Blackversion PRO

*
•⁠  ⁠La diputada de Morelia llamó al pleno del Congreso a respaldar la iniciativa para evitar que se evadan responsabilidades con hijas e hijos.

*Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026*.- La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para cerrar vacíos legales que permitan evadir la pensión alimenticia y dejar desprotegidas a niñas y niños.

Desde tribuna, la legisladora señaló que en los últimos días se ha abierto un fuerte debate público por casos donde algunas personas buscan utilizar estrategias legales para evitar cumplir con sus responsabilidades familiares.

Ante esta situación, explicó que su propuesta busca dejar claro en la ley que las obligaciones con hijas e hijos no desaparecen ni cambian por trámites administrativos o modificaciones legales relacionadas con la identidad de las personas.

“La responsabilidad con nuestras hijas e hijos no depende de un trámite ni de un documento. Cuando hay niñas y niños de por medio, el Estado tiene que garantizar que sus derechos estén protegidos”, expresó.

Bugarini pidió la confianza del pleno para avanzar con esta reforma y cerrar cualquier vacío legal que permita evadir las obligaciones parentales.

La diputada subrayó que el objetivo de la iniciativa es proteger el interés superior de la niñez y evitar que niñas y niños queden en medio de interpretaciones legales que terminen dejándolos sin respaldo.

“Los derechos se respetan, pero las responsabilidades también se cumplen. Las niñas y los niños no pueden quedar desprotegidos”, concluyó.

*La propuesta alineada con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel federal, remarca

*Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026*.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral para Michoacán, alineada con la propuesta nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y reiteró el respaldo “irrestricto e incondicional” al proyecto democrático que el pueblo de México avaló en las urnas con el Plan C.

Fabiola Alanís afirmó que la Cuarta Transformación es un proceso histórico impulsado por la ciudadanía, cuyo objetivo es profundizar la democracia, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer la participación política.

“La transformación de la vida pública del país es un mandato popular. El pueblo de México expresó con claridad su respaldo a este proyecto y a la necesidad de avanzar hacia un sistema electoral más democrático, más transparente y más cercano a la gente”, sostuvo.

La legisladora destacó que la propuesta presentada por la presidenta Sheinbaum responde a demandas ciudadanas ampliamente respaldadas, entre ellas una mayor supervisión del dinero utilizado en las campañas electorales, la regulación del uso de la inteligencia artificial en procesos políticos, y la ampliación de los derechos de participación para las y los mexicanos que viven en el extranjero.

“Las encuestas son claras: la gran mayoría de la población respalda esta reforma porque fortalece la democracia y protege los recursos del pueblo. Hoy lo que toca es armonizar ese esfuerzo también en los estados”, expresó.

En ese sentido, explicó que la iniciativa presentada en el Congreso del Estado contempla cinco ejes fundamentales para modernizar y fortalecer el sistema electoral en Michoacán:

Mayor transparencia en el financiamiento político, prohibiendo el uso de recursos provenientes de gobiernos extranjeros o de actividades ilícitas, y fortaleciendo el seguimiento del flujo de dinero en campañas.

Mayor inclusión y representación política para pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y otros sectores históricamente excluidos.

Fortalecimiento de la participación política de las y los migrantes michoacanos, para que su voz también se refleje en la integración del Poder Legislativo estatal.
Ampliación de los mecanismos de democracia directa, como consultas populares, referéndums y plebiscitos organizados por el Instituto Electoral de Michoacán.

Regulación del uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en procesos electorales, para evitar manipulación digital y garantizar campañas más transparentes.

Fabiola Alanís subrayó que el objetivo de esta propuesta es que Michoacán se mantenga a la vanguardia en materia democrática, fortaleciendo la participación ciudadana y garantizando procesos electorales más justos y transparentes.

“Queremos una democracia donde las representaciones populares estén cada vez más cerca del pueblo y donde las elecciones ya no signifiquen gastos excesivos que pague la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, la legisladora reiteró que desde Michoacán existe un compromiso firme con el proyecto democrático impulsado desde el gobierno federal.

“Que se escuche fuerte y claro: desde Michoacán respaldamos la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Porque este es un proyecto del pueblo y para el pueblo. Y en esta transformación seguimos sosteniendo un principio fundamental: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó.

Morelia, Michoacán; a 11 de marzo de 2026.- A fin de fortalecer los derechos políticos-electorales de la ciudadanía, estableciendo reglas claras, transparentes y siguiendo los principios y derechos que disponen en la Constitución Política federal, la 76 Legislatura aprobó reformar el artículo 189 del Código Electoral del Estado.

Lo anterior, para derogar el inciso j) de la fracción II de dicho articulado en el cual se establece que para la solicitud de registro de un candidato, fórmula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener Cartas de no antecedentes penales, expedidas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

Propuesta presentada por el diputado Abraham Espinoza Villa, dictaminada por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, y avalada por 25 diputados en sesión extraordinaria.

