Con iniciativas en materia de inclusión social, salud mental, vivienda digna, movilidad, derechos de las infancias y protección a sectores vulnerables, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado, ha consolidado una agenda parlamentaria enfocada en fortalecer los derechos sociales y construir políticas públicas con perspectiva humana en Michoacán.

Desde el Congreso del Estado, la legisladora naranja ha promovido iniciativas orientadas a construir una sociedad más igualitaria, entre ellas reformas para prevenir actos de discriminación en espacios públicos y edificios gubernamentales, buscando garantizar que todas las personas tengan acceso libre y digno a las instituciones.

Dentro de su trabajo parlamentario, Grecia Aguilar también ha impulsado propuestas para el reconocimiento pleno de las personas de talla baja, así como mecanismos legales que favorezcan su inclusión social, educativa y laboral, reforzando el compromiso de Movimiento Ciudadano con el respeto a la diversidad y los derechos humanos.

En materia de salud mental, la diputada ha planteado reformas enfocadas en la atención psicológica de niñas, niños y adolescentes dentro de los entornos escolares, priorizando acciones preventivas y de acompañamiento emocional para fortalecer el bienestar de las nuevas generaciones.

Asimismo, como parte de su labor legislativa y de vinculación con las juventudes, ha encabezado trabajos relacionados con la participación juvenil y el impulso al deporte, coordinando ejercicios de representación como el Parlamento Juvenil Incluyente, donde jóvenes michoacanos pueden presentar propuestas y participar activamente en la vida pública del estado.

La agenda impulsada por la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano también contempla reformas en favor de la vivienda digna y la protección integral de la primera infancia; entre sus propuestas destacan medidas para facilitar el acceso a un patrimonio para las familias michoacanas, así como garantizar programas de alimentación escolar, vacunación y atención médica temprana para menores de edad.

De igual forma, Grecia Aguilar Mercado ha promovido iniciativas enfocadas en la crianza respetuosa y la protección de niñas y niños, planteando prohibiciones al castigo físico y psicológico dentro del hogar, además de impulsar llamados para agilizar los procesos y dictámenes relacionados con adopciones en Michoacán.

A través del trabajo legislativo realizado junto a su bancada, también se han respaldado reformas relacionadas con movilidad y seguridad vial, sustentabilidad ambiental, fortalecimiento municipal, turismo y preservación cultural, además de iniciativas para proteger a mujeres víctimas de violencia, personas con Trastorno del Espectro Autista y acciones encaminadas a cuidar la economía familiar frente al aumento de tarifas carreteras en la entidad.

El diputado Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, con el objetivo de construir políticas públicas integrales que atiendan las necesidades reales de movilidad y transporte en las comunidades rurales y originarias.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que la propuesta surge de un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán encabezada por el Dr. Luis Bernardo López Sosa, y en coordinación con técnicos y autoridades comunitarias, el cual evidenció la falta de planeación integral en materia de movilidad para las zonas rurales del estado.

La iniciativa contempla tres ejes principales:

1.⁠ ⁠Diagnóstico de necesidades de movilidad rural

Se plantea identificar las necesidades prioritarias de las comunidades en aspectos como tiempos de traslado, distancias recorridas, consumo de energía, gasto económico en transporte e impacto ambiental, buscando eficientar el acceso de las y los ciudadanos a servicios esenciales para su desarrollo integral.

2.⁠ ⁠Infraestructura vial multimodal

La propuesta busca detectar y fortalecer las necesidades de infraestructura vial y de transporte multimodal que permitan mejorar de manera integral el entorno rural y las condiciones de conectividad de las comunidades.

3.⁠ ⁠Planeación participativa y diagnósticos permanentes

Se propone integrar procesos participativos dentro del Programa Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, incorporando las voces de las comunidades urbanas y, especialmente, rurales e indígenas, además de establecer censos y diagnósticos cada cinco años para mantener actualizadas las políticas públicas.

Iván Vera subrayó que esta iniciativa representa una propuesta firme para consolidar una movilidad más justa, digna e incluyente, priorizando a las comunidades originarias de las cuatro regiones de Michoacán y garantizando condiciones adecuadas de transporte público para toda la población.

«Queremos una movilidad construida desde el territorio y las verdaderas necesidades de la gente, que acerque oportunidades, servicios y bienestar a nuestras comunidades», expresó el legislador.

La violencia escolar exige acciones urgentes, ya que no se puede normalizar el miedo en las aulas y el garantizar escuelas seguras es una obligación del Estado, subrayó la diputada local Xóchitl Ruiz González, tras realizar un llamado a la coordinación institucional y a construir entornos escolares seguros y libres de violencia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura Local, advirtió que Michoacán nuevamente se encuentra en la atención nacional por hechos ocurridos en un plantel educativo.

