione, que los acuerdos se cumplan y que la justicia realmente se acerque a la gente, en un mundo donde es mucho más fácil confrontarnos, entrar en conflicto. Apostar por llegar a un acuerdo, es un acto de responsabilidad y sobre todo de humanidad» resaltó.

En el Salón de Recepciones, el legislador Juan Antonio Magaña de la Mora destacó la Iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias representa un cambio de visión sobre la justicia. «Durante muchos años, el modelo tradicional nos ha llevado a procesos largos costosos y desgastantes juicios que dividen; procesos que causan problemas, con resoluciones que muchas veces llegan muy tarde. Frente a esto, proponemos una ruta distinta menos confrontación y más diálogo; menos litigio, más acuerdos; menos desgaste y más soluciones».

Magaña de la Mora explicó que la iniciativa impulsa mecanismos como la mediación, la conciliación, la negociación colaborativa y la justicia restaurativa «y quiero subrayarlo, no estamos hablando solo de procedimientos legales, estamos hablando de construir la paz porque la paz no es sólo ausencia de violencia; la paz es la capacidad de una sociedad para poder resolver sus diferentes diferencias, con respeto con diálogo y con responsabilidad».

Agregó que la iniciativa tiene un enfoque integral: en la familia, en las escuelas, en las comunidades, en administración pública; y que uno de los avances más importantes de dicha iniciativa es la negociación colaborativa, dejando atrás la lógica de ganar o perder, apostando por soluciones.

María del Pilar Chávez, con una experiencia en el tema por más de 25 años, explicó que la iniciativa se armoniza con la ley general en la materia y resaltó ésta puede aportar muchísimo a la pacificación del estado porque no solamente se solucionan conflictos de personas que ya están un conflicto jurídico, sino también atendiendo conflictos de convivencia en la escuela, en comunidad, permitiendo la dimensión de la justicia restaurativa y terapéutica.

Finalmente, ante los legisladores David Martínez Gowman y Abraham Espinoza Villa y el Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Serrato Lozano destacó que una vez aprobada, la ley permitiría que los abogados victimales pudieran encontrar una mejor solución a los conflictos de trascendencia jurídica, protegiendo los derechos de las víctimas.

Para prohibir el despido de personas que laboran en dependencias de la administración pública estatal, por adquisición de una discapacidad durante el desempeño de un empleo y para que se hagan los ajustes razones y las personas en esa condición puedan continuar laborando, fue la propuesta presentada por el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

En la sesión extraordinaria de este jueves el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó la propuesta para adicionar dos párrafos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y al artículo tercero de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán.

Durante su intervención en tribuna, indicó que la iniciativa está encaminada a propiciar espacios incluyentes y a eliminar conductas de discriminación hacia la clase trabajadora, en condición de discapacidad, para que lejos de ser despedidos, se implementen los ajustes que sean necesarios para el desempeño de su labor.

El diputado de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, expuso que es necesario avanzar, en el ámbito laboral, en acciones legislativas que permitan poner un alto a conductas de discriminación y de violaciones a los derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad.

En ese sentido, Gómez Núñez destacó que la iniciativa presentada busca garantizar el derecho al trabajo a las personas con discapacidad, no solo como una obligación jurídica sino como una condición indispensable para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Con el principal objetivo de garantizar el pleno ejercicio de un derecho humano fundamental, fortalecer la gobernanza pública, armonizar el sistema jurídico estatal con el marco nacional y responder a los desafíos tecnológicos contemporáneos, la 76 Legislatura expidió la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán.

Fueron las Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos las encargadas del estudio, análisis y dictamen de la homologación de la legislación estatal para garantizar uniformidad en los estándares de protección en todo el territorio nacional, congruencia normativa entre el ámbito federal y local; seguridad jurídica para los sujetos obligados y para la ciudadanía y Prevención de controversias por contradicción normativa.

La nueva legislación establece las atribuciones del órgano garante estatal, dotándolo de autonomía técnica y de gestión, con facultades claras de supervisión y verificación, así como, procedimientos eficaces para la tutela de derechos y coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.

En este sentido, la protección de datos personales estará a cargo de los órganos internos de control o contralorías de las diferentes instituciones públicas estatales, de los tres poderes del estado, y de los organismos autónomos.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales no serán procedentes, es decir, las autoridades podrán dar tratamiento de datos personales sin consentimiento de la persona titular, en caso que exista una resolución legal; cuando se lesionen los derechos de un tercero; cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas; entre otros.