En este sentido, las y los legisladores coincidieron que solicitar las cartas de antecedentes no penales como requisito, afecta el derecho político electoral de los ciudadanos a ser votados a los cargos de gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos.

“Toda vez que no persigue un fin legítimo, no resulta idónea y eficaz y, tampoco resulta proporcional en sentido estricto, convirtiéndose en una medida que no permite garantizar el ejercicio del derecho a ser votado, sino que, por el contrario tiende a impedir su plena realización”, precisa el Decreto.

Finalmente, recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la carta de antecedentes no penales constituye una restricción injustificada al derecho a ser votado; por lo que la exigencia normativa de este requisito constituye una violación directa a la presunción de inocencia y no discriminación que imperan en el sistema jurídico en la constitución federal, por lo que dicha exigencia resulta inconstitucional.

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre del 2025.– El diputado local por el Distrito 07, Iván Vera, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia y adolescencia en el entorno digital.

Durante su intervención, el legislador destacó que el avance tecnológico ha transformado la vida de niñas, niños y adolescentes, creando nuevas oportunidades, pero también exponiéndolos a riesgos que la legislación actual no contempla de manera explícita. Entre estos peligros se encuentran el ciberacoso, la difusión no autorizada de imágenes, el acceso a contenido inapropiado y diversas formas de violencia digital.

“El marco jurídico vigente no reconoce de forma expresa estos riesgos. Por ello, se propone incorporar el derecho a la protección frente a la violencia digital como un principio rector, y establecer obligaciones concretas para las instituciones educativas en materia de prevención, capacitación y atención al uso de plataformas digitales”, subrayó el diputado Iván Vera.

Asimismo, el legislador señaló que es momento de que la voz de niñas, niños y adolescentes deje de ser una voz “apagada” dentro del aparato estatal y se convierta en un eje que oriente las decisiones públicas.
La iniciativa plantea garantizar que los menores sean escuchados y tomados en cuenta en todos los procedimientos administrativos y judiciales que les afecten, conforme a su edad, madurez y desarrollo.

“No basta con reconocer su derecho a opinar; debemos asegurar que su voz tenga un peso real en las decisiones que impactan su vida. Un Estado que no escucha a los menores es un Estado que decide a ciegas”, expresó.

El diputado Iván Vera también propuso fortalecer el Sistema Estatal de Protección Integral mediante la creación de protocolos obligatorios de coordinación interinstitucional, acompañados de indicadores de cumplimiento para garantizar una atención eficaz en casos de vulneración de derechos.

Vera enfatizó que esta reforma no es solo una actualización técnica de la ley, sino un acto de justicia, responsabilidad y visión hacia el futuro:

“La niñez y adolescencia michoacana merece vivir en entornos seguros, ser escuchada y contar con instituciones coordinadas que protejan sus derechos. Legislar para la infancia es legislar para el presente y el futuro de Michoacán.”

Para finalizar su participación en tribuna el Diputado por el Distrito 07 hizo un llamado a las y los legisladores a respaldar y enriquecer esta iniciativa y así convertirla en ley, reafirmando que escuchar a un menor no es un gesto de cortesía, sino un acto de justicia.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- Con la finalidad de garantizar justicia plena y proteger de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de agresión, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa para reformar el artículo 105 del Código Penal de Michoacán, a fin de declarar como imprescriptibles dos delitos cometidos en entornos digitales contra menores de edad.

La propuesta contempla que la violencia digital a la intimidad sexual y la comunicación digital sexual con menores de edad puedan investigarse y sancionarse en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado, destacó que en estos casos “el daño no prescribe, y la justicia tampoco debe hacerlo”, al tratarse de conductas que pueden marcar la vida de una persona desde la infancia.

Xóchitl Ruíz González subrayó que las violencias digitales avanzan más rápido que la ley y que, por ello, el Estado debe actuar con firmeza para cerrar espacios de impunidad.

Recordó que imágenes, mensajes o manipulaciones digitales pueden permanecer circulando por años en redes sociales o plataformas, manteniendo vivo el daño hacia las víctimas.

La diputada resaltó que muchas niñas, niños y adolescentes tardan años en denunciar debido al miedo, la presión o la manipulación ejercida por sus agresores, por lo que la prescripción se convierte en una barrera que favorece la impunidad. Hacer imprescriptibles estos delitos, dijo, representa un paso necesario para que ninguna víctima quede sin acceso a la verdad y a la justicia.

La iniciativa se sustenta en la obligación constitucional de proteger con máxima prioridad los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a los artículos 1° y 4° de la Constitución, además de atender estándares internacionales que establecen que los delitos sexuales —incluidos los digitales— no deben beneficiarse de la prescripción.

Xóchitl Ruiz puntualizó la urgencia de fortalecer el marco legal, para que sea más sólido en pro de la protección de la niñez en Michoacán, consolidando al estado como referente en la defensa integral frente a violencias sexuales digitales.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.-Con el objetivo de consolidar el Parlamento Abierto y abrir a la ciudadanía la labor legislativa, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, propuso la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo.