Durante su intervención a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la máxima tribuna en el Congreso del Estado, la legisladora señaló que la violencia escolar ya no puede verse como un fenómeno aislado, sino como una problemática constante que obliga a las autoridades y a la sociedad a actuar con responsabilidad y coordinación.

«La aulas deben ser el lugar más seguro para nuestras niñas, niños y jóvenes; el espacio donde se construye confianza, donde se aprende y donde se crece, nunca el lugar donde se siembra el miedo», expresó.

Xóchitl Ruiz enfatizó que el bullying es una forma de violencia que no debe normalizarse, al igual que cualquier conducta que humille, excluya o amenace dentro de las escuelas, ya que estos hechos reflejan tensiones sociales y una crisis silenciosa relacionada con la salud mental, el aislamiento emocional y la falta de acompañamiento oportuno para las juventudes.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sostuvo que vivir sin miedo, estudiar en ambientes libres de violencia y contar con escucha y acompañamiento emocional son derechos humanos que el Estado debe garantizar.

Asimismo, subrayó que escuchar a las juventudes cuando enfrentan ansiedad, depresión o cualquier situación emocional es una obligación institucional y social.

La diputada recordó que, si bien los apoyos sociales y las becas son importantes, no son suficientes para atender los desafíos emocionales y de convivencia que enfrentan actualmente niñas, niños y jóvenes, por lo que hizo un llamado a construir políticas públicas integrales que prioricen la salud mental y la prevención de la violencia escolar.

Finalmente, Xóchitl Ruiz convocó a madres y padres de familia, docentes, directivos, autoridades y al propio Congreso del Estado a trabajar de manera conjunta para garantizar el derecho de todas y todos a vivir, aprender y crecer sin miedo. «Las soluciones no pueden esperar. Las respuestas no pueden posponerse. Este trabajo debe comenzar hoy, aquí y ahora».

Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al crimen organizado y las falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, presentó este miércoles ante el Pleno una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para endurecer las sanciones por el delito de corrupción de menores.

Durante su intervención, la legisladora advirtió que el uso de redes sociales y plataformas digitales ha facilitado que grupos delictivos enganchen a menores de edad mediante anuncios falsos de trabajo, aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidad económica.

«Pocos delitos agravian tanto a la sociedad como aquellos que se cometen en contra de menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado de los hechos de los que son víctimas», expresó.

Adriana Campos recordó que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales para la protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de menores, prostitución infantil y utilización de niñas y niños en la pornografía.

La coordinadora parlamentaria del PRI señaló que, de acuerdo con cifras difundidas por TResearch Internacional, las denuncias por corrupción de menores aumentaron un 7 por ciento en febrero de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, reflejando una problemática que continúa creciendo en el país.

Los datos revelan fluctuaciones significativas año tras año, pero también una tendencia persistente que no parece haber disminuido sustancialmente. En 2023, se registraron dos mil 835 casos, mientras que en 2020 la cifra alcanzó su punto máximo con dos mil 949 denuncias. Estos números no solo reflejan la vulnerabilidad de los menores frente a la delincuencia, sino también la posible impunidad que rodea estos actos.

Asimismo, destacó que actualmente las organizaciones criminales utilizan perfiles falsos y publicaciones en redes sociales para ofrecer supuestos empleos con salarios atractivos, cuando en realidad buscan incorporar a menores a actividades ilícitas.

La iniciativa presentada propone adicionar el artículo 157 del Código Penal del Estado para incrementar hasta en una mitad las penas cuando la víctima menor de edad o persona incapaz haya sido captada mediante anuncios publicados en medios de comunicación o redes sociales.

El diputado local Alfonso Chávez presentó una iniciativa para reformar el artículo 264 Bis del Código Electoral del Estado, con el objetivo de garantizar protección efectiva frente a la violencia política en razón de género para todas las mujeres que ejercen funciones públicas.

En tribuna, señaló que este tema toca la dignidad e igualdad de las mujeres y advirtió que persisten resistencias a que ejerzan poder público, lo que se traduce en violencia para desacreditar, intimidar o silenciar.

Chávez explicó que hoy existe un vacío: criterios restrictivos han limitado la protección electoral a mujeres que llegaron por elección popular directa, dejando fuera a quienes ejercen el cargo por designación del Congreso, como presidentas municipales sustitutas, integrantes de concejos o nombramientos extraordinarios.