Asimismo, la nueva normativa establece que serán causas de sanción: el usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia; y, las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Cabe señalar que con la entrada en vigor de la nueva normativa se abroga la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 13 de noviembre de 2017.

Ante la extinción y la liquidación del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), y el establecimiento de que la persona titular de la Secretaría de Contraloría del Estado, fungirá como liquidadora, el Congreso del Estado concretó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

De acuerdo con la reforma aprobada, en el artículo 22 quedó estipulado que, a la Secretaría de Contraloría, le corresponde proponer la actualización del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, así como promover y regular la emisión de los Códigos de Conducta de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, en los que se establezcan las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.

De igual forma, ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones.

También, promover y consolidar los principios de transparencia y acceso a la información pública, y los mecanismos de participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión pública.

Las y los legisladores michoacanos establecieron el Segundo Transitorio que el Ejecutivo del Estado, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y administrativas necesarias para la debida observancia del Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

En el Dictamen elaborado sobre la propuesta del Gobernador del Estado de Michoacán, se determinó que la titular de la Secretaría de Contraloría, o quien ésta designe, fungirá como liquidadora, con la obligación de garantizar la conclusión ordenada de sus funciones, la transferencia de los recursos humanos, materiales, financieros y documentales, así como la continuidad administrativa y jurídica de los procedimientos en trámite.

«La presente reforma amplia el marco jurídico de la Secretaria incorporando de manera expresa entre sus atribuciones las relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la imposición de las sanciones que correspondan conforme a la ley. Fortaleciendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y apertura institucional al tiempo que se promueve la participación ciudadana en la evaluación de la gestión gubernamental», se precisa en el mismo.

Con el compromiso de garantizar la paz, la seguridad personal y la libertad de las y los ciudadanos, el diputado Toño Mendoza impulsó una iniciativa que fortalece el marco penal en Michoacán frente a conductas de hostigamiento, persecución e intimidación que vulneran la vida cotidiana de las personas.

El legislador destacó que el Estado tiene la obligación de proteger de manera efectiva a la población ante nuevas formas de violencia que han surgido con la evolución social y el uso de tecnologías digitales. En este sentido, subrayó la importancia de tipificar el delito de acecho —también conocido como stalking—, una conducta reiterada que genera miedo, afecta la estabilidad emocional y puede escalar hacia delitos de mayor gravedad.

La propuesta, trabajada en conjunto por las comisiones de Justicia e Igualdad y aprobada por el Pleno, incorpora sanciones específicas contra actos de vigilancia, persecución y contacto no deseado, así como agravantes cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad o cuando se utilicen medios electrónicos para cometer estas conductas.

Asimismo, la iniciativa contempla la incorporación del delito de cobranza extrajudicial ilegal, con el objetivo de frenar prácticas de intimidación y presión indebida ejercidas por despachos o particulares mediante llamadas constantes, amenazas o visitas intimidatorias, protegiendo no solo a las personas deudoras, sino también a sus familias y entornos laborales.

Toño Mendoza enfatizó que esta reforma permitirá dotar a las autoridades de herramientas jurídicas claras para prevenir, investigar y sancionar conductas que atentan contra la tranquilidad y la seguridad de las personas, respondiendo a una demanda social urgente de vivir en un entorno de respeto, libertad y paz en todo el estado de Michoacán.

El no reconocer monetariamente las labores desempeñadas en el hogar, así como las actividades relacionadas con la asistencia personal, acompañamiento y cuidados a los miembros de la familia, debe ser considerado como violencia contra la mujer, así lo estipuló el diputado Reyes Galindo Pedraza, en la iniciativa que presentó este miércoles ante el pleno del Congreso de Michoacán.

A través de una adición a un artículo 11 Bis, a la ley Por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, busca erradicar cualquier tipo de violencia hacia este género, al explicar que se genera una desigualdad económica y social ante la falta de remuneración al realizar este tipo de labores.

Asimismo, en este decreto, el legislador señaló que busca que se establezca que: el obligar a las mujeres durante el embarazo a realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable que signifique algún tipo de peligro para su salud gestacional, también debe considerarse como violencia hacia la mujer.

