El Congreso del Estado aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reducir costos en los gobiernos locales y congresos estatales; establecer topes salariales, limitar el número de regidores, así como prohibir altos seguros y prestaciones.

En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores michoacanos votaron a favor de que cada Municipio sea gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

También, a favor de que las constituciones estatales establezcan que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Asimismo, para que se garanticen los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales; así como prohibir la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los Estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

En la Minuta, quedó definido en el Artículo 134 que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.

Y por mandato constitucional, éstos no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

La Minuta también establece ajustes al Senado de la República, para implementar una reducción progresiva del 15% en su presupuesto respecto al ejercicio fiscal 2026, esto busca que se comprenda que la función legislativa es para servir a la ciudadanía.

En el marco de los trabajos legislativos, el diputado Abraham Espinoza Villa presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de Michoacán con el objetivo de establecer un parámetro claro que permita a las y los jueces determinar cuándo procede la indemnización para el cónyuge que, bajo el régimen de separación de bienes, se dedicó al hogar y al cuidado de hijas e hijos.

Durante su intervención, el legislador explicó que si bien el artículo 258 del Código Familiar ya reconoce este derecho, respaldado por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley actual no establece una duración mínima del matrimonio, lo que genera interpretaciones diversas e incertidumbre jurídica.

«El matrimonio es mucho más que un acto legal. Es un espacio donde se construye una vida en común, donde se reparten responsabilidades y donde se toman decisiones que impactan directamente en la estabilidad económica de quienes lo integran», señaló Espinoza Villa.

El diputado subrayó que el trabajo doméstico y de cuidados —que incluye el cuidado de hijas e hijos, la atención de personas mayores, la organización del hogar y el acompañamiento emocional— es fundamental para sostener a las familias, pero permanece invisibilizado y no remunerado. En la mayoría de los casos, son las mujeres quienes asumen estas tareas, limitando su desarrollo profesional y su autonomía económica.

La iniciativa propone establecer un plazo mínimo de tres años de matrimonio como requisito para acceder a la indemnización. «No como una barrera rígida, sino como un punto de referencia razonable que permita identificar cuándo ha existido una vida en común con impacto económico real», aclaró el legislador.

No obstante, reconociendo que la realidad no siempre encaja en plazos exactos, la reforma incorpora una excepción clara: será el juez familiar quien, de manera fundada y motivada, pueda determinar la procedencia de la indemnización cuando las circunstancias lo justifiquen, especialmente si hay hijas o hijos en común o si una de las personas asume de inmediato las tareas de cuidado, aplicando criterios de equidad y perspectiva de género.

«Con esta reforma se fortalece el marco legal, se evita la discrecionalidad excesiva y se protege a quienes realmente han tenido una afectación económica derivada de su rol dentro del hogar», afirmó Espinoza Villa.

El diputado destacó que en Michoacán persisten brechas económicas, informalidad laboral y desigualdad en muchas comunidades, por lo que se requieren leyes que funcionen en la práctica, que sean claras y que respondan a lo que viven las personas.

El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una propuesta para que en Michoacán exista un protocolo claro que ayude a proteger a las escuelas cuando haya situaciones de violencia, de modo que autoridades, maestros y familias sepan qué hacer y se mantenga la seguridad de las y los estudiantes.

La propuesta plantea reformar la Ley de Educación y la Ley Orgánica Municipal para establecer mecanismos de coordinación entre el Estado y los ayuntamientos, con el fin de que las decisiones sobre la suspensión de clases se sustenten en criterios institucionales.

Ante el pleno de la 76 legislatura local, el diputado perredista subrayó que, «Michoacán enfrenta una realidad que no podemos ignorar. No existe un marco normativo que establezca cómo deben coordinarse las autoridades cuando la seguridad de los estudiantes está en riesgo. Hoy, cada municipio reacciona como puede, y eso genera preocupación en las familias y desorden institucional», señaló Ocampo en la exposición de motivos.

La iniciativa propuesta por Octavio Ocampo busca modificar a los actuales consejos escolares en Consejos de Participación y Prevención de Riesgo Escolar, que funcionarían como enlace entre las escuelas, los ayuntamientos y la Secretaría de Educación. Al respecto, el diputado puntualizó ante el pleno los principales ejes de la iniciativa.