El diputado subrayó que esta exclusión es injusta e incongruente, porque «el problema no es cómo llegó al cargo», sino que está ejerciendo poder público y está siendo violentada por ser mujer; añadió que una presidenta municipal sustituta gobierna, toma decisiones, administra recursos y representa a su municipio igual que una autoridad electa, por lo que, si la Constitución reconoce estas figuras, también debe reconocerse plenamente su derecho a la protección jurídica.

Finalmente, afirmó que la reforma no crea privilegios, sino que cierra un vacío legal para que ninguna mujer quede sola ante la violencia política de género por tecnicismos, y llamó a respaldar el dictamen con perspectiva de género.

Cuando se acrediten actos de violencia, amenaza, intimidación, coacción o cualquier forma de injerencia ilícita, ejercida por personas u organizaciones vinculadas a actividades criminales o de delincuencia organizada, dirigidas a condicionar, inhibir o alterar la libre emisión del sufragio, será causal de nulidad de casillas, en la elección en Michoacán.

Lo anterior, luego de la reforma aprobada por las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura a la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al votar a favor de la adición de la fracción XII al Artículo 69, el nuevo ordenamiento jurídico establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten actos de violencia, amenaza, intimidación, coacción o cualquier forma de injerencia ilícita, ejercida por personas u organizaciones vinculadas a actividades criminales o de delincuencia organizada.

Cuando éstas estén dirigidas a condicionar, inhibir o alterar la libre emisión del sufragio, la participación ciudadana, la integración, instalación o funcionamiento de la casilla, o el desarrollo de la jornada electoral, así como los resultados de la misma, afectando de manera sustancial los principios de libertad, autenticidad y efectividad del sufragio.

La cual se suma a las causales de impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación; y a existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Las y los legisladores michoacanos incluyeron en la disposición, en el artículo 72, que en de confirmarse cualquier supuesto de nulidad, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada, y, en su caso, se dispondrán medidas de seguridad para la reposición del proceso.

De igual forma, dispusieron que la determinación se acreditará bajo un criterio cualitativo, considerando la afectación a la equidad en la contienda, el efecto inhibitorio en el electorado y la vulneración a la libertad del sufragio, con independencia del margen de votación.

Con la adición de párrafos al citado artículo, se especificó que en caso de nulidad de la elección por la causal prevista en la fracción XII, del Artículo 69, el Tribunal Electoral deberá valorar el contexto de violencia y la posible injerencia de factores externos para garantizar que la nulidad no sea instrumentalizada indebidamente.

La aplicación «Comunidad Naranja», herramienta diseñada para brindar apoyo, atención y mecanismos de alerta a mujeres y niñas en situación de riesgo, fue presentada en el Congreso del Estado de Michoacán durante una edición más de Tribuna Ciudadana encabezada por el diputado Baltazar Gaona García.

En este espacio participó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, quien explicó el funcionamiento de esta plataforma digital impulsada para fortalecer la prevención y atención ante situaciones de violencia, acoso o peligro para mujeres y niñas.

Durante la presentación, se dio a conocer que la aplicación permite emitir alertas inmediatas, compartir ubicación en tiempo real y enlazar a las usuarias con redes de apoyo y espacios seguros identificados como «Punto Naranja», con el objetivo de brindar una respuesta rápida y acompañamiento oportuno ante cualquier situación de riesgo.

El diputado Baltazar Gaona García destacó la importancia de generar mayor difusión sobre estas herramientas preventivas y recordó que el propio Congreso del Estado de Michoacán cuenta ya con un «Punto Naranja», espacio en donde se brinda atención, apoyo y acompañamiento a mujeres que puedan encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad o riesgo.

«El tema de la seguridad y protección de las mujeres y las niñas debe atenderse de manera permanente y desde todos los ámbitos. Este tipo de herramientas y espacios representan una alternativa importante de apoyo y prevención para muchas mujeres», expresó el legislador.

Finalmente, Baltazar Gaona reconoció el trabajo que realizan instituciones y autoridades en favor de la prevención de la violencia de género y reiteró la disposición del Congreso del Estado para continuar abriendo espacios que permitan visibilizar acciones enfocadas en la protección, atención y bienestar de las mujeres y niñas michoacanas.

Con la reforma electoral aprobada por la Septuagésima Sexta Legislatura, se garantiza que todos aquellos que hubieren sido inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentaria, no podrán ser candidatos en los procesos de elección.