Explicó que para ONU Mujeres, el que los gobiernos nacionales y subnacionales, emprendan legislación y políticas orientadas a hacer frente al trabajo doméstico y los cuidados no remunerados, se ha convertido en un tema de enorme relevancia; ya que el trabajo doméstico no remunerado ha sido históricamente una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución de las mujeres al desarrollo y a la supervivencia económica de los hogares.

«Y es que el trabajo no remunerado, relacionado principalmente con el cuidado del hogar y de la familia, no solo representa una jornada de trabajo que se puede extender más allá de lo que contempla la legislación laboral, sino también la perpetuación de la desigualdad económica y social entre hombres y mujeres», recalcó el congresista.

El líder parlamentario del PT, refirió que de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 75 millones de personas se dedican al trabajo doméstico en todo el mundo, y se estima que casi el 80 por ciento son mujeres, de ahí dijo, deriva la importancia de hacer frente a la desigualdad de género.

En este contexto, señaló que las mujeres dedican alrededor de 59 horas semanales al trabajo de cuidados y doméstico, casi el triple de lo destinado por los hombres, quienes dedican 22 horas promedio; respecto a los cuidados, la mujeres dedican 28.8 horas a la semana, en tanto que los hombres solo 12.4 horas semanales.

Dijo que según datos del INEGI, en Michoacán en el 2025 el trabajo no remunerado representó el 37.4 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, lo que significa más de una tercera parte del valor de la economía local y se situó en 13 puntos porcentuales por encima del promedio nacional que a su vez, significa el 30 por ciento del valor total de la economía en todo el país.

«Lamentablemente, las labores domésticas de cuidados no remunerados siguen siendo un pilar invisible de la economía y una agenda pendiente en la palestra estatal y nacional; por ello, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y en congruencia de hacer frente a todos los tipos de violencia en Michoacán, presentamos esta iniciativa de Ley que tiene como propósito contemplar la violencia en contra de las mujeres el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados», refirió Reyes Galindo.

Al advertir que muchas señales de violencia hoy se manifiestan primero en redes sociales y después impactan en la vida escolar, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández presentó una iniciativa para que las instituciones de educación media superior en Michoacán cuenten con mecanismos legales de prevención, atención y actuación inmediata ante conductas de riesgo en el entorno digital.

La legisladora integrante de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Formación para el Trabajo del Estado de Michoacán de Ocampo.

En su exposición de motivos, señaló que las dinámicas de socialización de las y los jóvenes han migrado en gran medida a plataformas virtuales, donde en múltiples ocasiones se glorifican conductas delictivas, se emiten discursos de odio y se exhiben amenazas explícitas e implícitas.

Sostuvo que este fenómeno representa un riesgo real para las comunidades escolares, pues los valores y la convivencia se ven amenazados cuando el entorno educativo se vuelve vulnerable a la violencia anticipada en el ciberespacio.

Asimismo, refirió que hechos recientes ocurridos en la entidad evidencian la necesidad de actuar con mayor responsabilidad institucional frente a señales de alerta que, aun estando a la vista, no siempre encuentran canales claros de atención ni protocolos definidos para prevenir una tragedia.

Por ello, explicó que su propuesta busca cerrar el vacío legal que existe en la legislación estatal en materia de ciberseguridad escolar, prevención de la violencia emanada de redes sociales y mecanismos de actuación inmediata por parte de las instituciones educativas.

La iniciativa plantea establecer la obligación de quienes integran la comunidad educativa, entre ellos docentes, alumnado, personal administrativo, directivo y de apoyo, de alertar a las instituciones sobre posibles conductas de riesgo, con el fin de fortalecer una cultura de prevención solidaria y responsable.

De igual forma, propone que las instituciones responsables de la educación en el nivel medio superior cuenten obligatoriamente con un Protocolo de Atención y Prevención, mediante el cual se definan las acciones a seguir una vez recibida una alerta, desde la contención psicológica y la evaluación del riesgo, hasta la notificación inmediata a las autoridades competentes.

Eréndira Isauro Hernández subrayó que esta propuesta no pretende criminalizar a las y los estudiantes, sino generar canales institucionales seguros y confidenciales que permitan actuar a tiempo frente a conductas que puedan poner en riesgo la integridad física y mental de la comunidad escolar.

Finalmente, precisó que con esta iniciativa Michoacán puede avanzar en la actualización de su marco legal frente a las realidades tecnológicas actuales, a fin de blindar los espacios educativo ante la violencia que también se gesta en el entorno digital.