Contar con:

· Protocolo Estatal de Actuación: Establecimiento de reglas obligatorias para el resguardo, suspensión temporal de clases y acompañamiento psicosocial en casos de violencia o desastres.

· Mecanismos de Alerta Temprana: Comunicación inmediata entre directivos escolares y autoridades de seguridad pública.

· Criterios Técnicos: La suspensión de clases deberá basarse en informes de protección civil y seguridad.

· Enlace Municipal: Los ayuntamientos deberán designar un responsable para la atención permanente de las escuelas.

Octavio Ocampo recordó casos como el de Coahuayana y eventos recientes de inseguridad que afectaron la actividad escolar en distintas regiones y señaló que, «no podemos permitir que el derecho a la educación se suspenda de forma desordenada. Se trata de establecer coordinación y corresponsabilidad. La violencia no puede seguir afectando el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes», expresó.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a sus compañeros a construir un modelo de prevención que brinde certeza a docentes y familias en todo Michoacán.

A fin de fortalecer la legalidad, la transparencia gubernamental, rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones públicas, la 76 Legislatura expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al aprobar el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación, mediante el cual se estudiaron y analizaron diversas iniciativas en la materia, se expidió la nueva normativa, y se abrogó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno el 18 de mayo de 2016.

Es así que con esta nueva ley se armoniza el marco jurídico estatal con la Ley General, garantizando la congruencia normativa y funcional del nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

La Ley regula los principios, bases y procedimientos que rigen el derecho de acceso a la información pública en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los municipios, los órganos constitucionales autónomos, los fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado.

Se crea el Subsistema de Transparencia de Michoacán, que funcionará a través de un Comité, presidido por el titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), y conformado por un representante de cada órgano garante: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los seis organismos autónomos y las contralorías de dos municipios.

Cabe destacar, que con la nueva normativa se reducen posibles solapamientos competenciales, integra funciones bajo un modelo más racional y coordinado y fortalece la eficiencia en la sustanciación de recursos y procedimientos.

Asimismo, en sus articulados 27 y 28 se establecen con precisión las atribuciones de las autoridades garantes, entre las que destacan: conocer y resolver recursos de revisión; imponer medidas de apremio y sanciones; promover la cultura de la transparencia; suscribir convenios interinstitucionales; y, fomentar igualdad sustantiva y accesibilidad.

Lo anterior, dota de certeza jurídica al sistema, fortalece la función cuasi jurisdiccional en materia de recursos y consolida la potestad sancionadora bajo principios de legalidad y debido proceso; adicionalmente, la previsión de dar vista a órganos internos de control y denunciar posibles delitos fortalece el sistema de responsabilidades administrativas y penales, articulando la transparencia con el régimen anticorrupción.

En la sesión extraordinaria, se aprobó con 26 votos a favor la nueva legislación que cuenta con un catálogo de principios aplicables tanto a Autoridades garantes como a sujetos obligados: imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.

Finalmente, las y los legisladores dejaron claro en sus artículos transitorios las reglas sobre la continuidad de procedimientos, defensa jurídica y adecuaciones reglamentarias, lo que garantiza seguridad jurídica y evita vacíos normativos.

El diputado Juan Carlos Barragán presentó la reforma para que las y los ciudadanos no paguen el impuesto predial completo cuando el Ayuntamiento no garantice servicios públicos de calidad.

La propuesta establece que, cuando existan fallas en servicios básicos como agua potable, alumbrado público, recolección de basura o mantenimiento de espacios públicos, las familias puedan acceder a una exención temporal del predial mientras persista la deficiencia.

«Pagar predial y no recibir servicios de calidad no es justo. Así de claro si no hay servicio, no hay cobro completo», afirmó Barragán.

El legislador explicó que esta medida podrá aplicarse por zonas afectadas o de manera individual, con reglas claras, tiempos definidos y mecanismos que eviten abusos.

Como ejemplo, señaló el caso de Villas del Pedregal, donde se recaudan más de 20 millones de pesos al año, y aun así persisten problemas como falta de agua, baches y deficiente alumbrado público.

«La gente cumple pagando, pero el gobierno no está cumpliendo con lo básico», expresó.