Con la modificación al artículo 13 BIS del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, las y los legisladores determinaron que no podrán ser postulados como aspirantes a cargos de elección popular quienes hayan sido declarados persona deudora alimentaria, en términos de la normatividad aplicable, incluida su inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

El Pleno legislativo determinó que tampoco podrán aspirar alguna candidatura quienes hayan sido condenados o sancionados mediante resolución o sentencia firme por violencias contra las mujeres, niñas o las adolescentes, en cualquiera de sus tipos y modalidades, violencia familiar, violencia vicaria y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con el nuevo ordenamiento jurídico dictaminado por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana sobre veinticuatro iniciativas presentadas por las y los integrantes de la 76 Legislatura, también se estipuló en la redacción del artículo 13 BIS que no aspirará a cargo de elección quien haya comedido delitos dolosos.

Con la reforma aprobada, las y los integrantes del Congreso del Estado, determinaron que tampoco podrán ser candidatos quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos vinculados con hechos de corrupción, o que cuenten con sanción firme de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público derivada de faltas administrativas graves, mientras subsistan los efectos de dicha sentencia o sanción, emitida mediante resolución de autoridad competente.

De acuerdo con el nuevo ordenamiento los aspirantes a cargos de elección popular, podrán acreditar no encontrarse en ninguno de los supuestos en los términos que determine la autoridad o la legislación aplicable.

De igual forma, que el Instituto Electoral de Michoacán deberá verificar que los aspirantes a cargos de elección popular no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como deudores alimentarios.

En el Artículo 13 BIS quedó establecido que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, en términos de lo dispuesto por el artículo 38, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se definen los motivos por los que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos.

En una sociedad que tiende hacia la adultocracia, resulta fundamental escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes para entender de primera mano qué es lo que necesitan y los que les preocupa, considera la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez.

Este es el objetivo principal del Parlamento Infantil Incluyente, señaló la legisladora del PAN desde la Tribuna Ciudadana del Congreso del Estado, un espacio en el que pueden participar niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 12 años con sus propuestas de iniciativa, punto de acuerdo o posicionamiento que pueden ser retomados por los legisladores, como ya se ha hecho anteriormente.

Vane Caratachea, quien preside la comisión de Protección a la Niñez, aclaró que en todo momento estarán acompañados por su madre, padre o tutor y que se les costeará el hospedaje y alimentos, mientras que el presidente del Congreso, Baltazar Gaona, se comprometió a que el Congreso pagará también el traslado de quienes lo requieran y además, se obsequiará una tablet a los 40 que resulten seleccionados.

Esto, porque la intención es que haya representantes de distintas comunidades de Michoacán, así como del sector migrante y con algún tipo de discapacidad.

«Pensamos qué es lo que requieren las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, cuando lo escuchamos desde su voz, es distinto», reflexionó la legisladora de La Piedad.

Se celebrará los días 23 y 24 de junio. El primer día, informó la diputada, será para conformar comisiones, la Mesa Directiva y trabajar con personal del área de Servicios Parlamentarios y el segundo, habrá una Sesión Solemne para rendir protesta, seguida por una sesión donde presentarán sus propuestas en tribuna.

La convocatoria para el Parlamento Infantil Incluyente cierra el viernes 12 de junio y los resultados se darán el 17 de junio en la página electrónica del Congreso del Estado.

Se puede participar tanto de manera virtual, mandando la participación al correo parlamentoinfantil@gmail.com o de manera física, acudiendo a la oficina de la diputada Vanessa Caratachea, en Palacio Legislativo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado afirmó que la aprobación de la reforma electoral en Michoacán, representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de procesos electorales más transparentes y confiables de cara a las elecciones de 2027.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, destacó que las modificaciones aprobadas permitirán actualizar el marco jurídico electoral para responder a las necesidades actuales de la ciudadanía y garantizar mayor legalidad, equidad y participación en los próximos comicios.

Entre los puntos más relevantes de la reforma, la legisladora resaltó la aprobación de medidas relacionadas con las acciones para combatir la violencia política en razón de género, mecanismos para anular elecciones en casos de intervención del crimen organizado y nuevas herramientas de fiscalización y transparencia.

Diana Espinoza subrayó que el dictamen fue resultado del diálogo y la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, además de las aportaciones realizadas por autoridades electorales y representantes de la sociedad civil.

«Con esta reforma avanzamos en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y damos respuesta a una demanda ciudadana legítima de contar con elecciones más limpias, justas y libres de cualquier tipo de injerencia», señaló la legisladora.

Espinoza Mercado reiteró su disposición de seguir impulsando iniciativas que promuevan la participación ciudadana y contribuyan al fortalecimiento de la vida democrática en Michoacán, privilegiando siempre el consenso y el respeto a la voluntad popular.