El Congreso de Michoacán aprobó una reforma a la Ley de Educación que obligará a las universidades públicas y autónomas del estado a reservar al menos 10% de sus lugares de nuevo ingreso para estudiantes indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad.
La medida, impulsada por el diputado Conrado Paz Torres del distrito de Uruapan Norte, busca reducir las brechas de desigualdad en el acceso a la educación superior. Según datos presentados por el legislador, actualmente algunas instituciones educativas del estado apenas cuentan con 3% de estudiantes provenientes de estos grupos poblacionales.
La reforma establece que tanto las universidades autónomas como las del sistema educativo público estatal deberán destinar este porcentaje mínimo de manera exclusiva para jóvenes de comunidades vulnerables, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos establecidos por cada institución.
Esta medida representa un cambio significativo en el panorama educativo michoacano, donde hasta ahora las oportunidades para estos grupos se limitaban a programas específicos o iniciativas aisladas. La reforma busca institucionalizar el acceso equitativo a la educación superior como una política pública permanente.
Para los estudiantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad en Michoacán, esta reforma abre nuevas posibilidades de acceso a carreras universitarias que antes resultaban más difíciles de alcanzar por barreras estructurales. La implementación de esta medida será clave para evaluar su efectividad en la reducción de desigualdades educativas en el estado.