Barragán subrayó que esta iniciativa busca equilibrar la relación entre ciudadanía y autoridad, incentivando a los gobiernos municipales a mejorar los servicios y responder a las necesidades reales de la población.

Garantizar la atención integral a las mujeres durante el climaterio y la menopausia es el objetivo de la iniciativa presentada este día por la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, para reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Desde tribuna, la legisladora priista advirtió que aún persisten estigmas, desinformación y expresiones que vulneran la dignidad de las mujeres, al minimizar procesos naturales de su vida.

Al presentar la iniciativa en conjunto con varias diputadas, expresó que «no debemos normalizar formas de agresión tan infamantes hacia las mujeres. Frases que buscan descalificar a partir de procesos naturales reflejan una cultura que debemos transformar con información, respeto y políticas públicas», enfatizó.

Adriana Campos Huirache señaló que el climaterio y la menopausia, si bien no son enfermedades, representan etapas que implican cambios físicos, hormonales y emocionales que requieren atención, acompañamiento e información adecuada, especialmente desde el sistema de salud pública.

Asimismo, destacó que el aumento en la esperanza de vida ha modificado el perfil demográfico, por lo que cada vez más mujeres transitan por estas etapas, haciendo indispensable que el Estado garantice servicios de salud acordes a sus necesidades.

La iniciativa propone reformar el artículo 13 y adicionar el artículo 17 F a la Ley de Salud estatal, con el propósito de incorporar de manera explícita estas etapas dentro de las obligaciones del sistema estatal de salud, incluyendo acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y orientación.

Además, contempla el establecimiento de campañas de información y lineamientos institucionales que permitan visibilizar el climaterio y la menopausia, promoviendo una atención digna, libre de prejuicios y con enfoque integral.

«Hablar del climaterio y la menopausia es hablar de derechos, de salud y de dignidad. Es momento de romper el silencio, erradicar los prejuicios y construir una política pública que acompañe a las mujeres en todas las etapas de su vida», subrayó.

Con esta reforma de avanzar y aprobarse en Michoacán se generaría un precedente, ya que, se tendría que garantizar la salud de las mujeres durante el climaterio y la menopausia; se tendría que realizar acciones en materia de prevención y la realización de diagnósticos y terapias destinados a reducir riesgos y padecimientos, y realizarse campañas de información y orientación al respecto.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria del PRI reiteró su compromiso de seguir impulsando una agenda legislativa con perspectiva de género, que garantice el bienestar integral y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres michoacanas.

El Congreso de Michoacán analiza una iniciativa que busca convertir en delito el rastreo de personas sin su consentimiento, una práctica que según legisladores va en aumento gracias a la facilidad para acceder a dispositivos de geolocalización y aplicaciones de vigilancia.

La diputada Giulianna Bugarini, quien presentó la propuesta, alertó sobre la normalización de estas conductas que muchas veces se justifican como ‘cuidado’ pero que en realidad constituyen formas de control. «Hoy cualquier persona puede saber dónde estás, a qué hora sales o por dónde te mueves sin tu autorización», explicó la legisladora.

La iniciativa busca sancionar específicamente a quienes coloquen, instalen, activen o utilicen dispositivos o aplicaciones para rastrear la ubicación de una persona sin su consentimiento. Según Bugarini, este tipo de vigilancia no autorizada puede escalar hacia situaciones más graves como acoso, violencia o delitos mayores.

Actualmente, dispositivos GPS, aplicaciones móviles y otros sistemas de geolocalización están disponibles a bajo costo y sin regulación específica, lo que facilita su uso indebido. La propuesta pretende brindar herramientas legales para que las víctimas puedan denunciar estos abusos.

La diputada enfatizó el carácter preventivo de la medida: «Esto no empieza con violencia, empieza con vigilancia. Por eso es importante actuar a tiempo y cerrar la puerta a este tipo de prácticas». La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de ser votada en el pleno del Congreso estatal.

Una iniciativa multipartidista presentada en el Congreso de Michoacán propone cambiar las reglas electorales para que los candidatos a presidente municipal puedan acceder a regidurías de representación proporcional, respetando el orden en que fueron registrados en las planillas.