Al hacer uso de la máxima tribuna en el Congreso del Estado, Brissa Arroyo argumentó que: “vivimos en una época en la que los desafíos sociales evolucionan con rapidez. Los problemas públicos ya no pueden resolverse únicamente desde las instituciones tradicionales, ni pueden abordarse sin escuchar a quienes viven día a día sus consecuencias”.

Por eso, la participación ciudadana no es solo un derecho, sino que es una condición esencial para construir políticas públicas más justas, más cercanas y más eficaces, enfatizó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD).

En ese contexto, detalló que el Consejo Ciudadano Legislativo se propone como un espacio donde la ciudadanía pueda opinar, deliberar, proponer y acompañar la creación de leyes desde una perspectiva colectiva y participativa.

“Es un puente de comunicación entre la población y sus representantes, donde la voz de estudiantes, profesionistas, trabajadores, comunidades indígenas, jóvenes, personas mayores y organizaciones civiles influye de manera directa en el proceso legislativo”, subrayó Arroyo Martínez.

Estoy convencida, -recalcó-, de que cuando las personas participan, nuestras instituciones se fortalecen. Cuando se escuchan las voces diversas, nuestras leyes se vuelven más humanas. Y cuando abrimos los mecanismos de diálogo, avanzamos hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más democrática.
 
La diputada local exhortó a las legisladoras y legisladores para considerar la creación de este Consejo Ciudadano Legislativo como parte de la iniciativa para la consolidación de un Parlamento Abierto que se ha venido impulsando.

“Esto es mucho más que establecer órganos consultivos, es apostar por una forma de gobernar donde la ciudadanía no solo vota, sino que dialoga, propone y transforma. Es reafirmar que la democracia no termina en las urnas, comienza en la participación constante y activa de la comunidad”, afirmó.

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- La 76 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2025, presentado por la Auditoría Superior de Michoacán.

En este Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2025, se contempla realizar 29 auditorias Estatales, de las cuales son 20 auditorías de cumplimiento financiero, una financiera, cuatro de desempeño y cuatro de obra.

De la misma forma en lo que respecta al Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2025, los Presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para los municipios ascienden a un monto global de 23 mil 722 millones 838 mil 879 pesos, de los cuales, conforme a los tipos de auditoría y fuentes de financiamiento, se realizarán 111 auditorías de cumplimiento financiero y 11 de obra.

En lo que respecta a los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, se conoció un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal del año 2025, con un monto global de los presupuestos de egresos aprobados que ascendió a dos mil 340 millones 261 mil 995 pesos, de los cuales, conforme a los tipos de auditoría y fuente de financiamiento, se realizarán nueve auditorías de cumplimiento financiero, cuatro de obra y una de desempeño.

De esta forma, el Plan Anual de Fiscalización 2025, contempla en su totalidad realizar un total de 164 auditorías tanto en el ámbito estatal como en el municipal, de las cuales son 139 de cumplimiento financiero, 1 financiero, cinco de desempeño y 19 de obra.

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje remita un informe trimestral sobre los asuntos concluidos a partir de la aprobación de la reforma al Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Lo anterior, luego de que la y los integrantes de Comisión de Trabajo y Previsión Social sometieran a consideración de sus compañeros legisladores, un punto de acuerdo, recordando que los asuntos que se encontraban en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, debieron ser concluidos en un plazo no mayor a tres años, contados a partir del 03 tres de octubre del año de 2022.

J. Reyes Galindo Pedraza, Fabiola Alanís Sámano y Alfredo Anaya Orozco recordaron que además se debió generar la calendarización correspondiente a efecto de dar conclusión a los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

El 1° de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de laboral, con el principal objetivo de hacer más pronta y expedita la justicia laboral.

De igual forma, para generar una nueva cultura laboral, en la que la conciliación se vuelve un elemento principal en la solución de controversias de las relaciones obrero-patronales.

La implementación de dichas reformas tendría carácter gradual en las entidades federativas y en Michoacán, el proceso de transición al nuevo sistema de justicia laboral comenzó el 30 de diciembre del año 2021.

Ante ello, la Comisión de Trabajo y Previsión Social consideró fundamental darle puntual seguimiento a los trabajos de terminación de los asuntos que se encuentran en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “por lo que consideramos pertinente que la Junta de Conciliación y Arbitraje, Informe trimestralmente, a esta soberanía el porcentaje de avance en la conclusión de los asuntos en trámite”.

En el Punto de Acuerdo, la y los legisladores informaron al Pleno que al inicio de la Administración Pública actual, con fecha 01 de octubre de 2021, mediante acta de entrega recepción; se recibieron un total de 21 mil 907 expedientes de asuntos en trámite; pero de manera posterior en el mes de enero del 2022 se realizó un inventario físico de expedientes en trámite dando un total de 27 mil 738, por lo que existe una discrepancia de 5,831 expedientes, con el numero consignado en el acta de entrega recepción; circunstancia que fue informada de manera inmediata a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objeto de actualizar los planes y programas de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.