La propuesta, impulsada por los diputados Toño Carreño (MC), Diana Espinoza (PT), Juan Carlos Barragán (Morena) y Octavio Ocampo (PRDM), busca reformar los artículos 13, 21 y agregar al 213 del Código Electoral de Michoacán. El objetivo es corregir lo que consideran una distorsión democrática: que una planilla obtenga menos del 50% de los votos pero automáticamente tenga mayoría absoluta en el cabildo.

«Los votos ciudadanos deben valer lo mismo antes y después de cada proceso electoral», argumentó Carreño al presentar la iniciativa. El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que actualmente «una minoría de votos puede convertirse en una mayoría de poder», lo que debilita la legitimidad democrática.

La reforma permitiría que candidatos a alcalde que «realmente caminan en las calles durante la contienda electoral» pero no ganan, tengan posibilidad de acceder a una regiduría por representación proporcional. Esto significaría que el orden de asignación respetaría la estructura original de las planillas registradas.

Según los proponentes, excluir automáticamente a quienes encabezaron opciones políticas con respaldo ciudadano «no sólo es injusto, es antidemocrático». La iniciativa refleja un consenso inusual entre fuerzas políticas diversas sobre la necesidad de fortalecer la representatividad en los cabildos municipales.

La propuesta ahora deberá ser analizada por las comisiones correspondientes del Congreso michoacano antes de ser sometida a votación en el pleno.

El Congreso de Michoacán está a punto de dar un paso histórico en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Esta semana se presentará una iniciativa que penaliza con cárcel las llamadas ‘terapias de conversión’ o ECOSIG, prácticas pseudocientíficas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas.

La propuesta, impulsada por el diputado petista Hugo Rangel en colaboración con organizaciones civiles locales, establece penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes realicen estos procedimientos. Las sanciones se endurecen significativamente cuando las víctimas son menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad: en estos casos, las penas pueden llegar hasta 12 años de cárcel y multas de cuatro mil UMA.

El problema que busca atender esta ley no es menor. Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021, casi el 10% de las personas no heterosexuales y el 14% de las personas trans en México han sido obligadas a someterse a estos ‘tratamientos’. Estas prácticas, realizadas por supuestos profesionales de la salud o autoridades religiosas, constituyen una grave violación a los derechos humanos y pueden causar daños psicológicos severos.

La iniciativa también propone crear un Plan de Aceptación Familiar como política pública estatal, que ofrecería apoyo y herramientas a las familias de jóvenes de la diversidad sexual. Este programa reconoce que la aceptación familiar es fundamental para el bienestar de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+.

Si bien otros estados y el Código Penal Federal ya prohíben estas prácticas, su implementación aún persiste en el país. Con esta ley, Michoacán se sumaría a los esfuerzos por erradicar definitivamente las terapias de conversión y proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Cada familia en Morelia paga aproximadamente 25 pesos cada dos meses por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), ya sea en el recibo de luz o junto con el predial. Ese dinero va directo a los ayuntamientos, pero muchas colonias siguen a oscuras. Para ponerle fin a esta situación, el diputado morenista Juan Carlos Barragán anunció que presentará una iniciativa para obligar por ley a que estos recursos se usen únicamente en mejorar el servicio de alumbrado.

Las cifras son contundentes: solo en Morelia, se estima que el ayuntamiento recaudará más de 135 millones de pesos en 2026 por este concepto. «Si hay ese dinero, ¿por qué hay calles oscuras?», cuestionó el legislador, señalando la contradicción entre la recaudación y la realidad que viven los morelianos en muchas colonias mal iluminadas.

La propuesta tiene dos ejes centrales: garantizar que el dinero del DAP se destine realmente al alumbrado público y establecer transparencia total sobre cómo se gasta. Actualmente, aunque las familias pagan religiosamente este derecho, no existe una obligación legal clara que impida a los municipios usar estos recursos para otros fines.

Barragán advirtió que la falta de iluminación no es solo un problema de comodidad, sino de seguridad pública. Las calles oscuras se vuelven zonas de riesgo para las familias, especialmente en horarios nocturnos, afectando directamente la calidad de vida de los michoacanos.

La iniciativa busca responder a una demanda básica de la ciudadanía: que el dinero que pagan por un servicio específico se use efectivamente para ese servicio. Con más de 135 millones de pesos anuales solo en Morelia, la propuesta podría representar una mejora significativa en el alumbrado público si se aprueba y se replica en otros municipios del estado.